La Alianza Colombia Libre de Fracking alertó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el gobierno de ese país avanza con proyectos piloto de fracking en medio de la crisis sanitaria por la pandemia, la cual impide que la ciudadanía acceda a información y a justicia con relación a ese proceso.
Aunque el proceso en el cual el Consejo de Estado declaró la moratoria judicial al fracking está suspendido debido a la contingencia, ese máximo tribunal estableció que la realización de proyectos piloto está condicionada a que sean de carácter científico y a que tengan instituciones robustas, licencia social y tecnología de mínimo impacto. Sin embargo, el gobierno "se ha burlado sistemáticamente de esas exigencias", denuncia la Alianza en la alerta enviada a la CIDH.
La evidencia de lo anterior es que, entre otras cosas, el gobierno publicó su primer decreto sobre los proyectos piloto en época navideña, desestimulando la participación ciudadana y el debate público; intentó aplacar los reclamos ambientales engañando a la población con la firma del Acuerdo de Escazú, pero sin la intención real de ratificarlo, sin lo cual el acuerdo no es obligatorio; emitió un segundo decreto en el que sigue desconociendo las exigencias del Consejo de Estado; continuó con la reglamentación de ese decreto en medio de la pandemia, con los juzgados cerrados y sin condiciones de información, participación y justicia para la población; y sigue desarrollando nuevas normas para el avance del fracking en Colombia.
"Solo será posible salir de esta crisis con un giro vital hacia otras formas de producción y uso de energía que se fundamenten totalmente en los principios democráticos de nuestra Constitución y en los pronunciamientos de la Comisión", señala la Alianza en un comunicado público sobre el envío de la alerta.
