Por Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, @sandra_moguel
En la actualidad, el turismo de sol y playa es uno de los sectores de más rápido crecimiento económico. Una tendencia en este rubro es el desarrollo de viviendas para extranjeros, sobre todo estadounidenses y canadienses, que se retiran y optan por vivir en alguna playa de América Latina. El turismo masivo y de gran escala ha impactado negativamente en costas y océanos. En este texto, les platicaré un poco de lo que sucede al respecto en países como Costa Rica, Panamá y México.
Costa Rica ha sido reconocido por impulsar una industria de ecoturismo exitosa desde finales de los 80. Los viajes de placer son ahora el primer generador de pisas del país. Según cifras oficiales, entre 1986 y 2005, las visitas de turistas internacionales aumentaron seis veces y el ingreso bruto por ese concepto se incrementó 12 veces. Al haber introducido el ecoturismo, Costa Rica, captura más de mil dólares por visitante.
Pero no todo es miel sobre hojuelas. A pesar de la fama de turismo sostenible que Costa Rica promueve a nivel mundial, el país ha caído también en la tentación de favorecer las ocupaciones masivas en mega resorts con servicios “all inclusive”, lo cual genera varios problemas sociales.
Cuando se favorece el turismo masivo surgen desalojos masivos, distribución inequitativa de la riqueza y escasez de servicios públicos como recolección de basura y suministro de energía. Otros impactos son la pérdida de identidad de las poblaciones locales, la competencia por recursos hídricos y el acceso a las playas, así como daños ambientales.
Panamá no está exenta de problemas. Las políticas ambientales y de turismo en ese país favorecen la violación de derechos indígenas y los impactos negativos en esa materia. Tan sólo un ejemplo: desarrolladores turísticos presentaron varias demandas cuestionando la legalidad del decreto de creación del área protegida Bahía de Panamá.
El objetivo de los intereses privados era tener menos restricciones para hacer sus proyecciones de construcción y operación de mega resorts en el sitio. En 2012, AIDA apoyó a sus socios en Panamá para defender la Bahía, la cual mantiene su estatus de protección.
En 2011, 22.3 millones de turistas internacionales arribaron a México y los ingresos por ello sumaron $1.18 billones de dólares, según estadísticas de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Asimismo, el Reporte de Competitividad de Turismo sitúa al país en el lugar 43 por la certeza que brinda para la inversión en turismo. Durante la presidencia de Felipe Calderón se hicieron algunos ajustes para mejorar la posición global de México en materia de viajes y el gobierno mantuvo el discurso de transformar a la industria turística en competitiva y sostenible.
Aunque se iniciaron algunas políticas públicas y se aprobó la Ley General de Turismo, el plan de acción para incrementar la visita de extranjeros a México todavía es escaso. Por ejemplo, la ley no tiene un reglamento que detalle las nuevas figuras que se crean y que otorgue certeza jurídica no sólo a inversionistas, sino también a las comunidades locales sobre su involucramiento en la toma de decisiones relativas al lugar donde viven.
El Centro para el Turismo Responsable (CREST) elaboró el documento Modelos Alternativos de Desarrollo y Buenas Prácticas para el Turismo Costero Sostenible: Un Marco para la Toma de Decisiones en México, el cual presenta datos interesantes sobre el uso de energía en mega resorts. Los Centros Integralmente Planeados (CIP), promovidos por el gubernamental Fondo Nacional de Turismo (FONATUR), se basan en la quema de combustibles fósiles para obtener energía.
Malas prácticas como la destrucción de manglares o arrecifes de coral afectan la competitividad del turismo e impiden que México cumpla las obligaciones internacionales de proteger sus humedales y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para combatir el cambio climático.
Por ello AIDA y su socio Earthjustice, en representación de 11 organizaciones de la sociedad civil, presentaron el pasado 16 de agosto una petición ciudadana revisada a la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte. En ella se señala que México no está aplicando su legislación ambiental al evaluar los impactos ambientales de mega resorts en el Golfo de California. Esto supone que el gobierno reduce sus salvaguardas para atraer mayor inversión al país, generando así una competencia —posiblemente desleal— con sus socios comerciales: Estados Unidos y Canadá.
En el turismo de escala masiva, las comunidades locales no son consultadas sobre los proyectos de mega resorts y el modelo de desarrollo que con ellos se plantea. El Código Global de Ética para Turismo de la OMT dispone que los profesionales en turismo, particularmente inversionistas, “deben entregar, con la mayor transparencia y objetividad, información sobre sus futuros programas y sus previsibles repercusiones, y buscar el diálogo con las poblaciones locales concernientes”.
Los desarrollos masivos vienen acompañados de hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos y otros proyectos de infraestructura para dotar al nuevo centro turístico de servicios públicos. Esto no necesariamente favorece a las comunidades locales. La Resolución XI.7 de la Convención de Ramsar —un tratado internacional que protege humedales de importancia prioritaria internacional—, del cual México, Panamá y Costa Rica son parte, apunta a la necesidad de realizar “una colaboración más estrecha entre los sectores del turismo y de la conservación y el uso racional de los humedales a fin de maximizar y conservar a largo plazo los beneficios derivados de contar con los conocimientos especializados de ambos sectores”.
Vale la pena resaltar la propuesta de Ramsar porque se observan incongruencias entre las políticas de ambientales y de turismo. Al respecto, llama la atención el caso de Argentina, cuya Administración de Parques Naturales (APN) es un organismo público a cargo del Ministerio de Turismo. La infraestructura de baños, centros de visitantes, señalización, caminos trazados, entre otros, refleja la sostenibilidad del plan de negocios y de manejo de los sitios. Hay una estrecha coordinación entre las políticas de turismo y medio ambiente.
Hay mucho trabajo pendiente en América Latina con miras a un turismo sostenible. Sin embargo, se pueden dar pasos agigantados si se logra estrechar las políticas de turismo y las medioambientales, y establecer metodologías de consulta pública o involucramiento de las comunidades locales.
