Mientras temen el colapso inminente de la represa, las comunidades de Antioquia, en Colombia, se enteran de la decisión de no investigar al brazo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que invierte en el sector público.
Washington, D.C. El mes pasado, el Directorio y la Administración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaron que no apoyarían una investigación del papel que jugó el Banco en el financiamiento de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Ituango (Hidroituango) en Colombia. La decisión ignora las denuncias de daños graves y de gran alcance causados por el proyecto, y una crisis humanitaria que ha desplazado a cientos de familias y ha generado violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos y la intimidación de miembros de las comunidades que se oponen a la represa.
El aviso surge más de un año después de que las comunidades afectadas por la construcción de la represa Hidroituango en el Río Cauca, en Antioquia, presentaran un reclamo ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI). El reclamo, firmado por más de 400 individuos afectados por la represa, buscó remedio del MICI por los supuestos fracasos del BID a raíz del incumplimiento de sus propias salvaguardas ambientales y sociales.
"Denunciamos públicamente la decisión del BID de evadir su responsabilidad por el daño ambiental y las violaciones a derechos humanos que han resultado del proyecto Hidroituango, y condenamos el papel del MICI en facilitar y apoyar manifiestamente esta decisión", declaró Isabel Zuleta, representante de Movimientos Ríos Vivos Antioquia. "Es inconcebible que el BID intente cambiar la historia absolviéndose de su responsabilidad de habilitar y financiar proyectos de desarrollo de alto riesgo que tienen impactos ambientales extremos y violan descaradamente los derechos humanos", agregó Zuleta.
El Grupo del BID tiene dos brazos, uno que invierte en el sector público (el BID propiamente dicho) y otro que hace lo mismo en el sector privado, el BID Invest. A su vez, el MICI es el órgano de rendición de cuentas de la institución financiera, a cargo de evaluar el desempeño ambiental y social de sus inversiones.
En 2012, en el inicio del proyecto, el BID invirtió en Hidroituango, lo cual allanó el camino y facilitó otras inversiones de millones de dólares por el BID Invest así como mil millones de dólares adicionales de parte de otros bancos internacionales. Pero el MICI, cuyo mandato es lograr la rendición de cuentas por daños causados en las inversiones del BID, recomendó la no investigación del papel del BID propiamente dicho en el proyecto.
A pesar de la negativa a evaluar el desempeño del BID, la investigación por parte del MICI tiene la posibilidad de continuar respecto del BID Invest por haber invertido también en el proyecto Hidroituango. Sin embargo, ello depende completamente de la autorización del Directorio del Banco.
Antes de que se autorizara la represa, las comunidades advirtieron precisamente sobre los impactos ambientales y sociales que han estado ocurriendo.
"Para una institución cuya misión es mejorar las vidas de personas en América Latina, la decisión del BID es absurda, irresponsable e irrespetuosa. Muestra un completo desprecio por las personas que viven dentro de la Cuenca del Río Cauca. Desafortunadamente, esta indiferencia caracteriza con demasiada frecuencia la participación del BID en proyectos de infraestructura a gran escala en toda la región", dijo Alexandre Andrade Sampaio, del International Accountability Project.
"¿Qué valor pueden tener las políticas ambientales y sociales del BID cuando son ignoradas y descartadas, precisamente cuando más se necesita proteger las vidas de las personas? Esta falta de responsabilidad es inaceptable, y demuestra por qué las comunidades afectadas por las acciones de los bancos de desarrollo ahora han recurrido a los tribunales para asegurar sus derechos", comentó Carla García Zendejas, abogada del Center for International Environmental Law (CIEL) haciendo referencia a la reciente sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos en Jam v. IFC, la cual reconoce que las organizaciones internacionales tales como el BID no gozan de inmunidad ante litigios en tribunales de Estados Unidos.
"Esta decisión ejemplifica los peligros de un mecanismo de rendición de cuentas que carece de independencia y legitimidad para iniciar y llevar a cabo una investigación genuina de los proyectos del Banco", agregó García Zendejas.
"Desde su inicio, el proyecto Hidroituango hizo una evaluación de impactos débil, encuestas inexactas de las personas afectadas y una implementación y monitoreo ambiental deficientes, pero el BID continuó invirtiendo en él", sostuvo Carlos Lozano, Abogado Sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "El proyecto fue aprobado y está en proceso de construcción sin haber hecho previamente un diagnóstico de alternativas", puntualizó.
Los miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, quienes representan a las comunidades afectadas en el reclamo, son víctimas de continuas amenazas, intimidación, homicidios y otras formas de violencia. El BID ha mostrado desinterés por la situación volátil que rodea a Hidroituango, incluida la presencia constante de grupos paramilitares en la región. También ha ignorado las peticiones de la comunidad para diferir la construcción de la presa para exhumar fosas comunes resultado del conflicto armado en el área afectada por la represa.
Isabel Zuleta, Movimiento Ríos Vivos Antioquia, +57 3217347264, [email protected]
Carla Garcia Zendejas, Center for International Law, +1 202 374 2550, [email protected]
Alexandre Andrade Sampaio, International Accountability Project, [email protected]
Carlos Lozano Acosta, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected]
El Proyecto Hidroeléctrico Ituango sería el más grande de Colombia, con una represa de 79 km de largo que inundará una superficie de 4,500 hectáreas. El Grupo BID ha financiado el proyecto a través de varios tipos de inversión: inicialmente USD $2 millones de apoyo técnico para el Estado Colombiano en 2012 y luego USD $550 millones en inversión directa en 2016 a Empresas Públicas de Medellín (EPM), la compañía encargada del proyecto. Adicionalmente, el BID maneja un paquete de inversión de mil millones de dólares, con fondos de diversos inversionistas institucionales, incluyendo a bancos europeos.
Después de una falla de construcción en la represa, en mayo de 2018, más de 25,000 personas tuvieron que ser evacuadas de la región debido a las inundaciones, deslizamientos de tierra y avalanchas. La crisis humanitaria se ha agravado drásticamente: las personas han perdido sus propiedades, medios de vida y acceso a servicios de salud y educación, que de por sí siempre han sido precarios en la zona. Muchas personas se han desplazado y los que se han quedado no son atendidos adecuadamente. Además, los que pertenecen al Movimiento Ríos Vivos son discriminados. Hay falta de alimentos, enfermedades y los albergues son precarios. Las personas son presionadas a retornar a zonas de riesgo y a firmar documentos de renuncia a sus reclamos. En resumen, hay una situación sistemática de violación a los derechos humanos como consecuencia del proyecto.
