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Foto: Manuel Victoria

El arrecife veracruzano: El más grande del Golfo de México

En el Golfo de México, 27 arrecifes de coral forman una cadena montañosa submarina que se extiende por kilómetros entre seis islas. Cientos de especies de peces de colores, pastos marinos, erizos y estrellas de mar, comparten los arrecifes con otras formas de vida. La pesca, el buceo deportivo y el turismo de playa prosperan a lo largo de la costa. Se trata del magnífico arrecife veracruzano, el ecosistema de coral más grande del Golfo.

En 1992, el gobierno de México declaró Área Natural Protegida al Sistema Arrecifal Veracruzano. En 2004, lo enlistó como Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar, un tratado para la protección de humedales, incluidos los arrecifes.

Pese a la relevancia reconocida del arrecife, en 2013, el gobierno redujo el tamaño del Área Natural Protegida y aprobó un proyecto de ampliación portuaria. Comunidades locales y organizaciones impugnaron los permisos ambientales del proyecto demandando la protección del derecho a un ambiente sano. 

El 9 de febrero de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió de manera unánime que las autoridades violaron el derecho a un ambiente sano de residentes de Veracruz al autorizar la ampliación portuaria con base en una evaluación de impacto ambiental fragmentada. Esto implica que los permisos para el proyecto quedan inexistentes y que se de estudiar nuevamente los impactos del proyecto a la salud de los arrecifes, esta vez de manera integral, e incluso la viabilidad de la obra. 

El fallo es un precedente es histórico no sólo en México, sino para toda la región, al permitir el acceso a la justicia ambiental de las personas vecinas de un ecosistema afectado por un proyecto.

 

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Puerto de Veracruz en México

Continúa la violación al derecho a un medio ambiente sano en los arrecifes veracruzanos

