En colaboración con aliados locales, nacionales, regionales e internacionales, AIDA tuvo un papel clave en éstas y en muchas otras victorias en favor de las personas, los ecosistemas y el planeta.
1998-presente
Perú fortalece sus regulaciones de calidad del aire e inicia un monitoreo de salud especializado para niños y niñas de la ciudad de La Oroya, donde un complejo industrial expulsó toneladas de plomo, arsénico y otros contaminantes tóxicos por años.
Termina la pesca legal de tortugas marinas en peligro de extinción en Costa Rica cuando la Corte Suprema reafirma el derecho constitucional a un ambiente sano.
Un trabajo persistente de incidencia lleva a Colombia a restringir la fumigación aérea indiscriminada de glifosato, un herbicida tóxico, en bosques, cultivos, poblaciones rurales y parques nacionales.
La empresa Boise Cascade renuncia a sus planes de instalar una planta de procesamiento de madera que habría causado la tala de un extenso bosque nativo en Chile,luego de que AIDA presenta la primera petición ciudadana ante la Comisión de Libre Comercio Chile-Canadá.
2002
AIDA establece un proceso para que los ciudadanos hagan cumplir la Convención Ramsar, un tratado internacional para la protección de humedales, haciendo que Costa Rica prohíba la perforación petrolera en su mar Caribe.
2006
AIDA coordina una coalición internacional cuyo trabajo de incidencia lleva al gobierno de Chile a cancelar sus planes de construir una fundición masiva de aluminio y un proyecto hidroeléctrico que amenazaban las aguas prístinas de la Patagonia.
2007 – presente
AIDA ayuda a frenar una serie de megadesarrollos turísticos cerca de Cabo Pulmo, un arrecife de coral de 20 millones de años de antigüedad que es el sostén de más de 800 especies marinas en Baja California, México.
La Corte Constitucional de Ecuador ordena frenar la contaminación por pesticidas tóxicos procedente de plantaciones de palma aceitera en un sitio de gran biodiversidad, solicita al gobierno supervisar la situación y pide que se remedien los daños causados por los sembradíos.
2008
La Corte Suprema de Costa Rica protege a las tortugas marinas baulas y ordena al gobierno limitar los proyectos de desarrollo dentro del Parque Nacional las Baulas.
La Corte Constitucional de Colombia declara inconstitucional la Ley Forestal y reafirma el derecho de los pueblos indígenas a dar su consentimiento libre, previo e informado a proyectos de desarrollo que les afecten.
2010 – presente
AIDA funda y coordina la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, a través de la cual organizaciones ambientales fortalecen sus capacidades de defensa y colaboración.
Por primera vez en Costa Rica, un tribunal de apelaciones cancela una gran concesión de extracción de oro porque vulnera leyes nacionales e implica riesgos ambientales, protegiendo un río que alberga gran biodiversidad y a 32 comunidades que dependen de él.
Por primera vez, el Ministerio de Ambiente de Colombia niega el permiso para una mina de oro porque podría dañar el páramo de Santurbán, fuente de agua para millones y hábitat de especies amenazadas y en peligro de extinción.
AIDA ayuda a moldear el Fondo Verde del Clima, un fondo de Naciones Unidas para proyectos climáticos en países en desarrollo; la Junta Directiva del Fondo adopta políticas que incorporan la retroalimentación de AIDA sobre género, transparencia, revisión de propuestas, participación pública, y sobre pueblos indígenas y tribales.
El Ministerio de Ambiente de Costa Rica conserva saludable el hábitat de peces y tortugas marinas al negar el permiso para una granja de atún, poniendo fin a una campaña de siete años para desarrollar acuicultura industrial en la costa sur del Pacífico.
2011
Tras cinco años, cinco meses y cinco días de incidencia y litigio, Costa Rica emite la regulación para implementar su Ley Nacional de Pesca y Acuicultura, brindando una herramienta para la protección marina.
