A 18 días de iniciado en nuestro país un estallido social que expresa el descontento de los chilenos ante la desigualdad y los abusos que sufren ya por 30 años en los ámbitos económico, social y ambiental, y cuyas manifestaciones han debido enfrentar la violenta represión de fuerzas militares y policiales, los organismos de derechos humanos han denunciado 23 personas muertas, 1659 heridas en hospitales, 19 querellas por violencia sexual y 133 querellas por torturas a manifestantes, y 479 niñas, niños y adolescentes detenidos/as. Según la Cruz Roja, esta cifra aumenta si se considera la gran cantidad de casos que no se registran en comisarías u hospitales.
En este grave contexto de violencia del Estado, también ha trascendido a la opinión pública, información de Carabineros de Chile, en la que es posible constatar acciones de vigilancia que ejerce el Estado a dirigentes y líderes de movimientos sociales y ambientales, a través del Departamento de Inteligencia de Carabineros. Muchos de estos dirigentes sociales y ambientales además han tenido que soportar amedrentamiento y persecución policial en sus territorios y amenazas anónimas a sus vidas y familias durante las últimas semanas.
Previo a la difusión de los documentos de seguridad del Departamento de Inteligencia de Carabineros, ya había amenazas a dirigentes y dirigentas socioambientales y muertes no esclarecidas. El martes 8 de octubre Katta Alonso, presidenta de la organización Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, que denuncia y trabaja para poner fin a la saturación ambiental y la intoxicación de la población en las comunas de Quintero y Puchuncaví, recibió amenazas de parte de un desconocido que se movilizaba en camioneta, quien le gritó que le quemarían su casa y que debía abandonar la comuna.
Luego, el 12 de octubre, Rodrigo Mundaca, vocero de Modatima, quien ha denunciado el robo de agua por la agroindustria de paltas y llevado una larga lucha por la recuperación del agua y galardonado recientemente con el Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg, fue amenazado a través de las redes sociales con la difusión de imágenes con una bala en su cabeza, incentivando la violencia en su contra. Previamente, en febrero de 2019, la dirigenta Modatima Mujeres, Verónica Vilches fue víctima de un intento de atropello y hace poco recibió amenazas vías redes sociales mediante un fotomontaje de cabezas sangrientas colgando de un puente.
Durante las manifestaciones y protestas, tras la declaración de guerra y de estado de excepción constitucional que realizó el presidente Piñera y la posterior salida de militares a las calles, incluyendo la dictación de toque de queda, numerosos dirigentes y dirigentas estudiantiles, sociales y ambientales han sido y siguen siendo acosados por las fuerzas policiales, mediante seguimientos y rondas a sus casas durante la noche, amedrentándoles, cómo le ha ocurrido a Cristina Ruiz, de Muzosare, Claudia Arcos de Libres de Alta Tensión, en Til Til a Janet Vega del Consejo Comunal y Social del Medio Ambiente; a María Brevis, Diego Quezada y Ronald Rojas, dirigentes de sociales y ambientales de la denominada “Zona de Sacrificio” de Mejillones, todos quienes han reclamado por la grave situación de injusticia ambiental en la que viven, y se han opuesto a proyectos contaminantes en zonas afectadas por una profunda injusticia ambiental y la instalación de proyectos; y a ciudadanas no organizadas como Catalina Acevedo, quien recibió piedrazos en su casa por parte de personal de carabineros.
También ha habido casos de detenciones selectivas, como el de Francisco Reyes, dirigente estudiantil de Puchuncaví, quien fue activo en las manifestaciones pacíficas ocurridas el año pasado a propósito de envenenamientos masivos causados por químicos contaminantes emanados del Complejo Industrial que da origen a la denominada “Zona de Sacrificio” de Quintero y Puchuncaví, que fue sacado durante la noche desde la casa de su padre, golpeado y amedrentado.
Posteriormente, el 29 de octubre se nos informó que Patricia Núñez Ávila (Patricia Dedos Verdes), fundadora de la Escuela Voluntaria Agroecológica en Resistencia REBERDE y guardadora y defensora de semillas y opositora a la aprobación del TPP-11 fue amenazada de muerte, ella y sus hijos, por un individuo en el metro de Santiago, ante lo cual optó por abandonar el país.
Esta política de persecución selectiva a dirigentes estudiantiles, sociales y ambientales es inaceptable por parte del Estado, quien debiese reconocer y amparar a estas organizaciones y sus miembros, así como garantizar “la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.”
No es aceptable tampoco que aún siguen sin esclarecerse las causas de muerte de defensores ambientales, como Macarena Valdés, defensora ambiental que luchaba contra la instalación de un proyecto hidroeléctrico de la empresa RP Global, quien, en agosto de 2016, apareció colgada de una viga del techo de su casa, en la localidad de Tranguil, en la región de Los Ríos. Dicha muerte en un principio se catalogó como un suicidio y en una segunda autopsia se comprobó que su muerte fue a manos de terceros. El caso del activista estudiantil mapuche Camilo Catrillanca, muerto por un disparo de la policía, donde aún no se establece la responsabilidad del Estado, tampoco es aceptable.
Dentro de este clima de persecución, es extremadamente grave y preocupante la filtración de documentos del departamento de inteligencia de Carabineros, que señalan a dirigentes estudiantiles, sociales y ambientales, como los ya reconocidos Rodrigo Mundaca de Modatima, Claudia Arcos y Joel González de Libres de Alta Tensión, Guillermo Arancibia de Villa Alemana sin Termoeléctrica, Catalina Salazar de Acción Ecosocial de Quintero, miembros de Extinction Rebellion Chile, e incluso menores, como Rafael Lepeley ex integrante de Fridays for Future. Más aún cuando existen filtraciones como en el caso de Til Til de persecución a personas que no forman parte de organización alguna y que por manifestarse por la enorme desigualdad en materia de cargas ambientales aparece vigilada y vinculada a hechos no formalizados, sin pruebas, y ahora peor aún sus datos personales publicados de manera masiva, como ocurre en el caso de María Angela Estrada, Catalina Acevedo Garín, y José Tapia quien no sólo iba como ciudadano a manifestarse pacíficamente sino que además ejerciendo su derecho a libre expresión y mantenía informada a la comunidad de la represión de carabineros en el conflicto hace más de un año.
En nombre de las organizaciones sociales y no gubernamentales, expresamos al Gobierno y la opinión pública nuestra preocupación e indignación por las amenazas que están sufriendo los dirigentes socioambientales, como también nuestra condena por las muertes no esclarecidas. Asimismo, ante la actual persecución y seguimiento de dirigentes socioambientales, incluidos niños y niñas, emplazamos al gobierno a transparentar las razones por las cuales las agencias de inteligencia del Estado, filtradas recientemente, a la opinión pública, catalogan como “blanco de interés” a dirigentes estudiantiles, sociales y ambientales.
Como organizaciones ciudadanas no aceptaremos el seguimiento y persecución a los dirigentes sociales y ambientales, que hoy ha quedado en evidencia y que constituye un intento de criminalización de los defensores y defensoras del medioambiente y los derechos humanos. Apoyaremos a dirigentes en la presentación de denuncias y recursos de amparo a nivel nacional, como asimismo presentaremos sus causas a nivel internacional.
Exigimos al Gobierno abandonar estas prácticas y desincentivar su perpetuación a través de la firma del Acuerdo de Escazú que busca asegurar el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como garantizar la protección a defensores y defensoras ambientales; además de concentrar sus acciones en subsanar la crisis social y ambiental que vive el país.
Si amenazan a una persona, amenazan a todas. Si tocan a una persona, tocan a todas.
Firman:
