Según el monitoreo independiente que realiza la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), al 10 de agosto, los casos de contagio de COVID-19 entre personas indígenas superan los 23 mil, mientras que el número de muertes llegó a 652.
Esas cifras son mayores a las reportadas por la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI), que contabiliza 17.611 contagios y 311 muertes. Sin embargo, los datos oficiales solo toman en cuenta las tierras indígenas homologadas y no a los pueblos indígenas que viven fuera de ellas. El monitoreo de la APIB es realizado por el Comité Nacional de Vida y Memoria Indígena, con apoyo de organizaciones indígenas y considerando, además de los datos de la SESAI, aquellos registrados por las Secretarías de Salud municipales y estatales y por el Ministerio Público.
La rápida propagación de la pandemia entre las y los indígenas genera preocupación debido a la vulnerabilidad de esa población, que no cuenta con atención médica adecuada y cuyas tierras son invadidas, y a las medidas insuficientes e inadecuadas del gobierno.
Un factor importante de contagio es el río Amazonas, la carretera principal que une a las comunidades ribereñas. Esa población viaja por el río en embarcaciones que llevan a unas 150 personas, sin distanciamiento entre ellas, para llegar a las ciudades en busca de suministros médicos o alimentos, o para ser atendidos en un hospital. La red hospitalaria es insuficiente para abarcar a toda la región. De hecho, las seis ciudades de Brasil con mayor exposición al nuevo coronavirus están sobre el Amazonas.
Otro factor de contagio para la población indígena es la falta de medidas adecuadas, sanitarias y de protección, por parte del Estado, lo que ha derivado en que trabajadores del sector de salud sean portadores del virus y contagien a indígenas cuando llegan a sus comunidades. Hasta inicios de julio, más de 1.000 enfermeras y doctores del SESAI dieron positivo al test de COVID-19.
Profesionales médicos y líderes indígenas afirman que es posible que los trabajadores de ese sector hayan puesto en peligro involuntariamente a las comunidades que intentaban ayudar debido a que no cuentan con los equipos adecuados de protección para trabajar y no tienen acceso a pruebas suficientes.
