Por Carlos Lozano, asesor legal de AIDA, @CLozanoAcosta

Columna publicada originalmente en El Espectador

A mediados del siglo XX, los barrenderos de Bogotá usaban la vegetación de los páramos que se encontraba en las goteras de la ciudad para fabricar sus escobas. ¿Puede haber un destino más absurdo para plantas que absorben cuarenta veces su peso en agua? Probablemente, sí: la destrucción por minería a gran escala.

Los páramos están amenazados. La legislación colombiana dice que para protegerlos mejor, es necesario que el Ministerio de Ambiente los delimite. Esa cartera anunció que el primero en pasar al tablero será Santurbán, ubicado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander. De ese complejo, con alrededor de ochenta mil hectáreas, depende en buena medida el agua de Bucaramanga y de Cúcuta. Además, es fundamental para el cambio climático por su capacidad para capturar carbono.

En Santurbán hay oro y las grandes mineras tienen sus ojos puestos allí. Cerca de treinta mil hectáreas tienen solicitudes de títulos mineros y solo alrededor de once mil están protegidas por un Parque Natural Regional. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Parlamento Andino y el Grupo del Banco Mundial siguen con interés la evolución del caso.

La ley dice que la delimitación debe hacerse con fundamento en estudios científicos, sociales y ambientales y hay una discusión muy intensa sobre qué implican los segundos. Una perspectiva dice que el componente social significa “trazar la línea” de tal manera que no se destruyan puestos de trabajo ni se desestimule la inversión en la zona. Sin embargo, hay un aspecto esencial: el derecho al agua es tan fundamental como el derecho al trabajo.

Los estudios sociales deben valorar no solo cuántas personas perderían sus empleos, sino también, con el mismo nivel de importancia, cuántas personas podrían quedarse sin acceso al líquido si la delimitación abre paso a las operaciones mineras a gran escala. La oferta laboral en Santurbán puede ser reconvertida. Por el contrario, no hay sustituto posible para el agua.

Nadie quiere que los habitantes de los páramos sean expulsados con la delimitación. Sería injusto. Como lo explicó un editorial de este diario, su protección requiere el consenso de las comunidades y hay mecanismos para encontrar un balance. La ministra Sarmiento debe tener en cuenta que para la Corte Constitucional el derecho al agua es fundamental y que según el derecho internacional, el Estado tiene la obligación de proteger las fuentes frente a los daños que le pueden causar terceros.

De la decisión de la ministra dependerá significativamente la calidad y cantidad del agua que beben los habitantes de dos importantes ciudades colombianas, así como todas las actividades económicas vinculadas. No es una disputa entre mineros y ecologistas abraza-árboles: es una verdadera tensión entre actividades extractivas y la provisión de un recurso que es esencial para la vida humana.

En la delimitación de los páramos, hay que tomarse el derecho al agua en serio. Para entenderlo, basta con darse una vuelta por Yopal, que lleva meses sin el recurso. En un mundo que se calienta, destruir los páramos que nos dan agua y ayudan a regular la temperatura, es como incendiar la reserva de municiones de un país en guerra.

Más que canteras de oro, los páramos son verdaderas fábricas de agua. Ese es su principal rol social. Con la delimitación, el Gobierno Nacional tiene el deber de reconocerlo.