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Alertas: COVID-19 en América Latina

La pandemia amenaza los derechos humanos y el ambiente en la región

Los impactos de la pandemia se han extendido más allá de los sistemas sanitarios. Las autoridades han cambiado formatos de consulta, relajado medidas de protección y vigilancia y desatendido a las personas más vulnerables, como los pueblos indígenas, comunidades rurales, defensores y defensoras. Esto —sumado al aumento de actividades que impactan al ambiente, amenazas y delitos— supone un riesgo preocupante de vulneración de los derechos humanos en la región.

Alerta

Según el monitoreo independiente que realiza la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), al 10 de agosto, los casos de contagio de COVID-19 entre personas indígenas superan los 23 mil, mientras que el número de muertes llegó a 652.

Esas cifras son mayores a las reportadas por la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI), que contabiliza 17.611 contagios y 311 muertes. Sin embargo, los datos oficiales solo toman en cuenta las tierras indígenas homologadas y no a los pueblos indígenas que viven fuera de ellas. El monitoreo de la APIB es realizado por el Comité Nacional de Vida y Memoria Indígena, con apoyo de organizaciones indígenas y considerando, además de los datos de la SESAI, aquellos registrados por las Secretarías de Salud municipales y estatales y por el Ministerio Público.

La rápida propagación de la pandemia entre las y los indígenas genera preocupación debido a la vulnerabilidad de esa población, que no cuenta con atención médica adecuada y cuyas tierras son invadidas, y a las medidas insuficientes e inadecuadas del gobierno.

Un factor importante de contagio es el río Amazonas, la carretera principal que une a las comunidades ribereñas. Esa población viaja por el río en embarcaciones que llevan a unas 150 personas, sin distanciamiento entre ellas, para llegar a las ciudades en busca de suministros médicos o alimentos, o para ser atendidos en un hospital. La red hospitalaria es insuficiente para abarcar a toda la región. De hecho, las seis ciudades de Brasil con mayor exposición al nuevo coronavirus están sobre el Amazonas. 

Otro factor de contagio para la población indígena es la falta de medidas adecuadas, sanitarias y de protección, por parte del Estado, lo que ha derivado en que trabajadores del sector de salud sean portadores del virus y contagien a indígenas cuando llegan a sus comunidades. Hasta inicios de julio, más de 1.000 enfermeras y doctores del SESAI dieron positivo al test de COVID-19.

Profesionales médicos y líderes indígenas afirman que es posible que los trabajadores de ese sector hayan puesto en peligro involuntariamente a las comunidades que intentaban ayudar debido a que no cuentan con los equipos adecuados de protección para trabajar y no tienen acceso a pruebas suficientes.

Alerta

En las últimas semanas, diversos colectivos, gremios turísticos, ambientalistas y público en general han manifestado su oposición a un proyecto portuario que pondría en riesgo a la Reserva Nacional de Paracas, la tercera área protegida más conocida y visitada de Perú. El creciente discurso de reactivar la economía post-COVID pasando por alto la procuración del entorno se ha sumado a las preocupaciones ante este plan.  

El proyecto de ampliación del puerto que ya existe en la zona de amortiguamiento de la reserva incluye la construcción de un almacén de concentrado de minerales que llegarían a través de camiones de la sierra del país donde se ubican importantes centros mineros. Estos vehículos pasarían por la reserva, generando impactos negativos como la contaminación sonora y riesgo de volcaduras que pondrían en grave peligro el hábitat de diversas de especies, además de perjudicar el paisaje natural. 

Para concretar su objetivo, el consorcio Terminal Portuario de Paracas (TPP) presentó una modificación al estudio de impacto ambiental, pero este fue rechazado debido a las observaciones por parte de instituciones como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp). Sin embargo, aún está pendiente si finalmente obtiene el permiso para ejecutar el proyecto.  

En un informe, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) expresó su preocupación por este proyecto y concluyó que sí existe riesgo de contaminación y otros impactos a la fauna del lugar. Por ello, pidió al Estado cumplir con su obligación de tomar decisiones evitando la generación de impactos ambientales, riesgos e incluso daños innecesarios a la reserva. Además, propuso la evaluación de otras salidas para el trasporte de estos minerales. 

La Reserva Nacional de Paracas fue establecida en 1975 sobre una extensión de 335 mil hectáreas. El área comprende un 65% de aguas marinas (217 594 hectáreas), patrimonio arqueológico, especies amenazadas y uno de los paisajes costeros más espectaculares del país. 

