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Foto: UNFCCCSiguiendo las negociaciones climáticas en la ONU
Los fenómenos derivados de los cambios en el clima son cada vez más extremos e impactan con mayor dureza a comunidades de países en desarrollo. Vigente desde 1994, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece acciones para limitar el incremento de la temperatura promedio global y enfrentar los efectos de la crisis climática.
Los países parte de la Convención y del Acuerdo de París se reúnen cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP) para revisar sus compromisos, los avances en el cumplimiento de los mismos y los desafíos pendientes en la lucha global contra la crisis climática.
El Acuerdo de París fue adoptado en la COP21 de 2015. Busca fortalecer la respuesta mundial ante la emergencia climática, estableciendo un marco común de trabajo para todos los países en función de sus capacidades y mediante la presentación de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que permitan:
- Limitar el aumento de las temperaturas globales a 2°C en comparación con los niveles preindustriales y continular los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C;
- Aumentar la capacidad de los países para adaptarse a los impactos del cambio climático; y
- Garantizar que el financiamiento responda al objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Nuestras áreas de trabajo
CRISIS CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS
La crisis climática, por su carácter transversal, tiene repercusiones en distintos ámbitos, geografías, contextos y personas. En ese sentido, el preámbulo del Acuerdo de París señala que es obligación de los Estados "respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional".
A través del litigio climático y la incidencia política, AIDA trabaja para lograr una transición energética justa y respetuosa de los derechos humanos y con enfoque de género.
AIDA en las COP
COP25: Chile-Madrid 2019
En la COP25, celebrada en Madrid, España, abogamos por la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en diversos temas de la agenda. Promovimos la incorporación de amplias salvaguardas socioambientales en la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París, referido a los mercados de carbono. Seguimos de cerca la adopción del Plan de Acción de Género, así como la Red de Santiago, creada “para catalizar la asistencia técnica […] en países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”. Impulsamos además la inclusión en los compromisos climáticos de los países de metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta.
COP26: Glasgow 2021
AIDA asistió a la COP26 en Glasgow, Escocia, llevando la voz de América Latina. Tras la cancelación de las negociaciones en 2020, la COP26 generó un momento importante para retomar las acciones de incidencia en cuanto al aumento de la ambición climática y el cierre del libro de reglas del Acuerdo de París. AIDA abogó por la inclusión de los más altos estándares de derechos humanos en las decisiones relativas a los mercados de carbono, el financiamiento climático y la regulación de las pérdidas y daños. Durante nuestra participación, brindamos información de fácil acceso sobre estos temas a nuestros aliados y socios en la región. Además, expusimos los avances del litigio climático en América Latina junto con nuestros aliados de Climate Action Network (CAN) y Climate Action Network Latin America (CANLA), entre otras otras redes y grupos de trabajo.
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Últimas Noticias
La próxima primavera no puede ser silenciosa
¿Hasta dónde debe llegar la ciencia cuando está en juego la vida? Hay quienes prefieren que científicos y científicas permanezcan en laboratorios y aulas, alejados de las decisiones políticas y económicas que, con frecuencia, responden a intereses ajenos al bienestar colectivo. Otros creemos que la ciencia no puede limitarse a comprender la realidad; también debe empujar las decisiones colectivas en favor del bienestar general y, en definitiva, poner la vida en el centro. Mi participación en la preconferencia académica en Santa Marta —durante la Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles— reavivó esta reflexión y algunas lecciones que había estudiado en mi formación y que, revisadas hoy, cobran una urgencia distinta. El plomo y la batalla por la verdadA principios de la década de 1920, la gasolina con tetraetilo de plomo se presentaba como un símbolo de progreso industrial. Mejoraba el rendimiento de los motores y el mundo estaba ansioso por aumentar la productividad (a menudo por encima de aspectos cruciales como la salud humana). El plomo también se convirtió en un componente habitual de pinturas, maquillaje y productos cotidianos, liberando uno de los contaminantes más tóxicos de la era industrial sin advertencia a la población.Al mismo tiempo, el geoquímico Claire Patterson intentaba medir la edad de la Tierra a través del análisis isotópico de uranio y plomo en