Los impactos de la pandemia se han extendido más allá de los sistemas sanitarios. Las autoridades han cambiado formatos de consulta, relajado medidas de protección y vigilancia y desatendido a las personas más vulnerables, como los pueblos indígenas, comunidades rurales, defensores y defensoras. Esto —sumado al aumento de actividades que impactan al ambiente, amenazas y delitos— supone un riesgo preocupante de vulneración de los derechos humanos en la región.
El estudio "Voces desde el territorio", elaborado por varias organizaciones y comunidades de diferentes partes del mundo, revela que la industria minera ignora los riesgos de la COVID-19 pues sigue operando, y que empresas del sector incluso aprovechan la emergencia sanitaria derivada de la pandemia para encubrir los daños socioambientales de sus operaciones.
El informe coyuntural se basa en la revisión de casi 500 fuentes periodísticas, comunicados de prensa e informes sobre la minería en el contexto de la pandemia. Con base en esos datos, se evidencian los patrones que empresas mineras siguen para beneficiarse de la crisis sanitaria global.
El primer patrón es que las compañías mineras y muchos gobiernos ejercen presión para que la minería sea considerada actividad esencial, lo cual permite la continuidad de operaciones pese a los riesgos, convirtiendo al sector en un vector importante de propagación del virus para trabajadores mineros y comunidades rurales. De otro lado, gobiernos de todo el mundo están adoptando medidas extraordinarias que restringen las acciones de defensa de las personas afectadas por la minería.
Un tercer patrón consiste en que estas empresas "están usando la pandemia como una oportunidad para lavar sus sucios historiales", presentándose ante la opinión pública como benefactores con la dotación de pruebas de detección del virus, distribución de alimentos y entrega de donativos. Un último patrón tiene que ver con los esfuerzos de la industria para agilizar decisiones y lograr nuevas normas que favorezcan sus operaciones por encima de las personas y el ambiente.
Los yuquis conforman el último pueblo indígena que ha sido contactado en Bolivia, lo que ocurrió en la segunda mitad del siglo XX. Viven en una parte de su territorio ancestral, en la selva amazónica boliviana. Hoy esta comunidad atraviesa por un vertiginoso proceso de aculturación al que se suma una epidemia de micosis pulmonar que merma a su ya escasa población. Actualmente, quedan únicamente 326 yuquis.
A pesar del aislamiento establecido ante la crisis sanitaria por la COVID-19, el pasado 2 de junio se confirmaron los primeros casos de la pandemia en el pueblo Yuqui: cuatro personas y los dos únicos médicos de la comunidad. Esto pasó a pesar de que se alertó del peligro que corren los pueblos indígenas, así como de la inexistencia de un registro oficial en el Ministerio de Salud de las personas enfermas que se autoidentifican como indígenas.
El pueblo Yuqui está considerado en alto riesgo de vulnerabilidad por enfermedades como la micosis pulmonar, la tuberculosis, la anemia y la desnutrición. Por ello, en 2014, la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba emitió una ley para protegerlo del riesgo de extinción. La norma se respalda en la Constitución Política del Estado y en la Ley de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad.
Ante el riesgo actual de etnocidio, el Estado tiene la obligación de proteger la salud de los pueblos indígenas más vulnerables. Se necesita medidas urgentes de las autoridades de salud para atender la situación de las personas contagiadas, realizar pruebas a toda la población y adoptar medidas de bioseguridad adecuadas para evitar contagios.
Ante la inacción del Estado, el pueblo Yuqui decidió aislarse, pero necesita víveres y medicamentos. Existe una campaña en curso para recolectar ayuda económica a través de la cuenta 701-1529291-3-21 del Banco de Crédito a nombre del CEJIS (NIT/ID: 1025301021)
La COVID-19 ha puesto en grave riesgo la supervivencia y los derechos de los pueblos indígenas de la cuenca del Amazonas, portadores de un conocimiento profundo de uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad y culturas del planeta. La enfermedad es “una de las mayores amenazas a las formas de vida de los pueblos indígenas amazónicos”, alertaron las Oficinas de ONU Derechos Humanos para América del Sur, para Colombia y la Misión en Bolivia, junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Enfatizaron la situación de pueblos aislados, la desigualdad, el enfoque de género y el respeto a la consulta.
Los organismos internacionales llamaron a "implementar apoyos socioeconómicos culturalmente adecuados para estos pueblos indígenas de América del Sur, así como a apoyar sus medidas de autocuidado, fortalecer la participación de sus autoridades en las decisiones que se tomen y a fiscalizar la efectividad de las medidas orientadas a proteger sus derechos”. Urgieron a los Estados con soberanía en la región a proteger la supervivencia y los derechos de los pueblos indígenas de la cuenca del Amazonas, en particular de aquellos en aislamiento voluntario o contacto inicial.
