Project
Foto: UNFCCCSiguiendo las negociaciones climáticas en la ONU
Los fenómenos derivados de los cambios en el clima son cada vez más extremos e impactan con mayor dureza a comunidades de países en desarrollo. Vigente desde 1994, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece acciones para limitar el incremento de la temperatura promedio global y enfrentar los efectos de la crisis climática.
Los países parte de la Convención y del Acuerdo de París se reúnen cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP) para revisar sus compromisos, los avances en el cumplimiento de los mismos y los desafíos pendientes en la lucha global contra la crisis climática.
El Acuerdo de París fue adoptado en la COP21 de 2015. Busca fortalecer la respuesta mundial ante la emergencia climática, estableciendo un marco común de trabajo para todos los países en función de sus capacidades y mediante la presentación de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que permitan:
- Limitar el aumento de las temperaturas globales a 2°C en comparación con los niveles preindustriales y continular los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C;
- Aumentar la capacidad de los países para adaptarse a los impactos del cambio climático; y
- Garantizar que el financiamiento responda al objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Nuestras áreas de trabajo
CRISIS CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS
La crisis climática, por su carácter transversal, tiene repercusiones en distintos ámbitos, geografías, contextos y personas. En ese sentido, el preámbulo del Acuerdo de París señala que es obligación de los Estados "respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional".
A través del litigio climático y la incidencia política, AIDA trabaja para lograr una transición energética justa y respetuosa de los derechos humanos y con enfoque de género.
AIDA en las COP
COP25: Chile-Madrid 2019
En la COP25, celebrada en Madrid, España, abogamos por la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en diversos temas de la agenda. Promovimos la incorporación de amplias salvaguardas socioambientales en la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París, referido a los mercados de carbono. Seguimos de cerca la adopción del Plan de Acción de Género, así como la Red de Santiago, creada “para catalizar la asistencia técnica […] en países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”. Impulsamos además la inclusión en los compromisos climáticos de los países de metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta.
COP26: Glasgow 2021
AIDA asistió a la COP26 en Glasgow, Escocia, llevando la voz de América Latina. Tras la cancelación de las negociaciones en 2020, la COP26 generó un momento importante para retomar las acciones de incidencia en cuanto al aumento de la ambición climática y el cierre del libro de reglas del Acuerdo de París. AIDA abogó por la inclusión de los más altos estándares de derechos humanos en las decisiones relativas a los mercados de carbono, el financiamiento climático y la regulación de las pérdidas y daños. Durante nuestra participación, brindamos información de fácil acceso sobre estos temas a nuestros aliados y socios en la región. Además, expusimos los avances del litigio climático en América Latina junto con nuestros aliados de Climate Action Network (CAN) y Climate Action Network Latin America (CANLA), entre otras otras redes y grupos de trabajo.
