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Foto: UNFCCCSiguiendo las negociaciones climáticas en la ONU
Los fenómenos derivados de los cambios en el clima son cada vez más extremos e impactan con mayor dureza a comunidades de países en desarrollo. Vigente desde 1994, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece acciones para limitar el incremento de la temperatura promedio global y enfrentar los efectos de la crisis climática.
Los países parte de la Convención y del Acuerdo de París se reúnen cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP) para revisar sus compromisos, los avances en el cumplimiento de los mismos y los desafíos pendientes en la lucha global contra la crisis climática.
El Acuerdo de París fue adoptado en la COP21 de 2015. Busca fortalecer la respuesta mundial ante la emergencia climática, estableciendo un marco común de trabajo para todos los países en función de sus capacidades y mediante la presentación de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que permitan:
- Limitar el aumento de las temperaturas globales a 2°C en comparación con los niveles preindustriales y continular los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C;
- Aumentar la capacidad de los países para adaptarse a los impactos del cambio climático; y
- Garantizar que el financiamiento responda al objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Nuestras áreas de trabajo
CRISIS CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS
La crisis climática, por su carácter transversal, tiene repercusiones en distintos ámbitos, geografías, contextos y personas. En ese sentido, el preámbulo del Acuerdo de París señala que es obligación de los Estados "respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional".
A través del litigio climático y la incidencia política, AIDA trabaja para lograr una transición energética justa y respetuosa de los derechos humanos y con enfoque de género.
AIDA en las COP
COP25: Chile-Madrid 2019
En la COP25, celebrada en Madrid, España, abogamos por la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en diversos temas de la agenda. Promovimos la incorporación de amplias salvaguardas socioambientales en la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París, referido a los mercados de carbono. Seguimos de cerca la adopción del Plan de Acción de Género, así como la Red de Santiago, creada “para catalizar la asistencia técnica […] en países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”. Impulsamos además la inclusión en los compromisos climáticos de los países de metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta.
COP26: Glasgow 2021
AIDA asistió a la COP26 en Glasgow, Escocia, llevando la voz de América Latina. Tras la cancelación de las negociaciones en 2020, la COP26 generó un momento importante para retomar las acciones de incidencia en cuanto al aumento de la ambición climática y el cierre del libro de reglas del Acuerdo de París. AIDA abogó por la inclusión de los más altos estándares de derechos humanos en las decisiones relativas a los mercados de carbono, el financiamiento climático y la regulación de las pérdidas y daños. Durante nuestra participación, brindamos información de fácil acceso sobre estos temas a nuestros aliados y socios en la región. Además, expusimos los avances del litigio climático en América Latina junto con nuestros aliados de Climate Action Network (CAN) y Climate Action Network Latin America (CANLA), entre otras otras redes y grupos de trabajo.
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Transición energética justa en México: Análisis independiente de la NDC 2022 y de su implementación
La crisis climática es uno de los desafíos más urgentes y complejos que enfrenta la humanidad en estos tiempos, afectando en mayor medida a las personas y comunidades en condiciones de vulnerabilidad o con inequidades preexistentes como mujeres, niñas y niños, pueblos indígenas, afrodescendientes y poblaciones campesinas y rurales, entre otros.Con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1,5°C con respecto a los niveles preindustriales, el Acuerdo de París obliga a los Estados Parte a emprender y comunicar las acciones y medidas que realizarán para reducir sus emisiones a través de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (Nationally Determined Contributions o NDC por sus siglas en inglés). Estas medidas se deben basar en la mejor información científica disponible6 e incorporar un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.El