BRASILIA, 24 de agosto el 2026 — Organizaciones indígenas y de la sociedad civil advierten que la decisión que tomará el Superior Tribunal de Justicia (STJ) sobre la autorización del fracking en Brasil podría poner en riesgo la seguridad de las comunidades indígenas y los pueblos en aislamiento voluntario, además de comprometer fuentes estratégicas de agua, como los acuíferos Guaraní y el Gran Amazonía.

El STJ se pronunciará el próximo 9 septiembre sobre la posibilidad de utilizar la fracturación hidráulica o fracking para extraer petróleo y gas de reservas no convencionales. La decisión, de alcance nacional, analizará si esta técnica es compatible con la Constitución Federal, la legislación ambiental y los compromisos climáticos asumidos por Brasil en virtud del Acuerdo de París.

En ese contexto, Amigos de la Tierra - Amazonía Brasileña, Operación Amazonía Nativa (OPAN), Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), Federación de Pueblos y Organizaciones Indígenas de Mato Grosso (FEPOIMT), Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Asociación Indígena Tapayuna (AIT) señalan que las comunidades y los pueblos no fueron consultados ni invitados a participar en el proceso. Entre los territorios que podrían verse afectados se encuentran las Tierras Indígenas de Xetá, Estação Parecis, Manoki y Rio Formoso, así como las comunidades quilombolas de Manoel Ciríaco dos Santos y Apepú.

Las organizaciones piden al Superior Tribunal de Justicia que aplique el principio de precaución, un criterio del derecho ambiental conforme al cual la falta de certeza científica no debe impedir la adopción de medidas preventivas cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles.

La decisión del STJ plantea también una discusión más amplia sobre el modelo de desarrollo y los compromisos climáticos de Brasil. 

“La decisión judicial puede marcar el camino hacia un modelo de desarrollo compatible con la emergencia climática, al frenar la expansión de una técnica extractiva de alto impacto ambiental. En un contexto de crisis global que exige avanzar hacia el abandono de los combustibles fósiles, tal como lo reconoció el propio gobierno de Brasil durante su presidencia de la COP de Cambio Climático, el STJ debe evaluar si la promesa de posibles beneficios económicos y de una mayor soberanía energética justifica el sacrificio de amplias extensiones de territorio y la afectación de las comunidades que las habitan”, señaló Santiago Cané, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

Riesgos para los pueblos indígenas y sus territorios

“El impacto de la fracturación hidráulica en estos territorios representaría una amenaza directa para la supervivencia, los modos de vida y los derechos de los pueblos indígenas. Proceder sin una consulta previa, libre e informada, además de violar los compromisos nacionales e internacionales de protección de los derechos indígenas, podría exponer a estas poblaciones a enfermedades, daños territoriales irreversibles y graves desequilibrios socioambientales”, afirmó Luciane Simões, de Amigos de la Tierra - Amazonía Brasileña.

La situación de la antigua Reserva Indígena Tapayuna muestra estos riesgos. La reserva fue abolida durante la dictadura militar y actualmente forma parte de bloques de exploración de hidrocarburos. Recientemente, el tribunal de Diamantino, en el estado de Mato Grosso, reconoció la violencia histórica cometida contra el pueblo Kajkwakratxi-Tapayuna y ordenó la demarcación de sus tierras en un plazo de 24 meses. Permitir el fracking en esta zona podría entrar en conflicto con el alcance de esa decisión y desconocer el carácter tradicional del territorio.

A este escenario se suma la situación del licenciamiento ambiental en el país. "Debemos tener en cuenta todos estos riesgos, recordando también la frágil situación de las licencias ambientales en Brasil. Sin mecanismos sólidos para proteger los territorios y los derechos de los pueblos indígenas, la aprobación del fracking podría agravar los impactos de otras actividades que ya ejercen presión sobre ellos", afirmó Andreia Fanzenes, coordinadora del Programa de Derechos Indígenas de OPAN, que forma parte de Operación Amazonía Nativa.

Algunos de estos riesgos también han sido reconocidos por el gobierno brasileño. En una nota técnica, el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, señala que la exploración de hidrocarburos cerca de comunidades indígenas podría causar enfermedades y alterar el equilibrio ambiental necesario para su supervivencia.

Impactos ambientales

Las organizaciones advierten que el fracking puede poner en riesgo la seguridad hídrica debido a su alto consumo de agua y al riesgo de contaminación por  sustancias químicas, metales pesados y materiales radiactivos, con posibles afectaciones a sistemas estratégicos como el Acuífero Guaraní —compartido con Argentina, Paraguay y Uruguay— y el Acuífero Gran Amazonía (SAGA). Además, las operaciones de fracturación hidráulica podrían generar sismos y comprometer la estabilidad de infraestructuras críticas, como las represas hidroeléctricas.

A los impactos territoriales e hídricos se suma la dimensión climática. Si bien el gas natural suele presentarse como un “combustible de transición”, su extracción, procesamiento y transporte pueden generar emisiones de metano, un gas de efecto invernadero con un alto potencial de calentamiento global.

Ante posibles afectaciones que pueden extenderse durante generaciones, las organizaciones llaman al Poder Judicial a proteger la vida y los territorios, garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a un medio ambiente sano e impedir el avance de proyectos que no cumplan con las obligaciones de consulta previa a las comunidades potencialmente afectadas.

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