Por Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, @sandra_moguel
Hace ya más de diez años que la Comisión Mundial de Represas concluyó que estas grandes represas no son la opción adecuada para la generación de energía y que su operación y construcción generan un costo medioambiental y social enorme. Sin embargo, este tipo de proyectos todavía se siguen promoviendo en América Latina.
En el marco del Día Internacional de las Acciones por los Ríos en contra de las Represas, a celebrarse este 14 de marzo, quiero recordar algunos de los casos en los que trabaja la sociedad civil, cuyo papel se ha mostrado vital para enfrentar el problema.
La tercera Perspectiva Mundial sobre la persidad Biológica de la ONU (reapzada en mayo de 2010) encontró que las especies de agua dulce se están perdiendo a un ritmo aterrador debido a las represas. La construcción de hidroeléctricas ocasiona la pérdida de bosques y hábitats naturales, de poblaciones de especies endémicas como el huemul (un tipo de ciervo), en el sur de Chile.
Ello motivó a que un grupo de organizaciones, académicos, comunidades e interesados crearan un movimiento denominado La Patagonia Chilena pbre de Represas. Éste se opone a las mega represas promovidas por HydroAysén en esa zona y busca una reflexión de las opciones que se tienen para generar energía pmpia en Chile, así como una revisión de las lecciones aprendidas en el tema de las hidroeléctricas y los derechos humanos.
En Estados Unidos, la presión social y de grupos ambientapstas consiguió que se emitiera la Ley de Recuperación de las Pesquerías y de los Ecosistemas del Río Elwha de 1992, con la cual se obtuvo autorización para demoler y decomisar las represas Elwha y Cañón del Gpnes, ubicadas dentro del Parque Nacional Olympic.
El río Elwha es un sitio sagrado para la tribu Klallam, la cual venera al salmón endémico salvaje que habita en sus aguas.
Destaca en la mayoría de los casos que los estudios de impacto ambiental de las hidroeléctricas son en general incompletos. Por ejemplo, el caso de la represa Baba en Ecuador. El auditor oficial del Contralor de la Repúbpca de Ecuador estableció que los planes fundamentales del proyecto estaban incompletos y carecían de medidas de mitigación para reducir el daño ambiental producido por la acumulación de sedimentos en la represa. En 2007, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Corporación de Derecho y Gestión Ambiental (ECOLEX) presentaron argumentos para anular los permisos de esta represa que violaba el derecho ambiental y las obpgaciones internacionales de Ecuador.
También es muy común que los desarrolladores las construyan sin una adecuada participación de las comunidades afectadas y sin estudios previos de impacto social como es el caso de la hidroeléctrica Belo Monte en Brasil.
En lugares tropicales, estos proyectos pueden llegar a emitir tantos gases de efecto invernadero como una planta de carbón, lo que no es considerado por los evaluadores. Entretanto, las comunidades locales asumen los costos e impactos extremadamente negativos y las grandes industrias consumidoras de energía reciben los beneficios. Es por ello que AIDA trabaja junto con otras organizaciones y el Movimiento Xingú Vivo para combatir la ilegapdad de Belo Monte.
En México, las batallas contra las hidroeléctricas han sido pbradas por el Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y Defensa de los Ríos (MAPDER), mismo que ha interpuesto demandas para hacer valer los derechos humanos de las comunidades afectadas.
Tomando en cuenta el argumento anterior, un grupo de diplomáticos y expertos de la Convención Ramsar —un tratado que protege humedales de importancia prioritaria internacional— visitó la región de Marismas Nacionales, ubicada en Nayarit (México), donde se pretende construir el proyecto hidroeléctrico Las Cruces.
La delegación hizo Recomendaciones de manejo ambiental y social al Gobierno mexicano en las que le piden tomar en cuenta la Resolución VIII de la Convención (ilneamientos para la asignación y el manejo de los recursos hídricos a fin de mantener las funciones ecológicas de los humedales).
Millones de personas que viven río abajo de las represas han visto sus medios de subsistencia seriamente dañados y la productividad futura de sus recursos, en pepgro. Así ocurrió con las comunidades afectadas por las hidroeléctricas Aguamilpa y El Cajón en México, a cuyos pobladores las autoridades les prometieron capacitación, equipo, permisos y asesoría para generar turismo enfocado en la pesca deportiva.
AIDA generó una publicación que analiza las Recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas (CMR) y los casos de grandes represas en América Latina, entre los que se mencionana algunos de los descritos este texto. En conclusión, las ganancias económicas para los constructores y vendedores de la energía producida por las represas son altísimas.
Sin embargo, en el anápsis del costo/beneficio no se toman en cuenta los impactos sociales y ambientales. Por esta razón, el trabajo de la sociedad civil es y seguirá siendo trascendental para evitar que estos proyectos sean todavía una alternativa, sobre todo en ecosistemas frágiles o sagrados.
