Las autoridades de Sonora y el gobierno federal han sido omisas en garantizar la integridad del territorio y los derechos humanos del pueblo yaqui y de sus defensores/as. El año pasado, 18 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas en México, según documenta el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).

Organizaciones de la sociedad civil lamentamos profundamente el asesinato de Tomás Rojo, integrante del pueblo yaqui, así como las constantes agresiones de la que es objeto el pueblo yaqui. 

Además del caso de Tomás, en meses recientes se han presentado otros casos de desapariciones y violaciones a derechos humanos en contra de integrantes y personas defensoras del pueblo yaqui, que hasta el momento no han sido investigados y castigados. Al respecto, las autoridades del estado de Sonora y el gobierno federal han sido omisos en brindar la protección y la seguridad necesarias a las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, particularmente a las personas del pueblo yaqui, quienes históricamente han enfrentado diversas agresiones y violaciones a sus derechos humanos debido a las constantes presiones de las que son objeto frente a megaproyectos que interfieren con su territorio, sus recursos naturales, así como con sus usos y costumbres.

Asimismo, dichas autoridades han sido omisas en garantizar un entorno seguro para que las personas defensoras realicen su labor, tal y como se mandata en el artículo noveno del Acuerdo de Escazú.

En México, esta situación se replica en varios estados del país, donde las personas que defienden la tierra, el territorio y los derechos humanos se encuentran cada vez más expuestas y vulnerables a agresiones de todo tipo, las cuales, en muchos lamentables casos llegan hasta el asesinato, y sin que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones al respecto. Recordemos, por ejemplo, que a fines del año pasado el Congreso desapareció el fideicomiso que garantizaba la operación del Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores.

El Informe 2020 sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), ha dado cuenta desde hace 8 años de las agresiones y  violaciones a derechos humanos en contra de quienes defienden los ecosistemas, la tierra y el territorio. Tan sólo el año pasado se cometieron 90 agresiones perpetradas en 65 ataques distintos, de los cuales 18 fueron asesinatos.