Carta al Papa Francisco sobre situación delicada de las ONG en Bolivia

Respetuosamente nos dirigimos a Su Santidad como organizaciones que protegemos el ambiente y los derechos humanos en el continente americano, con ocasión de su próxima visita a Bolivia, que es aguardada con esperanza por el Gobierno y el pueblo bolivianos.  Deseamos compartir con Su Santidad nuestra preocupación creciente sobre las severas limitaciones establecidas por el Gobierno al trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en Bolivia.  En especial respecto de las que defienden los derechos de la Madre Tierra y los derechos humanos.

Celebramos el histórico esfuerzo de protección de nuestra Casa Común que significa la publicación de vuestra Carta Encíclica “Laudato si’”.  Auguramos que su texto inspire e impulse cambios profundos en las políticas, prácticas y creencias de nuestros gobiernos, empresas, la sociedad civil y cada persona hacia un mundo más justo y realmente sostenible.

Su Santidad, en la Carta Encíclica, ha ponderado el esfuerzo y aporte sustancial de las OSC de nuestro planeta para poner en la agenda pública los temas ambientales.  Agradecemos profundamente este reconocimiento y deseamos que las OSC bolivianas también puedan seguir contribuyendo con su rol esencial en la promoción y cuidado de la Madre Tierra.  Para ello es imprescindible que puedan ejercer plenamente su trabajo sin amenazas del Gobierno, incluso en situaciones en que puedan no estar de acuerdo.

Como es de conocimiento de Su Santidad, Bolivia ha realizado aportes esenciales en el reconocimiento nacional e internacional de los derechos de la Madre Tierra.  En 2009, el pueblo boliviano votó por mayoría absoluta su nueva Constitución que reconoció el derecho al ambiente sano y equilibrado de todas las personas; consolidó al ambiente como sujeto de derechos; y amparó los derechos de las futuras generaciones sobre el mismo.  Asimismo, el Presidente Evo Morales ha promovido internacionalmente los derechos de la Madre Tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el reconocimiento internacional del derecho humano al agua.  En 2010, el Presidente Morales manifestó que: “Ahora es más importante defender los derechos de la Madre Tierra que defender los derechos humanos, porque defendiendo los derechos de la Madre Tierra, defendemos los derechos humanos”[1]. 

Las organizaciones de la sociedad civil bolivianas, junto a las organizaciones indígenas y campesinas jugaron un rol trascendental para concretar este nuevo marco constitucional.  No obstante, desde fines de 2011 la situación de éstas y su relación con el Gobierno se han deteriorado, en particular a partir de la decisión del Gobierno de construir una carretera a través de un Parque Nacional y Territorio Indígena (TIPNIS).  Siendo que la mayoría de las comunidades indígenas de dicho territorio y muchas OSC de defensa ambiental y de los derechos humanos se oponen al proyecto por considerar que viola sus derechos y causaría impactos irreversibles en este hábitat natural.

Desde entonces, el Gobierno implementó políticas y acciones para debilitar y limitar el trabajo de las OSC.

En 2013, el Gobierno de Evo Morales aprobó dos normas (la Ley 351 y el Decreto Supremo 1597) que restringen y condicionan el funcionamiento de las OSC a su apego a las políticas sectoriales del Gobierno, es decir, a la discrecionalidad de los actores gubernamentales.  Por ejemplo, el Gobierno puede revocar la personalidad jurídica de las OSC, cuando considere que éstas incumplen las políticas sectoriales del gobierno[2]. El Defensor del Pueblo de Bolivia, presentó una acción de inconstitucionalidad contra tales normas en 2013, cuya sentencia no se ha resuelto hasta la fecha.

Estas normas han amedrentado a las OSC del país ante el riesgo de la pérdida de su personalidad jurídica para trabajar.  Muchas se han “silenciado” para mantenerse en pie, otras han cerrado sus actividades, o se han convertido a otras modalidades jurídicas, para evitar el hostigamiento de parte del Gobierno.

Tanto el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas[3] como el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Libertad de Reunión y Asociación Pacíficas, han manifestado su preocupación sobre la Ley 351 y su decreto reglamentario.  El Relator Especial de las NN.UU. Maina Kiai ha expresado que tales normas “injustificadamente restringen el derecho de asociación según normas, estándares y principios internacionales”[4].  Hasta el momento el Gobierno no ha incorporado las recomendaciones de dichas instancias para modificar dichas normas.

El 20 de mayo pasado, el Gobierno aprobó una norma (el Decreto Supremo 2366) que autoriza la exploración de hidrocarburos en las 22 áreas protegidas nacionales del país.  En junio de este mismo año, el Presidente Morales amenazó a las OSC, en especial a las que promueven la protección de los derechos de la naturaleza, señalando: “…Quiero decirles: ONG, fundación que perjudique la exploración de los recursos naturales se va a ir de Bolivia…”[5].

Su Santidad, como podrá apreciar, la situación de las OSC y de cualquier institución o persona que pretenda proteger el ambiente en Bolivia, es muy delicada.  Por ello le solicitamos respetuosamente que en su próxima visita al país, pueda hacer uso de sus buenos oficios ante el Presidente Evo Morales para que su Gobierno cese las presiones sobre las OSC, y asuma un compromiso público para respetar, garantizar y estimular su trabajo y funcionamiento, en pleno reconocimiento de la libertad de asociación, la libertad de expresión y el pluralismo político e institucional, esenciales para la sostenibilidad de nuestras democracias.

Muy agradecidos por su atención, le hacemos llegar nuestro saludo fraternal, con la esperanza que su visita e intervención pueda contribuir a la mejora de la protección de Nuestra Casa Común en Bolivia.

Aprovechamos la oportunidad para expresarle las muestras de nuestra mayor consideración y estima.

 

Fundación Centro de Estudios Ecológicos de la República Argentina (Argentina)

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C. (México)

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Guatemala)

Medio Ambiente y Sociedad A.C. (México)

Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida en B.C.S. (México)

COMCAUSA AC (México)

Acción Ecológica (Chile)

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Perú)

Comisión de Justicia Social de la Diócesis de Chimbote (Perú)

Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz (Perú) 

Ambiente y Sociedad (Colombia)

Asociación Amigos de los Parques Nacionales de Argentina (Argentina)

Centro de Estudios Mineros Colombia Punto Medio (Colombia)

Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género (Perú)

Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Bolivia)

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Argentina)

Liga de Defensa del Medio Ambiente (Bolivia)

Asociación Ecologista Río Mocoretá (Argentina)

Asociación Eco Raíces (Argentina)

Fundación Myrna Mack (Guatemala)

Paz y Esperanza (Perú)

Adhesiones personales

Albert Hans Argote Adrian, Cochabamba, Bolivia

Miguel Vargas Delgado, Santa Cruz, Bolivia

Ariel Pérez Castellón, Cochabamba, Bolivia

Severo Villarroel Zenzano, Oruro, Bolivia

Donald K. Anton, Australia