Los impactos de la pandemia se han extendido más allá de los sistemas sanitarios. Las autoridades han cambiado formatos de consulta, relajado medidas de protección y vigilancia y desatendido a las personas más vulnerables, como los pueblos indígenas, comunidades rurales, defensores y defensoras. Esto —sumado al aumento de actividades que impactan al ambiente, amenazas y delitos— supone un riesgo preocupante de vulneración de los derechos humanos en la región.
La pandemia del nuevo coronavirus está sofocando al sistema de salud del municipio de Altamira (Pará), en la región del Xingú. Los profesionales de la salud y la población en general carecen de medicamentos, equipos de protección personal y, sobre todo, de camas suficientes ante el aumento de demanda de los enfermos.
La ciudad de Altamira solo cuenta con nueve camas en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y está situada a 816 kilómetros de Belém, en el noreste de Brasil. Estas camas son las únicas disponibles para atender las crecientes necesidades de 115 mil habitantes locales y de otras ciudades de la región que, en total, suman más de 400 mil personas. Esto incluye a los habitantes ribereños e indígenas de la zona que deberían ser atendidos en esos hospitales.
Ya no hay más UCI disponibles y tampoco pruebas para detectar la COVID-19. Las camas de la UCI son utilizadas para adultos. El siguiente hospital más cercano está en Santarém, a 500 kilómetros de Altamira. A esto se suma que los habitantes de esta ciudad ya sufren impactos a su salud e integridad personal por la hidroeléctrica Belo Monte y, ahora, por la mina Belo Sun.
68 médicos informaron de esta situación al Consejo Médico Regional.
Un coalición de organizaciones en Colombia rechaza la imposición de lo que están llamando una seudo audiencia virtual sobre la propuesta de regreso de las aspersiones con glifosato.
“Consideramos que la situación de emergencia de salud pública que vive el país por cuenta del COVID-19 se ha utilizado para acelerar los trámites para que regresen las aspersiones con glifosato de forma arbitraria, restrictiva, desproporcionada, ilegítima e ilegal.”
La audiencia pública ambiental de carácter “virtual” no se encuentra autorizada por la ley y, por el contrario, contraviene varias disposiciones legales sobre la forma y condiciones en que debe celebrarse la audiencia pública ambiental.
Las organizaciones interpusieron una acción de tutela que busca que se amparen los derechos al acceso a la información, a la participación efectiva en la toma de decisiones ambientales con criterios de justicia ambiental; y a la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado; así como el principio de transparencia y el debido proceso.
La degradación de la selva por deforestación, incendios y el avance del proyecto del Tren Maya amenazan los modos de vida de las comunidades indígenas de la Península de Yucatán, ya en riesgo por el avance de la pandemia.
Parte de las actividades que están destruyendo la selva parecen estar asociadas a la expansión de terrenos para agricultura industrial y a la orden de continuar con el proyecto Tren Maya, considerado “actividad esencial” por parte del gobierno mexicano.
Urge que las autoridades tomen responsabilidad en los incendios que están afectando miles de hectáreas en la región y afectando actividades de la población campesina maya, denunció la Alianza Maya por las Abejas (Kaab Nalo´on), que integra a 3,500 familias dedicadas a la apicultura tradicional.
Ante la contingencia, el acceso a la justicia y a los mecanismos judiciales idóneos está obstaculizado debido a la suspensión de los plazos de las instituciones estatales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se pronunció al respecto y pidió de manera urgente detener la construcción del Tren Maya por vulnerar el derecho a la salud de los trabajadores y de los pueblos originarios.
Global Witness publicó una declaración en la que pide a los gobiernos y a las empresas que defiendan a los activistas de la tierra y del medio ambiente, y que se unan al movimiento por un planeta más resiliente.
En el contexto de la COVID-19, las amenazas y ataques contra personas defensoras del ambiente y de los derechos humanos parecen haberse acelerado en todo el mundo. Además, los pueblos indígenas son desproporcionadamente vulnerables a la pandemia ya que los gobiernos descuidan sus necesidades de atención sanitaria . De otro lado, los mineros y madereros ilegales entran en sus territorios sin precaución, trayendo consigo la amenaza de enfermedades.
La organización afirma que si queremos construir un planeta más resiliente y justo una vez que pase esta crisis, es crucial que las y los defensores de la tierra y el medio ambiente estén mejor protegidos.
Urge una estrategia de información acerca de la pandemia que se adapte a los usos y costumbres de las comunidades indígenas mayas en Holpechén, Campeche, alertó el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes.
Las personas que trabajan como jornaleras y jornaleros agrícolas son uno de los sectores en mayor riesgo debido a que carecen de derechos laborales y de acceso a servicios médicos.
Además, la movilidad de personas a lo largo del municipio suma otro factor de riesgo de contagio.
Dos expertos en derechos humanos de la ONU dijeron que Brasil debe abandonar inmediatamente las políticas de austeridad equivocadas que están poniendo en peligro vidas y aumentar el gasto para combatir la desigualdad y la pobreza exacerbadas por la pandemia COVID-19.
“El brote de COVID-19 ha magnificado los impactos adversos de la enmienda constitucional de 2016 que limitó el gasto público en Brasil durante 20 años”, dijeron el Experto Independiente en derechos humanos y deuda externa, Juan Pablo Bohoslavsky, y el Relator Especial sobre la extrema pobreza, Philip Alston. “Los efectos son ahora dramáticamente visibles en la crisis actual”.
Los expertos habían expresado repetidamente su preocupación por el hecho de que las medidas adoptadas en Brasil estaban priorizando la economía por sobre la vida de las personas.
Las comunidades indígenas de Brasil están en riesgo de contraer COVID-19 y de no recibir la atención adecuada debido a las invasiones en sus territorios, al progresivo desmantelamiento de las políticas de atención a los pueblos indígenas y a un sistema de salud debilitado.
El estado de Amazonas, donde la mitad de la población es indígena, tiene la segunda tasa más alta de mortalidad por COVID-19 en Brasil (abril 2020). Únicamente en Manaos, la capital, existen unidades de cuidados intensivos y están ya rebasadas.
A esto se añade el incremento de invasiones y actividades ilegales en territorios indígenas, como el garimpo (minería) ilegal, el tráfico de vida silvestre y de madera. En marzo, los índices de deforestación aumentaron casi 30%.
También en marzo, un grupo de misioneros sobrevoló zonas habitadas por pueblos indígenas aislados y no contactados, violando una ordenanza del Ministerio Público Federal para evitar el contacto con estos pueblos para evitar la propagación del virus.
AIDA entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) información detallada sobre esta serie de vulneraciones a los derechos indígenas.
En el contexto de emergencia desatado por la COVID-19, AIDA urge a los Estados de América Latina, en especial a los gobiernos, a cumplir con sus obligaciones en materia de protección ambiental y de los derechos humanos, absteniéndose de promover retrocesos al respecto mediante cambios normativos perjudiciales o con la aprobación de proyectos sin una evaluación adecuada de daños sociales y ambientales.
Asimismo, expresa su preocupación por la falta de condiciones para garantizar los derechos a la participación y al acceso a información en materia ambiental de las personas afectadas por proyectos y decisiones de política pública de alto riesgo.
Por ello, AIDA pide a los Estados de la región suspender la aprobación de licencias ambientales y de otro tipo de permisos oficiales para proyectos sensibles y que no tengan relación con la respuesta a la crisis sanitaria, hasta tanto no se puedan garantizar adecuadamente los derechos mencionados.
Ello implica tener en cuenta que actualmente no existen las condiciones necesarias para que las personas afectadas por proyectos acudan a la justicia para defenderse.