2012
En un fallo que sienta precedentes y frena una gran mina, la Corte Constitucional de Colombia fortalece los derechos de comunidades indígenas y étnicas, especificando que deben tener acceso a las evaluaciones de impacto ambiental antes de dar su consentimiento libre, previo e informado a proyectos que afecten sus territorios.
2012
El gobierno de México reconoce las violaciones ambientales y de derechos humanos asociadas a la represa La Parota y detiene su construcción, evitando que 25,000 personas sean desplazadas.
2012
Marismas Nacionales, hogar de 60 especies en peligro de extinción en México, es salvado de su destrucción cuando el Secretariado de la Convención Ramsar determina que un complejo turístico masivo es inviable; AIDA se une al Comité Nacional de Humedales.
2012–17
Costa Rica emite una ley que prohíbe el aleteo, práctica cruel de pesca de tiburón, como resultado de acciones legales. Cinco años después, la pericia de AIDA en derecho internacional fortalece un caso en el que, por primera vez en el país, el aleteo es castigado penalmente.
La Corte Suprema de Panamá falla contra desarrolladores de complejos turísticos y ratifica el estatus de protección de la Bahía de Panamá, refugio de la vida silvestre que alberga jaguares, tortugas marinas y otras especies en peligro de extinción.
México adopta una Política Nacional de Humedales que AIDA ayudó a elaborar; ésta cumple con obligaciones internacionales para conservar y restaurar humedales, y prevé la participación pública en su manejo.
Para prevenir daños ambientales, climáticos y a la salud, AIDA funda y coordina la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, integrada por más de 30 organizaciones de Centroamérica y Sudamérica.
La Corte Suprema de Panamá anula una resolución del Ministerio de Ambiente que permitía que hasta el 90% del agua de ríos, lagos y otros ecosistemas sea usada para grandes proyectos de infraestructura como hidroeléctricas.
AIDA funda y coordina la Red de Justicia Ambiental de Bolivia para fortalecer capacidades locales en el uso del derecho y el litigio para la protección ambiental.
La Corte Constitucional de Colombia emite un fallo que prohíbe la minería en páramos, humedales ubicados a gran altura que proveen de agua a millones de personas, acogen gran biodiversidad y mitigan el cambio climático.
Tras 15 años de trabajo legal por parte de AIDA para establecer el nexo entre daños ambientales y vulneración de derechos humanos, y en una decisión que incorpora muchos de los argumentos provistos por AIDA en testimonio oral y escrito, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce el derecho a un ambiente sano como fundamental para la existencia humana, adopta la protección ambiental como parte de la obligación de los Estados de proteger los derechos humanos, y reconoce el vínculo entre cambio climático y derechos humanos.
Colombia incluye a la Ciénaga Grande, su humedal costero más grande, en el Registro Montreux, lista mundial de humedales en peligro inminente, comprometiéndose a recibir apoyo técnico y financiero para devolver la vida al sitio.
AIDA brinda apoyo legal y científico a ciudadanos de Cajamarca, Colombia, quienes realizan una consulta popular sobre minería en su territorio; 98% de los votos rechaza la actividad y favorece la protección ambiental.
La Corte Constitucional de Colombia sienta un precedente clave al sostener que el río Atrato, como las personas, tiene el derecho legal a no ser dañado, ordenando al gobierno a remediar la contaminación minera en su caudal.
2017
Costa Rica adopta una Política Nacional de Humedales elaborada con el apoyo de AIDA como parte del Comité Nacional de Humedales; la política protege cerca del siete por ciento del territorio nacional.
La Corporación Financiera Internacional, parte del Grupo del Banco Mundial, retira su inversión de un proyecto minero en Colombia después de que su mecanismo de rendición de cuentas concluyera que el banco no siguió sus propios estándares de evaluación ambiental; la decisión fortalece la obligación de proteger de los daños de la minería a ecosistemas valiosos que producen agua.