Balance Global (Global Stocktake o GST por sus siglas en inglés) —mecanismo de evaluación periódica que determina el avance del cumplimiento del objetivo del Acuerdo de París— indicó que la trayectoria de las emisiones mundiales no es coherente con la limitación del aumento de la temperatura global a 1,5 °C. En consecuencia, subraya la urgencia de implementar reducciones profundas, rápidas y sostenidas de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), e insta a las Partes a integrar esta meta en sus NDC.En la misma línea, el Informe sobre la Brecha de Emisiones 2024 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierte que los países aún están lejos de cumplir los compromisos mínimos de mitigación para 2030, por lo que reconoce que es necesario adoptar y aplicar políticas adicionales y más estrictas en todo el mundo. En este contexto, resulta fundamental no solo aumentar la ambición climática, sino también mejorar sustancialmente la implementación de las políticas adoptadas. Como señala el PNUMA: "la ambición no sirve de nada si no se acompaña de actos". La revisión de las NDC constituye, por tanto, una nueva oportunidad para avanzar hacia un modelo de desarrollo compatible con los límites planetarios, y transformar, al mismo tiempo, los modelos de desarrollo de los países.En América Latina y el Caribe —donde persisten altos niveles de desigualdad, pobreza energética e informalidad laboral— las NDC deben incorporar medidas adicionales a sus metas de mitigación y adaptación que garanticen que su implementación contribuya a una transición energética justa. Esto implica compatibilizar los objetivos de descarbonización con el cuidado del medio ambiente, el respeto de los derechos humanos, la inclusión social y el bienestar de las comunidades.En este marco, el presente informe tiene como objetivo evaluar las medidas y el estado de implementación de la NDC presentada por el Estado mexicano en 2022, en relación con la transición energética justa. Busca, además, ser una herramienta para:informar sobre los avances, brechas y desafíos de la NDC actual.contribuir a una mayor ambición climática en la próxima actualización de la NDC, integrando también un enfoque de transición energética justa. Lee y descarga el informe
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Alerta: Brasil contradiz sua liderança na COP30 ao entregar a Amazônia à indústria do petróleo
Por Sebastián Abad Jara e Florencia Ortúzar* À medida que o Brasil se projeta como anfitrião e líder da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), o país está avançando rapidamente na expansão de sua indústria petrolífera na Amazônia, o coração verde do planeta.Isto compromete seriamente a credibilidade das negociações climáticas e o próprio objetivo do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global a 1,5°C em relação ao período pré-industrial, ao qual o governo brasileiro alinhou sua meta climática mais recente. Expansão alarmante da fronteira petrolífera na AmazôniaNo dia 17 de junho —em meio a protestos de grupos ambientais e indígenas—, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil (ANP) realizou um leilão de 172 blocos para exploração de petróleo. A maioria dos lotes está em áreas ainda inexploradas, incluindo 47 em águas profundas próximas à foz do Rio Amazonas e da Bacia Amazônica, ao lado de territórios indígenas.Dessa oferta, 19 blocos foram adquiridos pela Chevron Brasil Oil, ExxonMobil Brasil, Petrobras e CNPC Brasil e ameaçam um ecossistema de importância crítica devido à sua biodiversidade única e função como sumidouro de carbono.Tudo isso está acontecendo meses antes do Brasil sediar a primeira COP realizada na Amazônia, programada para os dias 10 a 21 de novembro na cidade de Belém do Pará.A decisão do governo brasileiro representa um grave retrocesso ambiental, com consequências potencialmente irreversíveis, além de um impacto ambiental e climático devastador. De acordo com estudos recentes, queimar o petróleo existente na floresta amazônica pode liberar até 4,7 gigatoneladas de CO₂ na atmosfera, mais do que todas as emissões acumuladas do Brasil nos últimos cinco anos.A medida também é um duro golpe para a legitimidade de uma COP latino-americana, que pretende marcar uma mudança de rumos.Nessa mesma linha, organizações da sociedade civil de todo o mundo fizeram um chamado urgente para reformar as negociações climáticas da ONU. Ameaças ao meio ambiente e aos direitos humanosEm resposta à situação, o Ministério