meteoritos. Determinó que nuestro planeta tiene aproximadamente 4.500 millones de años, pero su hallazgo más urgente fue otro: la medición del plomo.Lograrlo fue extraordinariamente difícil, ya que al parecer todo estaba contaminado de plomo, incluso el laboratorio a través de la pintura, y los gases de los autos que ingresaban desde la calle. Patterson descubrió que la actividad humana había incrementado drásticamente la exposición a este metal, poniendo en riesgo a millones de personas a daños neurológicos y otros problemas de salud pública, especialmente en niños. Empresas como Ethyl Corporation y General Motors tenían un negocio multimillonario en torno al plomo. Aunque existían indicios conocidos de la toxicidad del plomo, como el hecho de que los trabajadores de fábricas de tetraetilo de plomo sufrían alucinaciones y muerte, la industria impulsó la idea falsa de que las concentraciones ambientales eran "seguras". Gran parte de esta campaña en defensa del plomo fue a través del financiamiento de proyectos de investigación con fondos industriales. Así, Patterson fue excluido de paneles científicos, perdió financiamiento institucional y fue etiquetado como "alarmista" o "extremista político". Finalmente, estudios epidemiológicos confirmaron los efectos neurobiológicos en la niñez incluso en concentraciones muy bajas. El impulso de Patterson, la confirmación de los epidemiólogos y un naciente movimiento ambientalista en Estados Unidos en las décadas de 1960 y 1970, logró finalmente la regulación del plomo a través de la Environmental Protection Agency (EPA), a pesar de las resistencias de la industria que argumentaba altísimos costos económicos. Finalmente, la industria sobrevivió a la regulación y los niveles de plomo en sangre de la población disminuyeron drásticamente, obteniendo una de las victorias más importantes en salud pública impulsadas desde la ciencia. La ciencia como acto radicalCuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el dicloro difenil tricloroetano —mejor conocido como DDT— se impulsó como un éxito de la química moderna. Un plaguicida eficaz que permitía controlar vectores de enfermedades y plagas agrícolas, promovido en un ambiente de acelerada industrialización y optimismo tecnológico.Recuerdo que mi madre me contaba cómo su casa, en la costa rural del Ecuador, era fumigada con DDT. "Las tablas quedaban blancas, como si hubieran usado un extintor, y no se podía respirar durante el resto de la tarde", recuerda. Su uso era popular y amplio en toda América Latina. En 1962, la bióloga marina y escritora Rachel Carson publicó La Primavera Silenciosa, sintetizando con rigor y en leguaje sencillo la evidencia científica sobre los efectos ecológicos de pesticidas como el DDT. Carson explicaba cómo funcionan la bioacumulación y persistencia ecológica de estas sustancias, y su impacto más evidente en la disminución de poblaciones de aves. Uno de sus pasajes decía: "…las pocas aves que se veían estaban moribundas, temblaban violentamente y no podían volar. Era una primavera sin voces". Su obra se considera fundacional en la disciplina de la divulgación científica. La reacción de la industria fue coordinada y agresiva. Empresas como Velsicol y Union Carbide financiaron campañas para desacreditarla, cuestionaron su capacidad científica y la calificaron como "emocional", "alarmista" e "histérica". La industria intentó promover la idea de que restringir el uso de estos pesticidas nos haría retroceder en la lucha contra el hambre y las enfermedades. A pesar de ello, Carson había logrado colectar evidencia compleja y traducirla a un lenguaje accesible y profundamente humano; al tiempo, nuevas investigaciones confirmaban la toxicidad de estas sustancias en fauna silvestre y ecosistemas acuáticos. Junto al fortalecido movimiento ambientalista mencionado anteriormente, se logró la progresiva restricción del DDT en varios países. Aunque nunca se prohibió formalmente su uso, se impulsó un manejo integrado de plagas, por lo que no se produjo el colapso sanitario y agrícola que pronosticaban muchas empresas. Cuando la capa de ozono mostró lo innegableTambién durante el siglo XX los clorofluorocarbonos (CFC) fueron utilizados ampliamente en sistemas de refrigeración, aerosoles y procesos industriales debido a su alta estabilidad. Sin embargo, los CFC podían alcanzar la estratosfera y, debido a su estabilidad, podían permanecer décadas en la atmósfera.Los químicos Mario Molina y Sherwood Rowland demostraron que, allí arriba, los CFC liberaban átomos de cloro y estos átomos libres destruían moléculas de ozono en reacción en cadena. Debilitar la capa de ozono aumentaba la exposición a la radiación ultravioleta, incrementando el riesgo de sufrir cáncer de piel, cataratas e impactos en los ecosistemas. La reacción industrial, especialmente de DuPont, fue sembrar la duda cuestionando la solidez de los modelos atmosféricos y argumentando que eran insuficientes para imponer regulaciones estrictas. Sembrar la duda era suficiente para retrasar decisiones políticas