Juana[1] está cansada. Ella y sus vecinos llevan ocho años esperando por un fallo; por una decisión que pueda mejorar sus vidas, limpiar su aire y atender a sus hijos y familias enfermas.
Lo que comenzó como una búsqueda de justicia valiente y llena de esperanza se ha convertido en un compás de espera desalentador. En 2007, un grupo de residentes de La Oroya, Perú, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Comunidad de La Oroya Vs. Perú.
Por casi un siglo, su ciudad ha sido contaminada por las operaciones de un complejo metalúrgico (fundición) ubicado dentro de sus confines. La fundición ha oscurecido su aire, envenenado sus cuerpos, y liberado químicos tóxicos en sus tierras y agua.
La Oroya fue identificada alguna vez como una de las ciudades más contaminadas del mundo. La contaminación severa tuvo, y aún tiene, impactos graves en la salud de los habitantes de la ciudad.
Cuando Anna Cederstav, codirectora ejecutiva de AIDA, visitó La Oroya por primera vez, en 1997, vio a mujeres que caminaban con bufandas cubriendo sus rostros, en un intento vano de evitar el dolor que les producía respirar. Juana, por su parte, explica que desde que tiene memoria sentía un ardor constante en sus ojos y garganta por efectos de la contaminación, pero que no le prestaba atención.
Como la mayoría de la población, ella pensaba que era normal. No sabía en realidad lo que era el aire limpio porque nunca lo había respirado.
AIDA ha trabajado por casi dos décadas con la comunidad de La Oroya. En 2002, presentamos el informe La Oroya No Espera junto con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Ese informe comenzó a revelarle a la comunidad la gravedad de la contaminación y de los riesgos a la salud que estaba enfrentando a diario. La comunidad supo que tenía que hacer algo.
A decir de Juana, fue en 2003, más de 80 años después de que la fundición comenzara a operar, cuando ella se percató de la contaminación. Mediante el trabajo con su parroquia, pudo acceder a información y aprendió sobre lo que estaba ocurriendo en su ciudad.
A partir de entonces, ató cabos: los problemas respiratorios en su familia eran, de hecho, resultado de la contaminación extrema de su ciudad.
Los residentes llevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de que sus intentos ante la justicia en Perú no dieran resultado. En 2006, un fallo del Tribunal Constitucional peruano le ordenó al Estado adoptar medidas para proteger la salud de la comunidad, pero el Estado no hizo tal cosa.
En 2007, la Comisión solicitó al Estado peruano implementar medidas cautelares a favor de 65 residentes de La Oroya consistentes en un diagnóstico médico especializado y un tratamiento para aquellos que mostraran daños irreversibles a su vida o integridad personal.
Juana cuenta que recibir la noticia del otorgamiento de las medidas cautelares fue una alegría. “Sabíamos que estábamos ganando algo; al inicio todo estuvo muy bien y creíamos que todo se podía solucionar, [pero] con el pasar de los meses, los años, no hubo respuestas”.
En 2009, la Comisión emitió un informe admitiendo la petición de AIDA, y declarando que las omisiones del Estado ante la contaminación podrían, de ser probadas, constituir violaciones de derechos humanos. Aún así, casi una década después de haber acudido a la Comisión, las víctimas aún esperan una decisión de fondo, las medidas cautelares aún tienen que ser implementadas plenamente y la responsabilidad del Estado por los hechos todavía no ha sido establecida.
“Está tomando mucho tiempo, y no todos tienen la paciencia o el deseo de seguir esperando”, afirma Juana.
El tiempo afecta a las víctimas, las desgasta hasta que comienzan a flaquear o renunciar a luchar por su derecho a la justicia. Ellas se hacen aún más vulnerables mientras se enfrentan a un ciudad que es hostil con cualquiera que lucha por sus derechos a la salud y a la vida, a un Estado que niega su responsabilidad y busca cualquier excusa para no asumirla, y a una empresa que quiere limpiar su reputación y que usa su poder económico para manipular al gobierno. ¿Dónde está la ley en estos casos? ¿Dónde está la justicia?
Juana señala que dejar La Oroya sería imposible para su familia porque allí tienen trabajo. Ella mantiene su compromiso de conseguir un cambio mediante la demanda, pero eso no ocurre con todos.
La Oroya alberga miles de historias de familias cuyas vidas cambiaron radicalmente por la contaminación de la ciudad y los consecuentes daños a su vida y a salud. Están quienes tuvieron que abandonar sus hogares porque no veían un futuro en la ciudad, personas que no se han podido ir de La Oroya porque toda su vida y su familia están ahí. También están aquellos que han sufrido con dolor ataques e insultos de sus propios vecinos y de toda su comunidad, pero que siguen adelante con la firme convicción de que algún día llegará el cambio y de que La Oroya será un lugar mejor y más justo para ellos/as, sus hijos/as y nietos/as. Espero y confío que la decisión de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegue con justicia a reivindicar esos años de espera.
[1] El nombre fue cambiado para proteger a la persona.
Esta entrada de blog está basada en La Oroya: A Painful Wait for Justice (La Oroya: Los Años de una Dolorosa Espera por Justicia), un artículo más extenso escrito por María José y publicado como Capítulo 8 del libro de DeJusticia Human Rights in Minefields: Extractive Economies, Environmental Conflicts and Social Justice in the Global South. Lea aquí el relato completo.
María José Veramendi Villa es peruana y fue abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA. Es abogada por la Universidad de Los Andes de Colombia y por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Obtuvo un diploma en Derechos Humanos de las Mujeres: Teoría y Práctica de la Universidad de Chile y un LL.M (Maestría en Derecho) en Estudios Legales Internacionales con especialización en Derechos Humanos del Washington College of Law, American University. Anteriormente, ha trabajado como investigadora en el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México; abogada especialista en derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y abogada en el Instituto de Defensa Legal (Perú). Ha participado como docente y conferencista en diversos cursos y seminarios. Cuenta además con diversas publicaciones sobre la materia.
