AIDA pidió anular la resolución de la ANAM, hoy Ministerio de Ambiente, que establece el Caudal Ecológico en 10%, dejando el 90% del agua de ríos, lagos y otros ecosistemas a disposición de grandes proyectos, como represas hidroeléctricas.
Ciudad de Panamá, Panamá. AIDA presentó un escrito legal de apoyo a la demanda promovida por el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) que solicita la anulación de la Resolución No. AG-0691-2012, aprobada por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), hoy Ministerio de Ambiente. Esta resolución, que establece el Caudal Ecológico, permite que hasta el 90% del agua de ríos, lagos y otras fuentes naturales de ese recurso vital sea empleada en grandes proyectos como represas hidroeléctricas.
El Caudal Ecológico es el flujo mínimo de agua que un río u otro cauce debe tener para mantener sus valores ecológicos —refugio de flora y fauna, preservación del paisaje y disolución de contaminantes, entre otros—, valores sociales o su uso por parte de las comunidades. La resolución de la ANAM, cuya nulidad se busca, limita ese flujo a tan solo el 10% para todos los cuerpos de agua y permite que el porcentaje restante quede en manos de mega proyectos de infraestructura.
En el escrito judicial de apoyo a la demanda, AIDA expone los principales argumentos de derecho internacional resaltando las obligaciones que tiene el Estado Panameño de protección del recurso hídrico y de garantizar los derechos humanos. “Buscamos que los jueces de la Sala Tercera declaren la nulidad de la resolución de la ANAM comprendiendo la importancia de que Panamá cuente con una regulación de Caudal Ecológico en concordancia con las obligaciones internacionales, que procure la salud de los ecosistemas acuáticos y garantice los derechos humanos”, señaló Haydée Rodríguez, abogada de AIDA.
AIDA solicita que la Corte Suprema declare la nulidad de la resolución de la ANAM por considerar que la misma violenta principios y obligaciones internacionales contraídas por el Estado panameño de proteger la biodiversidad de los ecosistemas y su uso racional, los derechos humanos como el de acceso al agua, al ambiente sano y a la vivienda. Asimismo, AIDA considera que la resolución carece de mecanismos de participación para establecer el caudal ecológico de forma tal que incorpore las necesidades de todos los interesados en cada cauce.