y defender inversiones multimillonarias; no era necesario demostrar que su uso era seguro. Molina y Rowland fueron desacreditados y se intentó minimizar el problema en un contexto en el que aún se creía que difícilmente la actividad humana podía alterar procesos atmosféricos.Lo que inclinó la balanza fue que el agujero de la capa de ozono podía verse. En 1985 se midió y visualizó con claridad, y la ciudadanía comprendió rápidamente la urgencia. Una narrativa del fin del mundo, pero con una solución concreta, se difundió rápidamente y movilizó la voluntad política. Todo ello se materializó en el Protocolo de Montreal, considerado hasta ahora uno de los acuerdos ambientales más exitosos de la historia. Hoy la capa de ozono se ha recuperado y millones de casos de cáncer se han evitado. De los patrones del pasado a la urgencia del presenteEn los tres casos que refiero la reacción industrial siguió patrones similares: cuestionar la evidencia científica, exagerar los costos económicos y promover la idea de que cualquier restricción representaría una amenaza para el progreso. ¿Podemos reconocer estos patrones en las industrias extractivas actuales? Durante décadas, la industria de los combustibles fósiles ha financiado grupos anticientíficos y campañas de desinformación que siembran la duda, estrategias comunicacionales destinadas a trasladar la responsabilidad exclusivamente al individuo, lobby político y corporativo bloqueando la acción en las negociaciones climáticas internacionales.Sin embargo, la esperanza también proviene de las lecciones de quienes dedicaron su vida a defender la salud humana y los límites ecológicos del planeta. Nos han demostrado que con evidencia científica contundente, comunicación sencilla y humana, comprensión de la urgencia de la acción y una ciudadanía activa y movilizada podemos transformar la realidad.En ese sentido, la conferencia de Santa Marta y su flamante Panel Científico Asesor para la Transición Energética Global se alzan sobre estos principios y sobre algo completamente innovador: no queda espacio para la duda, hoy tenemos certeza de que los combustibles fósiles han provocado este reto de supervivencia y debemos actuar en consecuencia.La preconferencia académica consistió ya no únicamente en explicar el problema, sino en acelerar su implementación política y social. Mi participación se centró en el Grupo de trabajo de Metano fósil, donde discutimos desafíos concretos: mecanismos de monitoreo, reporte y verificación, cómo evitar quedar anclados al consumo de gas natural si es que se realizan inversiones en recuperación de gas y cómo convertir las estrategias de mitigación en políticas de Estado, más allá de los gobiernos electos. Sin duda, hay más preguntas que certezas, pero avanzar en esta discusión es más urgente que nunca.También allí discutimos el papel del metano como un "freno de emergencia" climático. Mientras los efectos positivos de reducir dióxido de carbono (CO2) pueden tardar siglos en percibirse, la reducción de metano podría generar impactos positivos en apenas décadas. Activar este freno de emergencia para ganar tiempo mediante la mitigación rápida del metano nos permitirá reducir riesgos inmediatos y enfrentar la transición más compleja de los demás gases de efecto invernadero.Pero Santa Marta también fue mucho más que discusiones técnicas. Tuve la oportunidad de conocer pescadores afectados por los puertos carboneros del Caribe colombiano, compartir con ellos pescado frito con tostones —conocidos como patacones en mi natal Ecuador— frente al mar y comprender la profundidad humana de una transición que a veces solo se discute en términos económicos o tecnológicos. También pude presenciar los esfuerzos por integrar conocimientos ancestrales y saberes comunitarios dentro de las discusiones científicas. Aunque sigue siendo una tarea pendiente, pueblos indígenas y comunidades continúan recordándonos algo que la modernidad industrial frecuentemente olvida: toda sociedad necesita reconocer límites ecológicos si aspira a perdurar en el tiempo. Sin embargo, también se evidenciaron desafíos importantes. A pesar de la diversidad de actores presentes, los diálogos entre personas científicas, jóvenes y comunidades se limitaron a instancias aisladas. Y aunque nos encontrábamos en una ciudad latinoamericana, gran parte de las conversaciones se desarrollaron exclusivamente en inglés, lo que limitó la participación plena de muchas y muchos actores del sur global y reprodujo desigualdades históricas en la producción del conocimiento. Aún así, salí de Santa Marta con una convicción fortalecida: la esperanza climática no puede ser pasiva.Dependerá de comunidades organizadas, ciencia comprometida con la justicia, liderazgos políticos capaces de priorizar la vida y ciudadanas y ciudadanos dispuestos a exigir transformaciones profundas. La conferencia de Santa Marta no resolvió el desafío climático, pero nos mostró nuestra responsabilidad histórica para que la próxima primavera no sea silenciosa, sino profundamente viva.