Proyectos relacionados
Alianza por los Humedales Andinos hace un llamado a proteger estos ecosistemas y la vida que sostienen
Todos los aspectos del bienestar humano están ligados a la salud de los humedales del mundo. Pese a ello, la extensión mundial de los humedales disminuyó entre un 64 y un 71%. Los humedales andinos —entre ellos salares, lagos y lagunas— son ecosistemas de alta importancia ambiental y social. Están en riesgo grave por la crisis climática, los cambios de uso de suelo y la minería de litio, cobre y otros minerales llamados “críticos” para la transición energética. En el marco del Día Mundial de los Humedales —celebrado cada 2 de febrero para generar conciencia acerca del valor de estos ecosistemas para la vida en el planeta—, desde la Alianza por los Humedales Andinos hacemos un llamado a proteger y conservar los humedales andinos en América Latina, así como el agua, la biodiversidad, los territorios y los modos de vida de comunidades indígenas y campesinas que dependen de ellos. Los humedales andinos —entre ellos salares, lagos y lagunas— son ecosistemas de alta importancia ambiental y social, pero también muy frágiles por sus características, cuyo elemento central es el agua. Desde la Alianza por los Humedales Andinos, —integrada por organizaciones ambientales de Bolivia, Chile, Argentina y de carácter regional—, advertimos que estos humedales están en riesgo grave por los impactos de la crisis climática, los cambios en el uso del suelo y los impactos negativos de actividades extractivas como la minería de litio, de cobre y de otros minerales ahora llamados “críticos” por su contribución al debate de la transición energética. El incremento de la demanda de litio en el norte global ha puesto en marcha un proceso acelerado de extracción y producción a nivel global, enfocado en regiones ricas en este mineral, como los salares andinos de Argentina, Bolivia y Chile —países que albergan más del 53% de los recursos globales. Este año, la Secretaría de la Convención Ramsar resalta que todos los aspectos del bienestar humano están ligados a la salud de los humedales del mundo. Es un llamado a valorarlos y a mantenerlos sanos para seguir contando con suministro de agua y alimentos, una biodiversidad global próspera, medios de vida, protección frente a eventos meteorológicos extremos y apoyo en la mitigación de la crisis climática. Según datos de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, la extensión mundial de los humedales disminuyó entre un 64 y un 71% durante el siglo XX y la pérdida y degradación de estos ecosistemas continúa en todo el mundo. Actualmente, hay 257.182.378 ha de humedales considerados de importancia internacional bajo el tratado en 172 países. Frente a esta tendencia global, la Alianza por los Humedales Andinos promueve una transición socioecológica justa, participativa y popular con una visión de largo plazo, en la que se priorice la gestión integral del agua bajo un enfoque de justicia socioambiental y climática. La restauración de los humedales es esencial para superar la crisis climática y de biodiversidad, así como para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en beneficio de todas las personas. Además, los humedales aportan a las ciudades, centros poblados, comunidades y a sus habitantes múltiples beneficios económicos, sociales y culturales fundamentales para el bienestar humano. Citas de miembros de la Alianza por los Humedales Andinos Ramón Balcazar, director de la Fundación Tantí, Chile “Abogar por una transición energética justa y popular implica considerar no solo la necesidad de descarbonizar, sino también garantizar la preservación de la biodiversidad y los modos de vida de los pueblos y comunidades. Es hora de adoptar enfoques más radicales y propositivos que busquen un equilibrio entre la satisfacción de necesidades y la conservación, priorizando la justicia socioambiental en el camino hacia un futuro más sostenible”. Pía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina “La minería de litio en humedales implica graves alteraciones en su disponibilidad para la biodiversidad y las personas, y para el funcionamiento de los ecosistemas en su conjunto. La minería de litio incumple, además, con distintos derechos humanos como el derecho a la consulta previa, libre e informada para comunidades indígenas respecto a actividades que puedan afectarlas, así como también con el acceso a la información pública, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, garantizadas por la normativa internacional y nacional”. Claudia Velarde, cocoordinadora del Programa de Ecosistemas de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) “Es imprescindible reforzar el