Sandra Moguel, abogada de AIDA, @sandra_moguel
La pirinola es una pieza de material duro que tiene seis caras planas en las que lleva distintas leyendas. En varios países de América Latina es utilizada para jugar y hacer apuestas. Tras hacerla girar, la pirinola se detiene en uno de sus contornos y le muestra al jugador lo que debe hacer con cierta cantidad de fichas: PON 1, PON 2, TOMA 1, TOMA 2, TOMA TODO y TODOS PONEN.
México atraviesa momentos de desaliento colectivo en los que todo tiene color de fatalidad. Pero no todo está perdido. En términos de la protección de su ambiente, el país aún tiene la oportunidad de decidir acertadamente la suerte de su patrimonio natural y de apostar por un desarrollo sostenible.
Paraíso del Mar es un proyecto turístico ubicado en la barra arenosa conocida como El Mogote, en la Bahía de La Paz, Baja California Sur. El proyecto propone la construcción de un mega resort con 2,050 cuartos de hotel y 4,000 viviendas, campos de golf y una marina.
A principios de 2013, un tribunal mexicano declaró ilegal y de forma definitiva el permiso ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) había otorgado al proyecto. El argumento de la decisión fue que la SEMARNAT no aplicó su legislación ambiental al evaluar el impacto ambiental de Paraíso del Mar.
Sin embargo, algunas obras del proyecto ya habían sido construidas. Como consecuencia, el manglar de la zona ha desaparecido casi en su totalidad, y el paisaje y la línea costera ya han sido modificados.
Con una autorización de impacto ambiental ilegal e irresponsable todos pierden: ¿Quién indemniza a los empresarios que invierten en la construcción del proyecto?, ¿quién repara el daño? o ¿quién restaura la vista del paisaje? La sociedad en su conjunto se ve afectada. Basta recordar los destrozos que ocasionó el huracán Odile en Los Cabos. Los aspectos de cambio climático y fenómenos meteorológicos debieron tomarse en cuenta al evaluar los proyectos turísticos construidos en esa zona, algo que no ocurrió.
La evaluación de impacto ambiental es la revisión de los efectos causados por las actividades humanas en el medio ambiente. El objetivo de este instrumento es identificar si las afectaciones a los ecosistemas pueden ser mitigadas o compensadas. Desafortunadamente, las leyes que regulan la manera en que la autoridad ambiental realiza esa tarea, parecen simuladas y la evaluación se convierte en un mero trámite que perjudica a la biodiversidad y a la sociedad.
La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y su socio Earthjustice, en representación de organizaciones de la sociedad civil, presentaron una petición ciudadana a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) —organismo internacional creado en el marco del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá— solicitando una investigación sobre la autorización de Paraíso del Mar y otros proyectos similares en el Golfo de California.
En la petición se afirma que el Gobierno mexicano no aplicó su legislación ambiental al evaluar el impacto ambiental de los proyectos en humedales costeros del Golfo. El Secretariado de la CCA tuvo el mismo criterio y recomendó elaborar un Expediente de Hechos (investigación pormenorizada).
En los próximos días, al menos dos de los tres Ministros del Medio Ambiente de Estados Unidos, Canadá y México deberán votar a favor de llevar adelante la mencionada investigación. Esta votación es una oportunidad para promover la transparencia y la participación de la sociedad en asuntos ambientales. Es la ocasión perfecta para que el Gobierno de México genere la credibilidad, la confianza y los espacios de diálogo que el país está pidiendo a gritos.
Un Expediente de Hechos no contiene una calificación sobre los argumentos de los peticionarios. Tampoco contiene recomendaciones de la CCA para resolver el problema. Se trata más bien de un examen detallado que es fuente de retroalimentación para la misma SEMARNAT sobre las preocupaciones de la sociedad civil.
Llama la atención que de las 41 peticiones ciudadanas que se han presentado en contra de México ante la CCA, 19 tienen que ver con la evaluación de impacto ambiental. Esto quiere decir que sus ciudadanos cuestionan la discrecionalidad con la que se emplea esa herramienta y con la que se determina un impacto ambiental.
Haciendo eco de la reflexión de Paola Zavala, las movilizaciones sociales deben ir acompañadas de una agenda de exigencias puntuales y compartidas entre los miembros sociedad civil. No se trata solo de gritar y desahogarse en las calles.
De ahí la importancia de la participación constructiva. En el caso del Golfo de California, los peticionarios, apoyados por organizaciones de la sociedad civil y académicos, exigimos que la SEMARNAT aplique su legislación ambiental aprobando proyectos con base en la descripción de obras completas que contengan la mejor información disponible, que describan la totalidad de los impactos acumulativos y residuales, que no contravengan tratados internacionales ni las normas sobre especies en peligro o en riesgo, y sobre protección de manglares.
El Expediente de Hechos no es una panacea, pero si generará una agenda de diálogo y concientización para funcionarios públicos, empresarios y sociedad civil sobre la importancia de la evaluación del impacto ambiental. Será un gran paso en el camino de tomar decisiones que garanticen el desarrollo sostenible en México.