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Principios internacionales para la desinversión responsable de combustibles fósiles
En un contexto de emergencia climática cada vez más grave, las empresas deben retirarse rápidamente de la extracción de carbón, petróleo y gas, así como de las industrias de energía fósil asociadas y de las instalaciones auxiliares de transporte, almacenamiento, refinación y procesamiento. Sin embargo, la necesidad urgente de abandonar los combustibles fósiles no justifica una desinversión irresponsable por parte de las empresas de energía fósil. El cierre rápido y el cierre responsable de la industria de los combustibles fósiles no son agendas incompatibles. Ambas son vitales para lograr justicia climática y ambiental, así como una transición energética justa.En ausencia de políticas y prácticas de desinversión responsables, las comunidades se ven expuestas a la contaminación heredada, así como a riesgos para la salud a largo plazo derivados de infraestructuras abandonadas que no se desmantelan adecuadamente y de la falta de restauración adecuada de los ecosistemas. Muchas comunidades también se enfrentan a una pérdida significativa de medios de vida y a dificultades económicas, ya que la industria de los combustibles fósiles se desinvierte sin tener en cuenta las consecuencias económicas locales, especialmente en los lugares donde se han creado dependencias económicas a lo largo del tiempo.Basados en las experiencias vividas y las demandas de las comunidades y las y los trabajadores(as) afectados(as) por las actividades relacionadas con los combustibles fósiles en todo el mundo, y en consonancia con las obligaciones internacionales existentes de los Estados y los marcos internacionales de responsabilidad corporativa, incluida la responsabilidad de respetar los derechos humanos, estos Principios Internacionales para la Desinversión Responsable de los Combustibles Fósiles establecen una agenda positiva que todas las empresas y los Estados deben seguir para promover una transición justa. Están diseñados para cambiar el desequilibrio de poder que actualmente favorece a las empresas y a los Estados poderosos, con el fin de garantizar que las comunidades y las y los trabajadores(as) afectados(as) tengan capacidad de acción y control sobre cómo se lleva a cabo la desinversión en combustibles fósiles. Su objetivo es que las empresas los sigan y los Estados los hagan obligatorios. Lee y descarga el documento
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Termina la COP30 con algunos aciertos para seguir adelante
Con más de 25 horas de retraso, terminó la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30). La llamada "COP de la Amazonía", celebrada en la ciudad brasileña de Belém do Pará, deja desilusión por no haber cambiado el rumbo, pero también algunos avances para seguir empujando la acción climática. No fue un fracaso total: el multilateralismo sigue vigente, aunque aporreado.La COP30 estuvo marcada por la presencia de pueblos indígenas, sobre todo de la cuenca amazónica, que llenaron calles y eventos paralelos. Sin embargo, según reportes, solo una fracción de estas delegaciones accedió a las salas formales de negociación, mientras que un número desproporcionado de representantes de la industria de los combustibles fósiles sí participaron del evento oficial. Esta asimetría es reflejo de la salud democrática del régimen climático: en la COP de la Amazonía, la fuerza de pueblos indígenas y afrodescendientes se sintió en la calle, pero sus voces siguieron estando subrepresentadas de los espacios de toma de decisiones.A pocos días de iniciada la conferencia, se publicó el más reciente informe de síntesis de las contribuciones determinadas a nivel nacional actualizadas. Su mensaje fue quizás más agrio que dulce, pero dejó un punto rescatable: aunque la brecha para mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 °C sigue siendo enorme y compleja, el informe confirma que el Acuerdo de París sí ha contribuido a encauzar el desafío. Hoy estamos mejor que en un escenario sin acuerdo: se han frenado las proyecciones de crecimiento de emisiones, aunque no lo suficiente.A estas alturas, está claro que las COP no van a “salvar el mundo”, pero tampoco parece posible que salgamos de esta crisis sin la plataforma de cooperación que ofrecen. Desde ahí, vale la pena preguntarse qué nos deja la COP30. El acuerdo aprobado: Global de MutirãoLa palabra "Mutirão" hace referencia al espíritu de colaboración, cuerpo y alma que Brasil quiso traer al proceso de