Empresarios han solicitado al gobierno de Colombia la “simplificación de trámites ambientales” bajo el argumento de la pandemia y como medio para la continuidad de procesos en medio del aislamiento obligatorio impuesto en el país.Relacionadas con dicha solicitud están varias acciones que vulneran derechos humanos fundamentales, principalmente de las comunidades étnicas y rurales.
Una de las primeras acciones fue el intento de simplificar la consulta previa y otros procedimientos. La propuesta fue hacerlos de forma virtual. Ante ello, las comunidades indígenas y la Procuraduría solicitaron al Ministerio del Interior respetar los derechos fundamentales y que se retroceda en la medida, solicitud que fue aceptada.
Sin embargo, la búsqueda por cambiar la forma de realizar consultas continúa. La Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental (ANLA), a solicitud del Ministerio de Ambiente, está impulsando varias audiencias ambientales virtuales, proponiendo incluso realizarlas en radio, Facebook y YouTube. Con la expedición de la Resolución 642 del 13 de abril de 2020, la ANLA abrió la vía para que la participación fuese virtual.
El problema es que en estos espacios la comunicación es unilateral, anulando la posibilidad de discutir temas técnicos y presentando un obstáculo para quienes tienen un acceso limitado a internet.
En Colombia, así como en América Latina, los derechos de acceso a la información, a la justicia y a la participación son de los más vulnerados. Debemos activar todas las alertas para que la pandemia no se convierta en una excusa para seguirlos vulnerando.