Alerta

El Supremo Tribunal de Brasil ordenó la adopción de una serie de medidas para contener los contagios y las muertes por COVID-19 entre la población indígena del país. El dictamen responde a la demanda presentada por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y por algunos partidos políticos. En ella denuncian el incumplimiento de preceptos constitucionales y abogan por la adopción de mayores medidas gubernamentales para combatir la propagación del nuevo coronavirus entre los pueblos indígenas.

El gobierno no ha garantizado el aislamiento de las comunidades étnicas ya que en sus territorios se están llevando a cabo actividades extractivas. Quienes trabajan en esos emprendimientos representan un factor de contagio al ingresar a las zonas indígenas. Además, la población indígena es afectada por la insuficiente red hospitalaria y por la falta de acceso a información oportuna, como la referida a las pruebas de detección del virus y a los protocolos para funerales.

"Los pueblos indígenas son especialmente vulnerables a las enfermedades infecciosas, para las cuales tienen una baja inmunidad y una tasa de mortalidad superior al promedio nacional. Hay indicios de una expansión acelerada de COVID-19 entre sus miembros y la alegación de que no son suficientes los esfuerzos del gobierno por frenar su propagación", señala el fallo firmado por Luís Roberto Barros, magistrado del Tribunal.

Las medidas determinadas por el Tribunal incluyen la instalación de barreras sanitarias para proteger a los indígenas que no tienen contacto con el mundo exterior y a quienes han estado en contacto reciente con la sociedad; la creación de una "sala de situación" con la participación de miembros del gobierno, la APIB, la Fiscalía General y la Defensoría Pública del Gobierno Federal; la elaboración en un plazo de 30 días de un plan para enfrentar la enfermedad en los pueblos indígenas, en el que participen las propias comunidades y el Consejo Nacional de Derechos Humanos. Ese plan debe incluir esfuerzos para controlar la entrada de intrusos en las tierras indígenas.

Finalmente, el Tribunal ordenó que todos los indígenas —incluidos quienes viven en zonas urbanas— queden cubiertos por el Subsistema de Atención de la Salud Indígena, que solo ha prestado asistencia limitada a indígenas que viven en las zonas demarcadas.

Análisis

La pandemia impacta las actividades de toda la cadena del sistema alimentario y su prolongación afectará a las poblaciones más vulnerables de la región si no se toman medidas urgentes, advirtió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en un informe que forma parte de una serie de evaluaciones ante la expansión de la COVID-19.   

Haciendo referencia a experiencias previas, como el MERS, la CEPAL alerta que los efectos negativos de esta pandemia sobre la seguridad alimentaria “serán desiguales y más intensos para países, regiones y grupos poblacionales en situación de mayor vulnerabilidad”. Los niños, niñas, adolescentes, personas indígenas, mujeres, personas con bajos niveles educativos y poblaciones rurales son los más afectados por la pobreza, factor determinante de vulnerabilidad.   

Los avances en la reducción de la pobreza y la subalimentación podrían verse afectados ante la crisis económica que se gesta. El organismo destacó el caso de las regiones altoandinas y amazónicas por su limitada conectividad y por tener una agricultura más vinculada al mercado. Por ello, pide impulsar el autoconsumo de ocurrir una interrupción económica, así como promover una dieta más sana.   

Aunque el informe se enfoca en la conservación de cadenas productivas y en el cuidado del mercado alimentario, recomienda aumentar "la integración entre la agricultura y la biodiversidad”, pues “la sostenibilidad ambiental de la agricultura y los sistemas alimentarios es una demanda de la sociedad que cobrará más fuerza”. Recuerda además que no se pueden romper los equilibrios ecológicos elementales con impunidad.  

Para evitar la crisis, pide basarse en el principio de “reconstruir mejor” porque si bien los sistemas alimentarios ya vivían una transformación por el cambio climático, la tecnología y la demanda, “la pandemia obliga a reforzar la resiliencia y la inclusión social”.  

Análisis

La propagación masiva de la COVID-19 ha generado una crisis sanitaria con millones de personas enfermas y miles de muertes en todo el mundo.

Debido a la naturaleza de la enfermedad y a la facilidad del contagio, se han implementado medidas de protección y bioseguridad que incluyen no solo el confinamiento y la sana distancia, sino también la desinfección constante de manos y superficies, y el uso de tapabocas, mascarillas, guantes, equipo médico de protección, botellas de desinfectante, bolsas, envases y otros objetos.