La Amazonía está habitada por más de 420 pueblos indígenas —al menos 60 de ellos en aislamiento voluntario— y es una de las regiones natural y culturalmente más diversas del mundo. La propagación de la COVID-19 ha hecho más evidente la ausencia histórica o la limitada presencia estatal en muchos territorios y su insuficiente capacidad para atender las necesidades de estos pueblos, tomando además en consideración sus conocimientos ancestrales, prácticas curativas y medicinas tradicionales, desde un enfoque intercultural, explican los organismos.
También exhortaron a proteger los derechos de las mujeres indígenas, quienes tienen el riesgo de sufrir un impacto desproporcionado durante la pandemia debido a su rol en la economía informal y como cuidadoras. Pidieron garantizar que ellas se beneficien igualmente de las medidas de protección social, responder a la violencia doméstica y asegurar que la sobrecarga de los sistemas de salud no derive en un aumento de la mortalidad materna.
En las décadas de 1970 y 1980, la apertura de las carreteras y la fiebre del oro trajeron consigo enfermedades como el paludismo y el sarampión, causando la muerte del 13% de la población Yanomami. Ahora, los miles de mineros que se encuentran en el Territorio Indígena Yanomami (TIY) son vectores de transmisión del nuevo coronavirus, poniendo en riesgo de contaminación masiva a una población ya muy vulnerable.
La actividad minera se ha intensificado con el incremento de la cotización del oro en el mercado internacional. Ello, sumado a otros factores —entre ellos el desmantelamiento de la política ambiental, que ahora es antifiscalización, promovido sistemáticamente por el actual gobierno federal, y la reiterada posición del propio presidente a favor de la minería— ha impulsado la invasión de tierras indígenas.
Los 20.000 mineros instalados en el TIY son hoy el principal vector de transmisión de la pandemia. Según un estudio, casi el 40 por ciento de los yanomami que viven cerca de las zonas de minería ilegal en ese territorio indígena podrían estar infectados con la COVID-19.
Es el territorio indígena más vulnerable del país. Casi la mitad de su población vive en comunidades ubicadas a menos de cinco kilómetros de una zona de minería ilegal. El Instituto Socioambiental (ISA) calculó diferentes escenarios de transmisión de la pandemia en esas áreas. En el peor de ellos, de un total de 13.889 indígenas, 5.603 yanomami (el equivalente al 40 por ciento) pueden infectarse con el virus. Si la letalidad es del doble de la población no indígena, entre 207 y 896 yanomami (el 6,4%) pueden morir como resultado de la COVID-19. El 19 de abril se produjo la primera muerte en el Territorio Indígena Yanomami.
Debemos movilizar a la comunidad internacional y presionar al gobierno brasileño para que saque a los invasores ilegales de ese territorio. Esta medida es indispensable para que los yanomami puedan entrar en aislamiento social y garantizar su supervivencia.
Solidarízate con el grito de ayuda de los Yanomami contra una vieja pesadilla, ahora más mortal.
#ForaGarimpoForaCovid
En casi todos los países de América Latina, los gobiernos han implementado medidas sanitarias y de aislamiento social para contener la propagación de la pandemia COVID-19.
En el marco de esas restricciones, han establecido excepciones para actividades consideradas esenciales, entre ellas la atención de emergencias, la prestación de servicios de salud o la comercialización y abastecimiento de bienes de primera necesidad.
No obstante, los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Perú también han eximido de las restricciones a las actividades mineras y petroleras por considerarlas de interés nacional. El trato excepcional otorgado a las actividades extractivas en algunos países de la región ha incrementado significativamente la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, así como los riesgos y amenazas que enfrentan debido a que estas operaciones se realizan en sus territorios.
Además, la entrada y salida de trabajadores sin cumplir con las debidas medidas sanitarias, disminuye la efectividad de las acciones de protección adoptadas por estos pueblos, como los cercos epidemiológicos o el aislamiento social. De ese modo, se genera un aumento en la propagación del virus y en el número de personas contagiadas. A ello se suma que, en la práctica, estas poblaciones rurales cuentan con poco o nulo acceso a los servicios de salud y sanitaros necesarios para atender una crisis sanitaria como la generada por la COVID-19.
Líderes indígenas de la Amazonía boliviana denunciaron la continuidad de actividades mineras en la comunidad de Santa Rosa de Carura, al norte de La Paz, hogar del pueblo Leco.
La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) y la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) exigieron al Ministerio de Minería paralizar de inmediato los trabajos ilegales de explotación de oro en esa zona, actualmente en pleno funcionamiento a pesar de la pandemia.
Estas operaciones, denunciaron, se implementaron sin el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad, cuyos miembros se vieron obligados a abandonar temporalmente su territorio debido a los impactos de la minería en el curso del río.
Además, ambas organizaciones solicitaron al gobierno boliviano priorizar la atención de salud de los pueblos indígenas. “Nuestros hermanos están muriendo cada día abandonados a su suerte, sin ninguna atención médica y ahora también permiten que extranjeros exploten nuestros recursos naturales y los regalen a diestra y siniestra”, expresaron en una carta enviada a la Presidenta el 22 de mayo.
