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Organizaciones Internacionales apoyan amparo contra Proyecto Multipropósito Baba ante Tribunal Constitucional de Ecuador para proteger derechos humanos y ambiente
QUITO, MÉXICO, BERKELEY, 19 DE JUNIO DE 2008 -- La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), presentó un amicus curiae (escrito de amigo de la corte) ante el Tribunal Constitucional de Ecuador, suscrito por International Rivers y FoodFirst Information and Action Network (FIAN) International, apoyando la demanda de Amparo Constitucional interpuesta por afectados del Proyecto Multipropósito Baba. Las organizaciones internacionales argumentaron violaciones a los derechos humanos y al ambiente en la aprobación del proyecto, por lo cual se unen a los demandantes para solicitar la suspensión de su ejecución.
“Existen sinnúmero de experiencias donde la implementación inadecuada de mega-represas ha generado daños irreversibles, es necesario aprender de ellas” aseguró Astrid Puentes de AIDA. “La producción de energía no puede implementarse a costa del ambiente y de los derechos humanos, más aún cuando existen alternativas que ni siquiera se han evaluado y que a la larga, podrían evitar mayores costos para los países” puntualizó.
El Proyecto Baba, que incluye la construcción de una represa que inundará más de 1,000 hectáreas, fue aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente en noviembre de 2006 sin los estudios de impacto ambiental y sociales integrales que se exigen en la legislación nacional e internacionalmente. Estos estudios son de vital importancia, pues el proyecto afectará importantes zonas y tierras de cultivo, impactando seriamente la vida de cientos de personas que dependen de la pesca y la agricultura. Además, se dañará seriamente el hábitat de biodiversidad endémica y en peligro de extinción, como el ave rascón, el venado pequeño y el oso hormiguero de chaleco.
“Tenemos la confianza que el Tribunal considerará los estándares internacionales en su decisión” mencionó Monti Aguirre de International Rivers. Dentro de los derechos afectados con este proyecto se incluyen el derecho a la calidad de vida, a la alimentación y a la vivienda, al ambiente sano, al debido proceso y a las garantías judiciales, y a la consulta previa, consagrados en la Constitución Ecuatoriana, en la Convención Americana, el Convenio 169 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador, entre otros.
“Buscamos aportar argumentos ante el Tribunal Constitucional evidenciando que la aprobación del proyecto ignora normas internacionales ambientales y de derechos humanos, lo cual puede generar responsabilidad internacional del gobierno ecuatoriano” aseguró Natalia Landivar de FIAN ECUADOR. “Confiamos en que se fallará de acuerdo a las normas” agregó.
