Estimados/as Presidentes/as:
El 27 de septiembre 2018, los países de América Latina y el Caribe tendrán la oportunidad de contar con un nuevo instrumento para la protección del ambiente: el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Acuerdo de Escazú).
Sus gobiernos podrían hacer historia y convertirse en líderes de la protección del medio ambiente al firmarlo en la ceremonia de apertura a firmas que se dará en el marco del Debate General Anual de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
El Tratado de Escazú es una herramienta clave que permitirá un enfoque más participativo para la toma de decisiones, la formulación de políticas y proyectos relacionados con el medio ambiente y la disminución y mitigación de conflictos generados por la falta de participación efectiva de aquellas comunidades afectadas. El acuerdo profundiza las obligaciones de derechos humanos que los Estados de la región han adquirido previamente a través de otros instrumentos internacionales en relación con el derecho de acceso a la información pública; la participación en la toma de decisiones, incluida la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas; el derecho a un medio ambiente sano; la igualdad de acceso a la justicia en referencia a los derechos ambientales, así como la protección de personas que defienden los derechos humanos y el ambiente, entre otros.
Estas obligaciones adquiridas por los Estados en América Latina y el Caribe, junto con otros compromisos asumidos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros acuerdos internacionales, reflejan el compromiso con un desarrollo respetuoso del medio ambiente y que respete los derechos humanos y las futuras generaciones.
Asimismo, en el marco de la 48 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en junio de este año, sus gobiernos invitaron a la firma del Acuerdo de Escazú al reconocer que la persona humana es el sujeto central del proceso de desarrollo sostenible y debe ser un participante activo del mismo. También reconocieron el Acuerdo como un medio para garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones, ataques e inseguridad.
La firma del Acuerdo de Escazú es el primer paso necesario para incluir los derechos de acceso en una agenda gubernamental. Representa una oportunidad histórica para que sus gobiernos envíen un mensaje claro a la ciudadanía y a la comunidad internacional sobre su firme compromiso con esta agenda global para la protección de los derechos humanos vinculados a un medio ambiente sano y sostenible. Una agenda global que beneficiará a todas las personas en nuestra región y en el mundo.
Exhortamos a sus gobiernos a firmar el Acuerdo de Escazú el 27 de septiembre de 2018 y someterlo ante las instancias nacionales competentes para su ratificación inmediata. Ahora es el momento de dar pasos firmes para un cambio real. América Latina y el Caribe necesitan que hagan realidad la promesa del Acuerdo de Escazú para millones de personas que viven en la región. También, instamos a sus gobiernos a que adopten medidas rápidas y efectivas para implementar las disposiciones del Acuerdo.
Carta Abierta Español.pdf