Expertas y expertos advierten que la ampliación del puerto de Veracruz fue nuevamente autorizada sin conocer los verdaderos impactos ambientales ni establecer medidas suficientes para prevenir o revertir los daños.Los arrecifes coralinos, uno de los ecosistemas marinos más importantes de México, están en grave riesgo por deficiencias en las evaluaciones de impacto ambiental en ecosistemas marinos y terrestres.Organizaciones nacionales e internacionales denuncian que la nueva autorización va en contra de las medidas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2022 y solicitan una evaluación de impacto ambiental integral.Se hace un llamado a la Secretaría de la Convención Ramsar y al Consejo de Áreas Naturales Protegidas para que se pronuncien en defensa de los arrecifes veracruzanos.En el marco del Día Internacional de la Biodiversidad, este 22 de mayo organizaciones nacionales e internacionales levantan la voz por la protección del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) en México. A tres años de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó cancelar las autorizaciones del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz y realizar evaluaciones integrales basadas en la mejor ciencia disponible, el impacto ambiental real del megaproyecto aún se desconoce.  En 2023 y 2024 los arrecifes de coral del PNSAV han presentado eventos de blanqueamiento alarmantes, resultado de afectaciones acumuladas por el aumento de la temperatura, y probablemente agravados por la sedimentación generada por las obras, el tráfico marítimo y la contaminación del agua. Estas amenazas ponen en grave riesgo uno de los ecosistemas marinos más importantes de México: los arrecifes coralinos. Estos impactos podrían ser mitigados por un proceso adecuado de evaluación de impacto ambiental y un manejo integral costero, algo que no se hizo antes de aprobar la ampliación del puerto.En 2022, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó nuevamente de manera fragmentada la ampliación del puerto de Veracruz  mediante el oficio SRA/DGIRA/DG-06257-22. Esta decisión se tomó sin integrar adecuadamente la información científica ni garantizar la participación de las personas que habitan en la zona conurbada, cuyas actividades económicas -como la pesca y el turismo- dependen directamente de la salud de los ecosistemas marinos, impactados por este megaproyecto.Las organizaciones Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice, en conjunto con personas  expertas científicas, analizaron la nueva autorización y detectaron incumpliminetos a la sentencia de la SCJN: No se realizaron nuevos estudios con información actualizada.No se adoptó un enfoque holístico e integral.No se garantizó la participación ciudadana.No se presentaron medidas suficientes y adecuadas para evitar o revertir los impactos ambientales. Además, se ignoraron factores clave señalados por las personas expertas, como los impactos de la construcción en ambientes terrestres y la delimitación de la zona de fondeo a escasos metros de los arrecifes sumergidos la Loma y Los Verdes Norte; así como los impactos de la extracción de rocas para las escolleras, el aumento del tráfico marítimo, la contaminación del mar y la erosión costera causada por el cambio en las corrientes marinas.Ante el incumplimiento por parte de la SEMARNAT de su deber de proteger el derecho a un medioambiente sano, la SCJN ordenó que la Secretaría gestione la asistencia técnica internacional en el marco de la Convención Ramsar, pero debido a la falta de gestiones idóneas y significativas, a la fecha aún está pendiente la misión de asesoramiento con personas expertas designadas por la Secretaría Ramsar. Además, se dispuso que la Administración del Sistema Portuario (ASIPONA) presente un programa de restauración ecológica al Consejo de Áreas Naturales Protegidas, el cual no se ha presentado a la fecha.En los últimos años, diversas organizaciones de la sociedad civil han promovido acciones judiciales y de incidencia para aportar información técnica al caso, exigiendo una nueva evaluación del impacto ambiental que considere el proyecto en su totalidad. Sin embargo, estas acciones no han tenido efecto hasta ahora y el verdadero impacto del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz continúa sin evaluarse conforme a la sentencia de la SCJN y a los más altos estándares en materia del derecho a un medioambiente sano.Ante esta alarmante situación, que pone en riesgo a los arrecifes y los ecosistemas que nos sostienen, en violación al derecho humano a un medioambiente sano, organizaciones nacionales e internacionales hacen una llamado energético a:Al juez del Juzgado Quinto de Distrito: a no dar por cumplida la sentencia sin la realización de la necesaria evaluación de impacto ambiental de forma integral que permita conocer el verdadero riesgo ambiental de la obra portuaria, así como el reconocimiento de todos los impactos en los  ecosistemas marinos y terrestres, así como en las comunidades que de ellos dependen.A la Secretaría de la Convención Ramsar: a realizar urgentemente la misión de asesoramiento pendiente con el fin de evitar daños mayores a los arrecifes y garantizar  prácticas de evaluación de impacto ambiental integrales.Al Consejo de Áreas Naturales Protegidas: a no emitir una opinión favorable sin contar con una evaluación integral de los impactos que sustente un programa de restauración ecológico adecuado. Sumemos nuestras voces en defensa de los arrecifes del Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano y de los ecosistemas que son amenazados por la ampliación del puerto de Veracruz. Llamamos a las autoridades ambientales a garantizar un manejo costero integral, con evaluaciones ambientales completas, como precedente necesario frente a futuras ampliaciones portuarias y otros megaproyectos en México. Contactos de prensaNatalia Ramírez, TerraVida, [email protected], +52 (1) 5584625917Víctor Quintanilla Sangüeza, AIDA, [email protected], +52 5570522107 Ava Ibanez Amador, Earthjustice, [email protected]  

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Sistema Arrecifal Veracruzano
Arrecifes de coral

Siguen sin cumplirse las medidas ordenadas por la Suprema Corte para proteger el arrecife veracruzano

