Por Jennifer Roberti
Tuve la fortuna de haber crecido en la ciudad de Cancún, ubicada al sureste de México y bendecida con playas paradisiacas y vegetación exuberante. Al haber estado rodeada de naturaleza, aprendí a quererla y a reconocer su importancia para la existencia del ser humano. Por ello veo con preocupación la destrucción de uno de los tesoros naturales de Cancún: sus manglares.
Los manglares son humedales que se desarrollan en regiones costeras tropicales o subtropicales, en zonas donde la tierra está cubierta por aguas poco profundas (no más de seis metros). El mangle, la principal especie vegetal que conforma estos entornos, es tolerante a la sal y a las inundaciones.
Los manglares son de mucha utilidad para el hombre debido, entre otras cosas, a que:
Pese a su importancia y a ser un ecosistema protegido desde 2007 por el artículo 60 ter de la Ley General de Vida Silvestre, la destrucción de manglares en México continúa. El caso más reciente es el de la zona de Tajamar, en Cancún.
En 2005, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) aprobó la autorización de impacto ambiental (AIA) para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) construya un centro urbano-turístico con oficinas, comercios, departamentos y un hotel en el predio conocido como el Manglar Tajamar en Cancún. FONATUR vendió luego el predio a la empresa BI & DI Real Estate de México, la cual inició recientemente el desmonte y tala del manglar para dar paso a la construcción.
La principal preocupación sobre el desarrollo en Tajamar es el incumplimiento de las condicionantes de la autorización. La SEMARNAT obligó al titular de la autorización a presentar un programa de rescate de vegetación y traslado de fauna como paso previo al inicio de obras. No obstante, especies de fauna protegidas por la legislación mexicana y la Norma Oficial Mexicana de especies en riesgo o peligro de extinción, como los cocodrilos, estaban presentes cuando comenzó el desmonte del manglar, lo cual provocó su muerte.
Ante lo ocurrido en Tajamar, se presentó ante la Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente (PROFEPA) una denuncia ciudadana y una colectiva (respaldada por 4,333 firmas ciudadanas) por el incumplimiento de las condicionantes de la autorización de impacto ambiental del proyecto.
Después de realizar varias inspecciones, la PROFEPA ordenó la suspensión total y temporal de las actividades y la realización de medidas correctivas en el lugar. El caso sigue siendo procesado por la Procuraduría, entidad que deberá tomar una decisión definitiva después de considerar las pruebas y alegatos de la empresa.
Por otro lado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) presentó una acción legal para combatir la autorización del centro urbano-turístico en Tajamar. Lo hizo bajo el argumento de que la empresa omitió mencionar que el predio es 65% manglar. Ello quiere decir que la empresa presentó información falsa para obtener el permiso, el cual afecta además al interés colectivo.
Si CEMDA gana el juicio, la autorización será anulada, así como cualquier otro permiso derivado de la misma, y se ordenará la restauración del sitio.
Este caso es un buen ejemplo del rol crucial que la sociedad civil tiene en el cumplimiento efectivo de las leyes y regulaciones. Gracias a la movilización social, el tema recibió atención nacional, y se están empleando las herramientas disponibles para exigir la implementación de las leyes.
En AIDA trabajamos para lograr la protección efectiva de los manglares a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, contribuimos a la defensa del estatus de protección legal del Humedal Bahía de Panamá y también participamos en la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención de Ramsar (tratado internacional para la protección de humedales) como organización observadora de la sociedad civil.
Jennifer Roberti is a former AIDA attorney that collaborated with the Climate Change Program. Jennifer obtained her Law Degree (LL.B.) from the Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) and a Masters in Law (LL.M.) from the University of California, Berkeley, where she specialized in Energy and Clean Technology Law.