Las instancias competentes en temas de minería y medioambiente deben controlar el cumplimiento de las normas ambientales, exigir el cumplimiento de la licencias ambientales otorgadas para actividades mineras y tomar las acciones necesarias para proteger los derechos de los pueblos indígenas.
En un Decreto Supremo aprobado el 9 de mayo, Bolivia estableció un procedimiento abreviado para la introducción y el uso de semillas genéticamente modificadas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soja. Lo hizo bajo el argumento de la emergencia causada por la crisis sanitaria de la COVID-19.
Los organismos genéticamente modificados, y el paquete tecnológico asociado, ponen en riesgo la salud pública por el empleo de agroquímicos de alta toxicidad. También contaminan agua y suelos, afectan la soberanía alimentaria de los pueblos y la cultura local, beneficiando a los grandes agronegocios en desmedro de la producción campesina.
Bolivia es centro de origen secundario de maíz. Al permitir la introducción de semillas genéticamente modificadas y la amenaza de contaminación genética que ello implica, el gobierno pone en riesgo la conservación de hasta 77 razas de maíz nativo, las cuales sostienen la soberanía alimentaria y la riqueza biocultural de pueblos indígenas y campesinos.
El Decreto va en contra de la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien y otras 10 normas vigentes. Por esto, más de cien organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo iniciaron una acción de inconstitucionalidad y exigen la abrogación de Decreto.
Empresarios han solicitado al gobierno de Colombia la “simplificación de trámites ambientales” bajo el argumento de la pandemia y como medio para la continuidad de procesos en medio del aislamiento obligatorio impuesto en el país.Relacionadas con dicha solicitud están varias acciones que vulneran derechos humanos fundamentales, principalmente de las comunidades étnicas y rurales.
Una de las primeras acciones fue el intento de simplificar la consulta previa y otros procedimientos. La propuesta fue hacerlos de forma virtual. Ante ello, las comunidades indígenas y la Procuraduría solicitaron al Ministerio del Interior respetar los derechos fundamentales y que se retroceda en la medida, solicitud que fue aceptada.
Sin embargo, la búsqueda por cambiar la forma de realizar consultas continúa. La Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental (ANLA), a solicitud del Ministerio de Ambiente, está impulsando varias audiencias ambientales virtuales, proponiendo incluso realizarlas en radio, Facebook y YouTube. Con la expedición de la Resolución 642 del 13 de abril de 2020, la ANLA abrió la vía para que la participación fuese virtual.
El problema es que en estos espacios la comunicación es unilateral, anulando la posibilidad de discutir temas técnicos y presentando un obstáculo para quienes tienen un acceso limitado a internet.
En Colombia, así como en América Latina, los derechos de acceso a la información, a la justicia y a la participación son de los más vulnerados. Debemos activar todas las alertas para que la pandemia no se convierta en una excusa para seguirlos vulnerando.
Los pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe han sido actores esenciales en la protección de la naturaleza, de ecosistemas clave y, en suma, de la vida de todos los seres que habitamos el planeta.
Al mismo tiempo, han sufrido históricamente discriminación, exclusión y la violación de sus derechos, viendo amenazada su supervivencia.
En el contexto actual de crisis sanitaria global por la pandemia COVID-19, la vulnerabilidad de estos pueblos en la región se ha incrementado de manera preocupante debido a la falta de acceso a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; la ausencia de medidas de respuesta diferenciadas; y la flexibilización de los procesos ambientales y de participación.
Proteger a las comunidades étnicas para que la pandemia no amenace su vida e integridad es un deber moral e histórico y una obligación internacional de todos los Estados. Por ellos resaltamos cinco medidas que los Estados pueden y deben adoptar para proteger inmediatamente a estos grupos vulnerables.
La atención de salud de los pueblos indígenas en Brasil es precaria y puede conducir a una tragedia. Existe una evidente falta de capacidad del Estado para controlar la propagación del virus entre esas comunidades.
El Estado, a través de sus dependencias, ha actuado de tal manera que niega la identidad indígena y niega su obligación de brindar atención médica especializada y adecuada a las costumbres y tradiciones indígenas.
La metodología utilizada por el Estado, que distingue entre índigenas de áreas urbanas y rurales, contribuye a esconder la dimensión real de la calamidad que se vive, demostrando además la discriminación denunciada.
La rápida propagación de la enfermedad entre los pueblos indígenas del Amazonas también se debe a la falta de planificación por parte del gobierno federal para entregar los R$ 600 en ayuda de emergencia. Sin alternativas para recibir el beneficio social, los indígenas se ven obligados a ir a las ciudades y, a su regreso, llevar el virus a las aldeas. La ayuda permite a las familias indígenas comprar alimentos y suministros de salud como medicina.
El alcalde de Manaus dijo que teme por un genocidio de indígenas. "Es un crimen contra la humanidad que se practica aquí en mi estado, aquí en mi región", dijo Arthur Virgílio Neto, en un video publicado el 19 de mayo.