El proyecto de ampliación del puerto de Veracruz amenaza el ecosistema, que alberga la mayor biodiversidad de especies arrecifales del oeste del Golfo de México.   A más de dos años del fallo en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la adopción de varias medidas para proteger el Sistema Arrecifal Veracruzano y los diversos ecosistemas afectados por el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) continúa incumpliendo la sentencia, poniendo en riesgo al arrecife más grande del Golfo de México y sus servicios ambientales. Así lo denunciaron las organizaciones ambientales Territorios Diversos para la Vida, A.C. (TerraVida), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice. El Sistema Arrecifal Veracruzano —Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar desde 2004— alberga la mayor biodiversidad de especies arrecifales del oeste del Golfo de México y es el hogar de varias especies en peligro crítico como la tortuga carey. Los arrecifes son de alta importancia para la comunidad veracruzana porque protegen a la costa de huracanes y sostienen la pescaría y turismo local. El 9 de febrero de 2022, residentes de Veracruz lograron una victoria ante la Suprema Corte en una acción de amparo interpuesta para defender al arrecife veracruzano y otros ecosistemas relevantes de los impactos de la ampliación portuaria. El máximo tribunal determinó que la Semarnat violó el derecho al medio ambiente sano de las y los veracruzanos al encontrar varias deficiencias graves en la aprobación del proyecto. Como consecuencia, la Corte ordenó revocar los permisos para el proyecto, así como reevaluarlo de manera integral, holística y completa, tareas que la Semarnat aún no ha cumplido. "Hoy, el derecho al medio ambiente sano de las personas que viven en la conurbación de Veracruz-Boca del Río-Medellín sigue violentado porque la Semarnat, al volver a evaluar el proyecto portuario en materia de impacto ambiental en 2022, usó información científica desactualizada, pues no se hizo una nueva manifestación de impacto, y toleró la fragmentación del proyecto, al permitir que la canteras de roca para las escolleras quedarán fuera", señaló Francisco Xavier Martínez Esponda, co-coordinador de TerraVida, organización que representa a quienes interpusieron la demanda. "En pocas palabras, no se evaluó el proyecto de manera completa y holística, como ordenó la Corte, y por lo mismo seguimos desconociendo el verdadero riesgo ambiental que supone el proyecto". La autoridad ambiental había autorizado el proyecto de forma fragmentada, dividiéndolo en 15 fragmentos y diluyendo su verdadero impacto. Lejos de cumplir lo establecido en el fallo, el 30 de diciembre de 2022, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat autorizó de nuevo la ampliación del puerto de Veracruz, de forma condicionada, pero una vez más de manera fragmentada, sin integrar adecuadamente información basada en la mejor ciencia disponible y sin permitir la participación de las personas. En su decisión, el máximo tribunal dispuso además que la Semarnat estaba obligada, entre otras cosas, a requerir y gestionar asistencia técnica internacional para preservar el sitio en el marco de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección y uso sostenible de humedales y áreas costeras. A la fecha, la Semarnat no ha concretado este apoyo internacional. "A falta de gestiones idóneas y significativas del gobierno, existe un evidente retraso para concretar el asesoramiento de peritos de la Convención Ramsar”, dijo Jorge Lu Palencia, abogado de AIDA. “Resulta paradójico que la ampliación del puerto se haya autorizado estando aún a la espera de una evaluación técnica e independiente que, por su naturaleza, debería ser previa a cualquier decisión que ponga en riesgo al ecosistema". Por otro lado, un análisis científico elaborado por investigadores independientes concluyó que las medidas de mitigación de daño ambiental propuestas por el promovente del proyecto —la Administración del Sistema Portuario de Veracruz— no podrán evitar las consecuencias adversas sobre el arrecife veracruzano porque no hubo una evaluación científicamente válida para cuantificar los impactos. El análisis científico da cuenta que la autoridad ambiental no ha estudiado la totalidad de los arrecifes sumergidos ni emergidos que están dentro del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Asimismo, realizó actividades de dragado y no consideró el impacto directo que ocasionó en las especies de invertebrados que habitan los sedimentos marinos. Ante la situación, es necesaria una evaluación externa, como la que pueden brindar centros públicos de investigación. Por estas razones, las organizaciones, en distintos momentos, han solicitado al Juzgado Quinto de Distrito en Veracruz —a cargo de determinar el cumplimiento de la sentencia— que no permita la repetición de las violaciones que la Suprema Corte ordenó reparar y que por lo mismo no tenga por cumplido el fallo hasta que se corrijan estas situaciones. Contactos de prensa Gabriela Sánchez, TerraVida, [email protected], +52 5511429935 Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107  

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Arrecifes de coral, Océanos

Autoridad ambiental mexicana vulnera obligaciones internacionales con nuevo permiso para ampliación portuaria que amenaza al Sistema Arrecifal Veracruzano

