La COVID-19 ha puesto en grave riesgo la supervivencia y los derechos de los pueblos indígenas de la cuenca del Amazonas, portadores de un conocimiento profundo de uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad y culturas del planeta. La enfermedad es “una de las mayores amenazas a las formas de vida de los pueblos indígenas amazónicos”, alertaron las Oficinas de ONU Derechos Humanos para América del Sur, para Colombia y la Misión en Bolivia, junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Enfatizaron la situación de pueblos aislados, la desigualdad, el enfoque de género y el respeto a la consulta.
Los organismos internacionales llamaron a "implementar apoyos socioeconómicos culturalmente adecuados para estos pueblos indígenas de América del Sur, así como a apoyar sus medidas de autocuidado, fortalecer la participación de sus autoridades en las decisiones que se tomen y a fiscalizar la efectividad de las medidas orientadas a proteger sus derechos”. Urgieron a los Estados con soberanía en la región a proteger la supervivencia y los derechos de los pueblos indígenas de la cuenca del Amazonas, en particular de aquellos en aislamiento voluntario o contacto inicial.
La Amazonía está habitada por más de 420 pueblos indígenas —al menos 60 de ellos en aislamiento voluntario— y es una de las regiones natural y culturalmente más diversas del mundo. La propagación de la COVID-19 ha hecho más evidente la ausencia histórica o la limitada presencia estatal en muchos territorios y su insuficiente capacidad para atender las necesidades de estos pueblos, tomando además en consideración sus conocimientos ancestrales, prácticas curativas y medicinas tradicionales, desde un enfoque intercultural, explican los organismos.
También exhortaron a proteger los derechos de las mujeres indígenas, quienes tienen el riesgo de sufrir un impacto desproporcionado durante la pandemia debido a su rol en la economía informal y como cuidadoras. Pidieron garantizar que ellas se beneficien igualmente de las medidas de protección social, responder a la violencia doméstica y asegurar que la sobrecarga de los sistemas de salud no derive en un aumento de la mortalidad materna.