Desafortunadamente, esos objetos son fabricados en su mayoría utilizando como insumo principal al plástico, especialmente el de un solo uso, lo que implica un aumento indiscriminado en el uso y desecho de ese material.

Por ello, los procesos de gestión de los plásticos de un solo uso se han convertido en otro de los grandes retos frente a la crisis que está colapsando economías y sistemas de salud.

Es evidente que la mayor preocupación a nivel mundial es vencer la pandemia, evitando más muertes y contagios. Pero también es inquietante el impacto adverso de la contingencia en los esfuerzos mundiales por reducir el plástico y con ello prevenir sus daños ambientales a corto y largo plazo.

Es necesario retomar los debates sobre el plástico y trabajar en encontrar alternativas eficaces, teniendo siempre en cuenta la reactivación económica de los sectores más afectados por la crisis.

Alerta

En una serie de dos seminarios virtuales organizados por AIDA, expertos y expertas desvirtuaron el argumento que promueve el extractivismo como solución a la crisis económica generalizada derivada de la pandemia.  

En el contexto de la contingencia sanitaria, gobiernos de América Latina han apoyado propuestas para expandir y fortalecer el extractivismo minero y energético como salida a la caída de la economía, ignorando la discusión sobre los costos económicos y socioambientales que las actividades extractivas implican en el mediano y largo plazo. 
El apoyo gubernamental se ha traducido en algunos casos en intentos por flexibilizar y/o agilizar los procedimientos para autorizar proyectos mineros y de hidrocarburos, pasando por alto la obligación legal de consultar y obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.  

En los dos seminarios web, especialistas en el tema explicaron en detalle los verdaderos costos del extractivismo, evidenciando que apostar por iniciativas de ese tipo en la coyuntura actual está lejos de ser la mejor alternativa.  

El panel de expertos y expertas incluyó a Eduardo Gudynas, investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES); Natalia Greene, presidenta del Comité Ecuatoriano para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA); Fernanda Hopenhaym, socióloga especializada en estudios latinoamericanos y Codirectora Ejecutiva de PODER; y a Luis Álvaro Pardo, economista y periodista, especializado en Derecho Minero Energético y Derecho Constitucional. 

Alerta

La Alianza Colombia Libre de Fracking alertó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el gobierno de ese país avanza con proyectos piloto de fracking en medio de la crisis sanitaria por la pandemia, la cual impide que la ciudadanía acceda a información y a justicia con relación a ese proceso.

Aunque el proceso en el cual el Consejo de Estado declaró la moratoria judicial al fracking está suspendido debido a la contingencia, ese máximo tribunal estableció que la realización de proyectos piloto está condicionada a que sean de carácter científico y a que tengan instituciones robustas, licencia social y tecnología de mínimo impacto. Sin embargo, el gobierno "se ha burlado sistemáticamente de esas exigencias", denuncia la Alianza en la alerta enviada a la CIDH.

La evidencia de lo anterior es que, entre otras cosas, el gobierno publicó su primer decreto sobre los proyectos piloto en época navideña, desestimulando la participación ciudadana y el debate público; intentó aplacar los reclamos ambientales engañando a la población con la firma del Acuerdo de Escazú, pero sin la intención real de ratificarlo, sin lo cual el acuerdo no es obligatorio; emitió un segundo decreto en el que sigue desconociendo las exigencias del Consejo de Estado; continuó con la reglamentación de ese decreto en medio de la pandemia, con los juzgados cerrados y sin condiciones de información, participación y justicia para la población; y sigue desarrollando nuevas normas para el avance del fracking en Colombia.

"Solo será posible salir de esta crisis con un giro vital hacia otras formas de producción y uso de energía que se fundamenten totalmente en los principios democráticos de nuestra Constitución y en los pronunciamientos de la Comisión", señala la Alianza en un comunicado público sobre el envío de la alerta.

Análisis

Diariamente, hombres y mujeres alrededor del mundo dedican sus vidas a proteger ecosistemas de los que dependen comunidades enteras y otros seres vivos. Esta labor —indispensable para el cuidado del planeta— se desarrolla en ámbitos legales, sociales y políticos.