En un escrito legal, AIDA y Earthjustice evidenciaron cómo la Secretaría de Medio Ambiente no reevaluó adecuadamente el impacto ambiental del proyecto en los arrecifes, declarados Patrimonio de la Humanidad, de acuerdo con los términos dispuestos por la Suprema Corte.   Ciudad de México, México. Las organizaciones internacionales AIDA (Asociación Interamerican para la Defensa del Ambiente) y Earthjustice presentaron hoy un escrito legal ante el Juzgado Quinto de Distrito de Veracruz con el fin de garantizar la protección del Sistema Arrecifal Veracruzano frente al proyecto de ampliación del puerto de Veracruz. Al autorizar nuevamente el proyecto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no solo incumplió un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que también desconoció obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de protección del ambiente y los derechos humanos, incluido el derecho humano a un medio ambiente sano, garantizado en la Constitución mexicana. Así lo evidenciaron ambas organizaciones en el escrito legal (Amicus Curiae o "Amigo del Tribunal"). En él solicitan que el juzgado —que está a cargo de determinar si la sentencia de la SCJN se cumplió o no— establezca el desacato y obligue a la Semarnat a examinar de nuevo el proyecto con base en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental requerido por el alto tribunal. "Las autoridades deben cumplir con la orden de la Suprema Corte y proteger este tesoro natural de México.  El derecho humano a un medio ambiente sano no puede ser ignorado", dijo Guillermo Zúñiga, originario de Veracruz y abogado de Earthjustice. "El arrecife no sólo alberga la mayor biodiversidad de especies en la región central del Golfo de México, sino que también ayuda a mitigar el impacto de marejadas y huracanes. Las personas que crecimos aquí y las que ahora tienen aquí su hogar conocemos el valor de este santuario donde la tierra y el mar armonizan en unidad". El 9 de febrero de 2022, residentes de Veracruz lograron una victoria ante la Suprema Corte en una acción de amparo interpuesta para defender el Sistema Arrecifal Veracruzano —el arrecife más grande del Golfo de México— y sus servicios ambientales frente al proyecto de ampliación del puerto de Veracruz. La Suprema Corte ordenó la revocación de los permisos para las obras al determinar que la Semarnat, al avalar el proyecto, violó el derecho al medio ambiente sano de las y los veracruzanos. Pese a la importancia ecológica, cultural y económica del Sistema Arrecifal Veracruzano, la autoridad ambiental había autorizado la ampliación portuaria de forma fragmentada, dividendo el proyecto en 15 fragmentos y diluyendo su verdadero impacto. Además, excluyó por completo de su análisis un arrecife no emergente ("La Loma") ubicado en el área del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. En su fallo, la Suprema Corte ordenó a la autoridad ambiental reevaluar el proyecto de manera integral, holística y completa. Además, dispuso que la nueva evaluación se hiciera conforme los elementos que componen el derecho a un ambiente sano, así como los principios de prevención y precaución, consagrados en el derecho internacional. Y pidió también solicitar el apoyo del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas y del Comité Internacional de Humedales de la Convención Ramsar para diseñar un esquema de protección para el Sistema Arrecifal Veracruzano. "En este momento, el juzgado tiene la oportunidad de confirmar el efecto transformador del fallo de la Suprema Corte y sentar un precedente valioso para la protección real, no solo en papel, de los arrecifes veracruzanos y del derecho universal a un ambiente sano", señaló Sandra Moguel, abogada del Programa de Ecosistemas de AIDA. "Incluir a las autoridades internacionales de la Convención Ramsar implicaría fortalecer con conocimiento técnico y transparencia la evaluación de impacto ambiental del proyecto". Como se demuestra en el escrito, al otorgar un segundo permiso al proyecto —el 30 de diciembre de 2022— la Semarnat incumplió la sentencia de la Corte y las obligaciones del Estado mexicano porque: No requirió un nuevo estudio de impacto ambiental —obligatorio para proyectos de esta envergadura según el derecho internacional y la legislación nacional— para analizar los impactos acumulativos de todos los segmentos del proyecto original. Al contrario, la autoridad ambiental basó su evaluación en las manifestaciones originales deficientes. Aun así, dejó fuera de su análisis tres de los segmentos originales. No sometió su nueva evaluación a una consulta pública ni publicó información nueva sobre los impactos del proyecto antes de autorizarlo otra vez. De esta manera, desconoció los derechos de las personas de Veracruz a la participación pública y al acceso a información en la toma de decisiones en asuntos ambientales. Todavía no ha solicitado el apoyo del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas ni del Comité Internacional de Humedales. La participación de dicho comité es de particular importancia debido a su experiencia y conocimiento técnico en la protección de áreas protegidas y humedales.   El Sistema Arrecifal Veracruzano es Área Natural Protegida designada por legislación nacional, humedal de importancia internacional bajo la Convención Ramsar y Patrimonio de la Humanidad bajo la UNESCO.   AIDA es una organización internacional sin fines de lucro que lleva 25 años protegiendo el derecho humano a un ambiente sano en el continente americano. Earthjustice es la principal organización de derecho ambiental de interés público sin fines de lucro de Estados Unidos de América.  Su objetivo social como persona jurídica se enfoca en utilizar el poder de la ley y la fuerza de la asociación para proteger la salud de las personas, preservar sitios magníficos y la vida silvestre, promover la energía limpia y combatir el cambio climático.   Contactos de prensa Sandra Moguel, AIDA, [email protected], (español e inglés) Guillermo Zúñiga, Earthjustice, [email protected] (español) Kathryn McGrath, Earthjustice, [email protected] (inglés)  

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