Público Federal do Brasil entrou com uma Ação Civil Pública pedindo a suspensão da expansão da produção de petróleo na Margem Equatorial, em especial na Bacia Amazônica. A ação argumenta que a ausência de avaliação do impacto climático e de consulta às comunidades afetadas constitui violação do direito humano à estabilidade climática e pode levar à responsabilização internacional do Estado brasileiro.Para facilitar o início dos trabalhos, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) aprovou [enlace] um Plano de Proteção e Atendimento à Fauna Oleada apresentado pela Petrobras para testar na prática a capacidade de resposta em caso de acidentes com derramamento de óleo.O plano foi aprovado apesar das objeções de 29 especialistas da própria instituição, que alertaram para as graves deficiências ambientais e indígenas. Embora a autorização seja preliminar, ela abre caminho para a expansão extrativista sem as devidas salvaguardas de proteção ambiental e dos direitos humanos.Mas essa não é a única ameaça. O Projeto de Lei 2159/2021, atualmente em tramitação, compromete substancialmente os processos de avaliação de impactos ambientais, limitando seu escopo e qualidade técnica em todo o país. A lei vai permitir a concessão de licenças simplificadas sem análise técnica preliminar, isenções para setores agrícolas e de infraestrutura e a exclusão de terras indígenas e quilombolas sem titulação dos processos de consulta prévia.De acordo com o recente Comunicado dos Relatores Especiais da ONU, essa regulamentação pode causar danos irreversíveis ao meio ambiente e aos direitos humanos, além de violar os compromissos internacionais do Brasil.A abertura de novos poços de petróleo em áreas sensíveis e a aprovação de leis ambientais regressivas podem levar o Brasil a violar seus compromissos com o Acordo de Paris, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a Convenção de Ramsar sobre Zonas Úmidas e a Convenção sobre Diversidade Biológica, entre muitos outros instrumentos internacionais. A necessidade de coerência para uma verdadeira liderança climáticaO panorama apresentado mostra uma contradição do Brasil na liderança real e coerente ao que se espera do país tendo em vista a COP30 em Belém.Brasil promete reduzir suas emissões em até 67% até 2035, mas se continuar com essa agenda extrativista, trairá não apenas seus compromissos climáticos, mas também a esperança de milhões de pessoas que confiam que a COP para a Amazônia e a América Latina será um ponto de virada em direção a um futuro justo e sustentável.É urgente que o governo brasileiro fortaleça seu sistema jurídico ambiental, cumpra rigorosamente suas obrigações internacionais e garanta os direitos dos povos indígenas e comunidades locais, bem como a proteção dos ecossistemas amazônicos.O Brasil ainda tem tempo de mostrar a liderança que tanto necessitamos, de fazer com que a COP30 seja lembrada como a COP da Amazônia e de impedir que a maior floresta tropical do mundo, assim como ecossistema mega variedado e estabilizador climático global, seja destruído e entregue à indústria petrolífera. *Sebastian Abad Jara é advogado do Programa de Ecossistemas da AIDA, e Florencia Ortúzar é diretora do Programa Climático.
Leer másAlerta: Brasil contradice su liderazgo en la COP30 al entregar la Amazonía a la industria petrolera
Por Sebastián Abad Jara y Florencia Ortúzar* Mientras Brasil se proyecta como anfitrión y líder de la trigésima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), el país avanza de manera acelerada en expandir la industria petrolera en la Amazonía, el corazón verde del planeta.Esto compromete gravemente la credibilidad de las negociaciones climáticas y el objetivo mismo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5ºC en comparación con el periodo preindustrial, al cual el gobierno brasileño alineó su meta climática más reciente. Alarmante expansión de la frontera petrolera en la AmazoníaEl 17 de junio pasado —en medio de protestas de grupos ambientales e indígenas—, la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles de Brasil adjudicó 19 bloques para exploración y explotación petrolera en la región de la Foz del Amazonas, un ecosistema de importancia crítica por su biodiversidad única y su función como sumidero de carbono.De los 172 bloques petrolíferos que estaban en subasta, la mayoría están ubicados en zonas sin producción actual, como 47 bloques costa afuera, cerca de la desembocadura del río Amazonas y dos situados en el interior de la Amazonía, cerca