vínculo agua-territorio-energía-vida para plantear una transición energética justa. Los salares, lagos y lagunas andinas son sistemas de vida complejos y frágiles. Las comunidades y pueblos que los habitan custodian una sabiduría ancestral que mantiene el equilibrio en el ecosistema. El agua, como elemento central del paisaje, es hábitat y fuente de vida para innumerables especies de flora y fauna. Todo esto, y más, es lo que está en riesgo cuando la transición energética corporativa presiona para la rápida y descontrolada extracción de minerales críticos en los humedales andinos, que avanza sin respetar los derechos humanos ni los estándares internacionales de protección ambiental. Es momento de cuestionar si la apuesta por los minerales a toda costa es la transición que el mundo necesita realmente o si únicamente replica el viejo modelo extractivo creando nuevas zonas de sacrificio en América Latina”. Integrantes de la alianza: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asamblea PUCARÁ (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) de Argentina; el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) y Empodérate de Bolivia; ONG FIMA, Defensa Ambiental y Fundación Tantí de Chile; y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional. Contacto de prensa: Victor Quintanilla-Sangüeza (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
Leer más
5 años de la Reserva Nacional Kawésqar: los temas que siguen pendientes para su protección
Comunidades locales denuncian que la zona se encuentra altamente exigida por la salmonicultura, que no está cumpliendo con la normativa ambiental. El 30 de enero del año 2019, se publicó en el Diario Oficial el decreto que dio origen a la Reserva Nacional Kawésqar, en Magallanes, que se extiende por 2 mil 842 hectáreas entre fiordos y penínsulas patagónicas. Con esta calificación se buscaba garantizar la protección de esta zona, su territorio y biodiversidad, así como establecer que es deber del Estado procurar su conservación. Este 2024 se cumplen 5 años de este hito, lo que lleva a la pregunta: ¿se está logrando el objetivo? Los reclamos de la comunidadCon la calificación de Reserva Nacional, esta zona fue separada del Parque Nacional Kawéskar, que ofrece una protección más amplia. A juicio de las comunidades locales, esta división administrativa determina de forma antojadiza qué priorizar y separa la tierra del mar, como si fueran elementos independientes, lo que hace "que las divisiones y confusiones crezcan a todo nivel", dice Eric Huaiquil Caro, miembro de las Comunidades Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar. También, acusa que los "acuerdos que se tomaron en la consulta indígena no han tenido respuesta". Por último, Caro pide que la conservación de esta reserva se haga "sin salmoneras y esperamos que eso quede fijado en el Plan de Manejo que será sometido a consulta en el mes de marzo de 2024". Una zona sobreexigidaDentro de la Reserva Nacional Kawésqar están los bosques de alga parda más ricos del país, cuyo ecosistema se considera clave en el combate del cambio climático, ya que pueden absorber altos niveles de dióxido de carbono y regenerar sistemas marinos. A pesar de que el Estado debe garantizar su protección, la zona está experimentando una gran presión por parte de la industria de la salmonicultura. A modo de ejemplo, existen 133 concesiones aprobadas en toda la Región de Magallanes y 85 en trámite, de las cuales 68 aprobadas y 57 en trámite están en la Reserva Nacional Kawésqar, "lo que nos parece insólito porque está comprobado que la industria salmonera no es sustentable ni compatible con el cuidado ecosistémico de la reserva. Esto es fundamental en la creación del Plan de Manejo de la Reserva, que actualmente se está diseñando y que debe establecer la incompatibilidad de la industria con el mandato de protección de la zona, tal como está documentado en el informe que hemos realizado junto a las comunidades", afirma Cristina Lux, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)."El 43% de las concesiones aprobadas al interior de la Reserva Nacional Kawésqar ha presentado condiciones de anaerobia dentro del marco de sus operaciones, de acuerdo con información obtenida de los Informes Ambientales para la Acuicultura. Esto quiere decir que sufren o han sufrido pérdida total o parcial de oxígeno, lo que afecta las condiciones de vida de toda la biodiversidad de la zona”, agrega Estefanía González, subdirectora de Campañas de Greenpeace Chile.De ahí que el impacto, dice Sofía Barrera , abogada de ONG FIMA, es “enorme y altamente destructivo”.