negociación internacional de esta COP.El acuerdo aprobado habla de mantener viva la meta de no superar los 1.5°C en la temperatura del planeta, reconociendo que el tiempo se agota. Para ello propone dos mecanismos voluntarios liderados por la presidencia, que por ahora parecen declaraciones de buena intención que herramientas con dientes: un "acelerador global de implementación" y la "misión de Belém al 1.5°C". En cuanto a financiamiento, el texto establece un programa de dos años de trabajo sobre el Artículo 9.1 del Acuerdo de París, referido a los recursos públicos que los países desarrollados deben proveer, entendiéndose en el contexto del Artículo 9 en su totalidad. Se incluyó una nota al pie para dejar claro que esto no prejuzga la implementación de la nueva meta global. El riesgo que advierten las organizaciones de la sociedad civil es que esta formulación siga diluyendo las obligaciones específicas de los países desarrollados bajo la narrativa de "todas las fuentes de financiamiento", sin reglas claras sobre quién debe poner realmente los recursos y en qué condiciones. El valor real de todo esto aún está por verse en la práctica. Lo ganado: un nuevo mecanismo para la transición justaUn avance importante de la COP30 fue la adopción del Mecanismo de Acción de Belém (BAM, por sus siglas en inglés), un nuevo arreglo institucional bajo el Programa de Trabajo sobre Transición Justa. Fue la principal bandera de la sociedad civil organizada.Se trata de un hub para centralizar y articular iniciativas de transición justa alrededor del mundo, brindando asistencia técnica y cooperación internacional para que la transición no repita los errores de la era de los fósiles.El texto incorpora buena parte de los principios que empujó la sociedad civil latinoamericana —incluyendo de derechos humanos, ambientales y laborales; el consentimiento previo, libre e informado; y la integración de grupos marginados— como pieza clave para lograr acción climática ambiciosa.Aun con brechas en salvaguardas y en la definición de su gobernanza, el BAM es un avance concreto de esta COP en materia de justicia climática. Es un punto de partida para discutir no solo que haya transición, sino cómo y con qué reglas se hace para evitar que se replique la lógica de los fósiles. Su diseño y puesta en marcha concreta se debatirán en las próximas COP: ahí será clave que la región llegue con propuestas sólidas y en bloque. Terminar con los fósiles y la deforestación: dos "casi" que nos ponen en otro peldañoUn acuerdo para dejar atrás los combustibles fósiles y la deforestación —atendiendo de frente y sin más rodeos las causas principales de la crisis climática— "casi" queda en la decisión final.Más de 80 países del norte y del sur pedían una hoja de ruta para salir del petróleo, el gas y el carbón. Y más de 90 apoyaron la idea de otra para detener y revertir la deforestación hacia 2030. Aunque las solicitudes lograron entrar en borradores de la decisión de cierre de la conferencia, desaparecieron del texto final tras la resistencia de los grandes productores fósiles.Aun así, no nos vamos con las manos vacías: Brasil, a cargo de la Presidencia de la COP30, anunció que impulsará dichas hojas de ruta, aunque fuera del régimen formal de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Para el caso de la salida de los fósiles, Colombia se comprometió a coorganizar, junto con los Países Bajos, la primera conferencia global sobre el tema en abril de 2026.Si bien no quedó establecido dentro de las negociaciones oficiales, vale la pena celebrar que por primera vez un grupo tan amplio de países unió fuerzas para conseguirlo. Estos dos "casi" importan: nos dejan en un nuevo piso político y jurídico para las siguientes rondas. Dos herramientas para avanzar con la adaptaciónLa COP30 dejó herramientas para que las negociaciones sobre adaptación sigan adelante.La decisión de Mutirão llama a triplicar la financiación colectiva de adaptación hacia 2035, ligada a los USD 300 mil millones anuales acordados en la nueva meta global. Es menos de lo que pedían los países más pobres (triplicar para 2030, con cifra explícita), sin claridad ni garantía del rol de los países desarrollados, pero es un ancla política que aprovechar.Al mismo tiempo, se adoptó un primer paquete de 59 indicadores para el Objetivo Global de Adaptación (GGA). Varios países africanos y personas expertas los calificaron de "poco claros, imposibles de medir y en muchos casos inutilizables" porque sacrifican precisión y anclaje en las realidades de las comunidades a cambio de destrabar