Tristemente, las personas defensoras del ambiente son víctimas de amenazas y asesinatos. Desde hace muchos años, América Latina es la región más peligrosa del mundo para ser defensor o defensora ambiental, concentrando al menos el 60% de los crímenes. Ello ocurre pese a que el derecho a la libertad de expresión, al ambiente sano y los derechos de la naturaleza están reconocidos en legislaciones nacionales y regionales.

Actualmente y en el contexto de la pandemia COVID-19, la situación de riesgo grave para defensores y defensoras ambientales. Pese al aislamiento social y otras medidas adoptadas ante la crisis sanitaria, la violencia en su contra persiste.

Es importante considerar que la pandemia debilita las redes de protección de las y los defensores en situación de riesgo para responder a emergencias, poniéndoles en una situación de mayor vulnerabilidad. Eso, sumado a la falta de voluntad y capacidad institucional para atender problemáticas diferentes a la sanitaria, configura un escenario muy complejo para su seguridad.

En efecto, los Estados deben respetar y garantizar los derechos humanos en todo momento. Son obligaciones impostergables —aún en situaciones de emergencia— y su cumplimento debe robustecerse para personas en riesgo como las que defienden el ambiente.

Análisis

El estudio "Voces desde el territorio", elaborado por varias organizaciones y comunidades de diferentes partes del mundo, revela que la industria minera ignora los riesgos de la COVID-19 pues sigue operando, y que empresas del sector incluso aprovechan la emergencia sanitaria derivada de la pandemia para encubrir los daños socioambientales de sus operaciones.

El informe coyuntural se basa en la revisión de casi 500 fuentes periodísticas, comunicados de prensa e informes sobre la minería en el contexto de la pandemia. Con base en esos datos, se evidencian los patrones que empresas mineras siguen para beneficiarse de la crisis sanitaria global.

El primer patrón es que las compañías mineras y muchos gobiernos ejercen presión para que la minería sea considerada actividad esencial, lo cual permite la continuidad de operaciones pese a los riesgos, convirtiendo al sector en un vector importante de propagación del virus para trabajadores mineros y comunidades rurales. De otro lado, gobiernos de todo el mundo están adoptando medidas extraordinarias que restringen las acciones de defensa de las personas afectadas por la minería.

Un tercer patrón consiste en que estas empresas "están usando la pandemia como una oportunidad para lavar sus sucios historiales", presentándose ante la opinión pública como benefactores con la dotación de pruebas de detección del virus, distribución de alimentos y entrega de donativos. Un último patrón tiene que ver con los esfuerzos de la industria para agilizar decisiones y lograr nuevas normas que favorezcan sus operaciones por encima de las personas y el ambiente.

Alerta

Los yuquis conforman el último pueblo indígena que ha sido contactado en Bolivia, lo que ocurrió en la segunda mitad del siglo XX. Viven en una parte de su territorio ancestral, en la selva amazónica boliviana. Hoy esta comunidad atraviesa por un vertiginoso proceso de aculturación al que se suma una epidemia de micosis pulmonar que merma a su ya escasa población. Actualmente, quedan únicamente 326 yuquis.

A pesar del aislamiento establecido ante la crisis sanitaria por la COVID-19, el pasado 2 de junio se confirmaron los primeros casos de la pandemia en el pueblo Yuqui: cuatro personas y los dos únicos médicos de la comunidad. Esto pasó a pesar de que se alertó del peligro que corren los pueblos indígenas, así como de la inexistencia de un registro oficial en el Ministerio de Salud de las personas enfermas que se autoidentifican como indígenas.

El pueblo Yuqui está considerado en alto riesgo de vulnerabilidad por enfermedades como la micosis pulmonar, la tuberculosis, la anemia y la desnutrición. Por ello, en 2014, la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba emitió una ley para protegerlo del riesgo de extinción. La norma se respalda en la Constitución Política del Estado y en la Ley de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad.

Ante el riesgo actual de etnocidio, el Estado tiene la obligación de proteger la salud de los pueblos indígenas más vulnerables. Se necesita medidas urgentes de las autoridades de salud para atender la situación de las personas contagiadas, realizar pruebas a toda la población y adoptar medidas de bioseguridad adecuadas para evitar contagios.

Ante la inacción del Estado, el pueblo Yuqui decidió aislarse, pero necesita víveres y medicamentos. Existe una campaña en curso para recolectar ayuda económica a través de la cuenta 701-1529291-3-21 del Banco de Crédito a nombre del CEJIS (NIT/ID: 1025301021)

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