“Para empezar, estos centros de cultivo se concentran en apenas siete sectores (Península Staines, Seno Taraba, Estrecho Poca Esperanza y Canal Vlados, Seno Glacier, Seno Skyring, Isla Desolación y Golfo Xaltegua), lo que también concentra los efectos sinérgicos. Algunos de estos son el impacto de las rutas de las embarcaciones, la matanza de lobos marinos para evitar que ataquen las jaulas de salmones, la sobreproducción de salmones, la presencia de basura fuera de los polígonos de concesiones y la detección del virus ISA en los centros de cultivo, que termina por enfermar al resto del ecosistema marino, algo que ha sido reconocido por los Tribunales Ambientales", agrega Barrera. "Además, la dispersión de materia orgánica desde los centros de cultivo provoca eutrofización, eventos de floración de algas nocivas (FAN), generando alteraciones significativas en la calidad del agua y afectando la vida marina", aporta González.A juicio de las representantes de estas tres organizaciones, a pesar de las prohibiciones legales y de las exigencias ambientales, que muchos de estos proyectos se hayan ingresado y aprobado mediante declaraciones de impacto ambiental, plantea cuestionamientos legales y políticos. "¿Por qué la autoridad no está velando por el cuidado real de esta zona? ¿Qué intereses se están cuidando y cómo está influyendo la industria salmonera en nuestras autoridades?", plantea Barrera.Lamentablemente, añade González, cuando se han pedido explicaciones, "no hemos recibido respuestas ni certezas. Por ello es urgente avanzar hacia un plan de manejo que resguarde realmente este ecosistema y no permita más centros que pongan en riesgo a la biodiversidad". Contacto de prensaVíctor Quintanilla (AIDA), [email protected], +521 5570522107
Leer más
Después de la COP28 en Dubái: El complejo camino hacia Bakú y Belém
Por Javier Dávalos, Claudia Velarde y Marcella Ribeiro* La vigésimo octava Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), celebrada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, fue la más grande de toda la historia en cuanto a número de participantes. Las y los representantes de los Estados parte del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París llevaron adelante intensas discusiones bajo la mirada de actores de diversos sectores. Los resultados finales carecen de la claridad y ambición necesarias para definir la próxima ronda de contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC). Sin embargo, el hecho de que por primera vez en casi 30 años se haya mencionado a todos los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) en la decisión principal del encuentro representa un antes y un después en las negociaciones climáticas. Este hecho marca también el camino hacia las próximas conferencias: la COP29 en Bakú (Azerbaiyán) y la COP30 en Belém do Pará (Brasil). Hacemos a continuación un balance de la COP28 y analizamos sus implicaciones para el futuro de la acción climática en América Latina y el Caribe. Los avances de la COP28 Por primera vez se mencionó en el documento final la necesidad de una transición que abandone los combustibles fósiles en los sistemas energéticos de manera justa, ordenada y equitativa, acelerando la acción en esta década crítica. El texto del Balance Global del estado de implementación del Acuerdo de París también estableció con claridad las metas de triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética. Se ratificó la meta de Glasgow respecto de la reducción de las emisiones de metano para el 2030, así como la salida de los subsidios ineficientes a los fósiles. Se definieron algunos de los elementos clave del programa de trabajo para la transición justa, tales como su alcance, objetivos, resultados y arreglos institucionales. Lo que faltó en la COP28 En cuanto a la transición energética, hizo falta mayor determinación para cerrar la vía a las falsas soluciones climáticas. Por un lado, se hizo un llamado a acelerar la energía nuclear y las tecnologías de reducción y eliminación (captura, utilización y almacenamiento de carbono) y, por otro, se estableció que los “combustibles de transición” pueden facilitar ese proceso y garantizar al mismo tiempo la seguridad energética, dando una implícita vía libre al gas fósil. En materia de adaptación, no hubo avances reales para un marco de acción climática basada en la protección del océano, humedales y bosques; ni un refuerzo a las sinergias operativas entre los procesos políticos clave que rigen los ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros y marinos a nivel mundial. Si bien se dio el primer paso para hacer operativo el Fondo para Pérdidas y Daños, la decisión no incluyó una referencia a los derechos humanos en sus objetivos y misión. Además, limitó la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales en la Junta del Fondo bajo la categoría de observadores invitados. Tampoco se mencionó el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, lo que significa que el fondo sería nutrido únicamente por donaciones. Además, se designó al Banco Mundial como administrador del fondo, poniendo en riesgo que las comunidades más afectadas por los impactos de la crisis climática accedan de modo ágil, directo y sin endeudamiento a los recursos de la reparación. En cuanto a la transición justa, no se reconoció que la transición energética presiona de forma diferente a los territorios de donde se obtienen materias primas o minerales críticos como el litio, el cobre y el cobalto, entre otros. Esto afecta de forma especial a América Latina. Por ello, hubo un gran desacuerdo entre países desarrollados y en desarrollo acerca de mantener la transición en el ámbito nacional o internacional. Se evitó entonces plantear la transición como un proceso de transformación integral y plural que implique crear condiciones sociopolíticas que reestructuren la organización, propiedad y distribución de los sistemas de producción y consumo vigentes para el disfrute del derecho a la energía. Los países no llegaron a un acuerdo respecto de los elementos sustanciales de la nueva meta cuantificada de financiamiento. Los avances se limitaron a definiciones acerca del proceso y los procedimientos para definirla. En 2024, habrá al menos tres diálogos técnicos para discutir los elementos de la meta tales como montos, plazos, metas de financiamiento por área y cómo se medirá el progreso. Lo que sigue: Rumbo a la COP29 y la COP30 Las siguientes conferencias del clima deberán sortear contextos complejos, marcados por la larga crisis del multilateralismo, la injusta distribución de las cargas para la transición energética —en particular en cuanto a la explotación de minerales críticos— y la creciente cooptación de las negociaciones por intereses corporativos de las empresas relacionadas con los fósiles. En este marco, el desempeño de los países de América Latina en la COP28 es un indicio de cómo se irán construyendo sus posturas para la COP29 y la COP30: Brasil buscó posicionarse como un “climate champion”, pero no pudo ocultar su agenda fuerte de extracción de fósiles. Este país, que será la sede de la COP30, trató de explicar sin éxito el anuncio de su adhesión a la Organización de los Países Exportadores de Petróleo ampliada (OPEP+). Además, días después de la COP28, licitó 613 bloques petroleros en la Amazonía con miras a ser el cuarto productor de petróleo del mundo para 2030. Pese a ello, Brasil creó un nuevo programa de trabajo acerca de la meta de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius, que llevará como bandera a la COP30, junto con la protección de la naturaleza y la lucha contra la deforestación. Colombia, por su parte, fue el líder más vocal respecto de la necesidad urgente de la transición, anunciando su adhesión al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles y manteniendo intervenciones claras acerca de la salida de los fósiles en sus paneles e intervenciones públicas, lo cual lo posiciona como un líder regional para las próximas conferencias. Ecuador desperdició la oportunidad de obtener financiamiento y apoyo de la comunidad internacional para implementar la decisión del pueblo ecuatoriano de cerrar el campo petrolero ITT en el Parque Yasuní. Esta omisión podría ser subsanada en la COP29 pues, más allá del delicado contexto interno, el país sudamericano tiene poco menos de un año para cumplir la obligación legal de implementar esta decisión y la comunidad internacional puede y debe ser una aliada para ello. En otro ámbito, y en el marco del proceso de la Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática, AIDA —junto con otras organizaciones—, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos referirse a la decisión adoptada en la COP28 acerca del Fondo para Pérdidas y Daños, pues no cumple ni satisface las obligaciones de los Estados bajo el derecho internacional de los derechos humanos. Se espera que la Corte reconozca el derecho a la reparación climática y aclare que el establecimiento, implementación y funcionamiento de este fondo no excluye la posibilidad de realizar demandas de reparación por pérdidas y daños ni bloquea a otros procesos, medidas o mecanismos judiciales o administrativos para el acceso a la justicia y a la reparación integral de las personas afectadas por los impactos climáticos. *Javier Dávalos es coordinador del Programa de Clima de AIDA, Claudia Velarde es cocoordinadora del Programa de Ecosistemas y Marcella Ribeiro es abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente.
Leer más