el acuerdo. En respuesta, el texto incluyó la "Visión Belém–Addis", una ventana de dos años para corregir fallas y hacer que el marco sea operativo de aquí a 2027.En resumen, tenemos más promesas de dinero y un marco de indicadores más débil de lo necesario, pero también un proceso donde la región podrá seguir empujando por un GGA útil y un financiamiento de adaptación justo y suficiente. Pérdidas y daños: lento y ni tan seguroEl avance en este tema ha sido desesperantemente lento frente a la urgencia. En la COP30 se acordó por fin la tercera revisión del Mecanismo Internacional de Varsovia. El resultado es frustrante pues las discusiones han durado una década mientras las comunidades ya están pagando el costo del calentamiento.Por otro lado, el Fondo de Respuesta a Pérdidas y Daños, creado hace dos años, lanzó su primer llamado a solicitudes, con un paquete inicial de USD 250 millones en subvenciones para los próximos seis meses. El Fondo cuenta con 790 millones prometidos, pero solo 397 efectivamente depositados, una brecha enorme ante las necesidades estimadas en cientos de miles de millones anuales para países en desarrollo.La esperada presión política para que los países desarrollados aumentaran sus aportes quedó muy diluida en el texto final, aunque al menos se logró vincular al Fondo con la nueva meta global de financiamiento acordada en la COP29. Un nuevo Plan de Acción de GéneroLa COP30 terminó con la adopción de un nuevo Plan de Acción de Género bajo el Programa de Lima renovado. El Plan tiene cinco áreas prioritarias: fortalecimiento de capacidades y conocimiento; participación y liderazgo de las mujeres; coherencia entre procesos; implementación y medios de implementación con enfoque de género; monitoreo y reporte. Además, da una hoja de ruta para que la acción climática sea realmente sensible al género, con indicadores para medir progresos. Metano: un supercontaminante aún sin el protagonismo que exige la ciencia En la COP30, los contaminantes climáticos de vida corta, particularmente el metano, ocuparon un espacio relevante gracias a un pabellón exclusivo donde hubo conversaciones con diversos actores regionales y globales. Además, se presentó el Global Methane Status Report 2025, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Coalición por el Clima y el Aire Limpio. El informe señala avances "significativos" desde el lanzamiento del Global Methane Pledge en 2021. Sin embargo, advierte que el progreso actual aún está lejos de la meta de reducir un 30 % las emisiones de metano al 2030.En las negociaciones oficiales, aunque el borrador del Sharm el-Sheikh Mitigation Ambition and Implementation Work Programme incluía una referencia explícita a la necesidad de mitigar metano mediante una adecuada gestión de residuos, esa mención fue eliminada del texto final, quedando únicamente un llamado general a mejorar la gestión de residuos y restando protagonismo a la urgencia de reducir emisiones de un contaminante cuya mitigación es esencial para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Aun así, durante la COP30 se lanzó la iniciativa global “No Organic Waste (NOW) Plan to Accelerate Solutions”, que busca reducir en 30 % las emisiones de metano provenientes de residuos orgánicos para 2030.En general, esta COP dejó pasar una oportunidad clave para cumplir con su objetivo. Si realmente queremos mantenernos en la senda del Acuerdo de París, debemos tratar al metano como lo que es: una oportunidad decisiva que todavía no estamos aprovechando. ¿Cómo cerramos la COP30 y nos preparamos para la siguiente?La COP31 se llevará a cabo en Turquía, bajo la presidencia de Australia. Y, más allá de las carencias que dejó la COP30, hay al menos cuatro cosas que defender y en las que avanzar: La normalización del debate sobre la salida de los fósiles, con más de 80 países pidiendo abiertamente una ruta y Colombia–Países Bajos llevando esa conversación a una conferencia específica en 2026.Una agenda forestal que, aunque quedó fuera del texto, deja la promesa de una hoja de ruta de Brasil y el respaldo explícito de un grupo amplio de países.Un avance pequeño pero real en adaptación con la decisión de triplicar la financiación y un primer conjunto de indicadores que, aunque débiles, dan algo desde donde empujar mejoras.La creación de un nuevo mecanismo para la transición justa, que puede definir cómo se hace la transición, unificando y potenciando esfuerzos que favorezcan y protejan a personas trabajadoras, comunidades y pueblos indígenas.
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