de territorios indígenas. Los 19 bloques adjudicados —que están costa afuera— fueron entregados a las empresas Chevron Brasil Óleo, ExxonMobil Brasil, Petrobras y CNPC Brasil.Esto sucede meses antes de que Brasil acoja la primera COP en celebrarse en la Amazonía, que tendrá lugar del 10 al 21 de noviembre en la ciudad de Belém do Pará.La decisión del gobierno brasileño representa un grave retroceso ambiental, con consecuencias potencialmente irreversibles, además de un impacto ambiental y climático devastador. Según un estudio, la quema del petróleo existente en la Foz del Amazonas podría liberar hasta 4,7 gigatoneladas de CO₂, más que todas las emisiones acumuladas por Brasil en los últimos cinco años.También es un duro golpe a la legitimidad de una COP latinoamericana que aspira a marcar un cambio de rumbo.En esa misma línea, organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo hicieron un llamado a la reforma urgente de las negociaciones climáticas de la ONU. Amenazas para el ambiente y los derechos humanosEn respuesta a la situación, el Ministerio Público Federal presentó una Acción Civil Pública solicitando la suspensión de la expansión petrolera en la Margen Ecuatorial, particularmente en la Foz del Amazonas. La demanda argumenta la falta de evaluación del impacto climático y de consulta con los pueblos afectados, lo que constituye una violación al derecho humano a un clima estable que podría implicar responsabilidad internacional para el Estado brasileño.Para facilitar el inicio de la exploración petrolera en la Amazonía, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, aprobó el Plan de Protección y Atención para la Fauna Petrolera, presentado por Petrobras para probar en la práctica la capacidad de respuesta en el caso de accidentes de derrames de petróleo.El plan fue aprobado a pesar del cuestionamiento de 29 especialistas de la propia institución, quienes alertaron sobre serias deficiencias ambientales y en relación con los pueblos indígenas. Aunque la autorización es preliminar, abre la puerta a una expansión extractiva sin garantías debidas para la protección del ambiente y los derechos humanos.Pero esta no es la única amenaza. El proyecto de ley 2159/2021, actualmente en trámite, pone en riesgo sustancial los procesos de evaluación de impacto ambiental, limitando su alcance y calidad técnica en todo el país. La ley permitiría el otorgamiento de licencias simplificadas sin análisis técnico previo, exenciones para amplios sectores agrícolas y de infraestructura, así como exclusión de tierras indígenas y quilombolas no tituladas en los procesos de consulta previa.Según una reciente comunicación de Relatores Especiales de la ONU, esta norma podría ocasionar daños irreversibles al ambiente y los derechos humanos, además de vulnerar los compromisos internacionales de Brasil.Abrir nuevos pozos petroleros en zonas sensibles del país y aprobar medidas legislativas regresivas en materia ambiental pueden llevar Brasil a violar las obligaciones asumidas como país bajo el Acuerdo de París, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Ramsar sobre los Humedales y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, entre muchos otros instrumentos internacionales. La necesidad de coherencia para un liderazgo climático realEl panorama descrito evidencia la contradicción de Brasil con el liderazgo real y coherente que se espera del país con miras a la COP30 en Belém.Brasil promete reducir sus emisiones hasta en 67 % para 2035. Pero, de seguir adelante con esta agenda extractiva, traicionará no solo sus compromisos climáticos, sino también la esperanza de millones de personas que confían en que la COP de la Amazonía y de América Latina será un punto de inflexión hacia un futuro justo y sostenible.Es urgente que el gobierno brasileño refuerce su marco jurídico ambiental, cumpla de forma estricta sus obligaciones internacionales y garantice los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como la protección de los ecosistemas amazónicos. Brasil aún está a tiempo de demostrar el liderazgo que tan urgentemente necesitamos, de hacer que la COP30 sea recordada como la COP de la Amazonía y de evitar que el mayor bosque tropical del mundo, además de un ecosistema megadiverso y un estabilizador climático global, sea entregado a la industria petrolera. *Sebastian Abad Jara es abogado del Programa de Ecosistemas de AIDA y Florencia Ortúzar es directora del Programa de Clima.
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