A finales de mayo de 2023, una Delegación de 13 integrantes de organizaciones sociales y ambientales de 8 países de las Américas y de Europa visitamos Colombia para compartir experiencias de acción en contra de las demandas de empresas transnacionales en los tribunales de arbitraje internacional y para observar en territorio los pueblos y ecosistemas amenazados por razón de las demandas y los daños ambientales, sociales y culturales que ya han generado el accionar de estas empresas en el país, especialmente en los departamentos de La Guajira y Santander.
La visita fue relevante por el aumento significativo de demandas de inversores que el país ha recibido en los últimos años, tal como se destaca en la Declaración “Recuperemos la Soberanía de Colombia en Defensa del Agua, la Vida y los Territorios”, firmada por más de 280 organizaciones de 30 países, además de 54 congresistas colombianos. En los últimos cinco años Colombia se ha situado entre los países de América Latina con más cantidad de demandas de arbitraje. Tan solo en 2018, Colombia recibió la mayor cantidad de demandas a escala global.
En total, las demandas pendientes ascienden a 13,2 mil millones de dólares. Este monto es equivalente al 13% del presupuesto de la nación para 2023, casi igual a lo que Colombia proyecta gastar en educación en este año.
De acuerdo a datos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, hasta marzo de 2023 se encontraban abiertos 14 procesos, mientras 8 más estaban en la etapa prearbitral. En total, las demandas pendientes ascienden a 13,2 mil millones de dólares (52,3 billones de pesos colombianos en julio de 2023), aunque en tres casos los inversores no hacen público el monto reclamado. Este monto es equivalente al 13% del presupuesto de la nación para 2023, casi igual a lo que Colombia proyecta gastar en educación en este año. Gran parte de los inversores que demandan provienen del sector extractivo, especialmente de la minería.
Presenciamos cómo este sistema permite la impunidad corporativa y pone en riesgo la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos, ambientales y fundamentales de los colombianos. Vimos asimismo el impacto que este sistema tiene sobre la independencia judicial, la regulación de los bienes comunes y la soberanía nacional.
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