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Foto: UNFCCCSiguiendo las negociaciones climáticas en la ONU
Los fenómenos derivados de los cambios en el clima son cada vez más extremos e impactan con mayor dureza a comunidades de países en desarrollo. Vigente desde 1994, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece acciones para limitar el incremento de la temperatura promedio global y enfrentar los efectos de la crisis climática.
Los países parte de la Convención y del Acuerdo de París se reúnen cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP) para revisar sus compromisos, los avances en el cumplimiento de los mismos y los desafíos pendientes en la lucha global contra la crisis climática.
El Acuerdo de París fue adoptado en la COP21 de 2015. Busca fortalecer la respuesta mundial ante la emergencia climática, estableciendo un marco común de trabajo para todos los países en función de sus capacidades y mediante la presentación de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que permitan:
- Limitar el aumento de las temperaturas globales a 2°C en comparación con los niveles preindustriales y continular los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C;
- Aumentar la capacidad de los países para adaptarse a los impactos del cambio climático; y
- Garantizar que el financiamiento responda al objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Nuestras áreas de trabajo
CRISIS CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS
La crisis climática, por su carácter transversal, tiene repercusiones en distintos ámbitos, geografías, contextos y personas. En ese sentido, el preámbulo del Acuerdo de París señala que es obligación de los Estados "respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional".
A través del litigio climático y la incidencia política, AIDA trabaja para lograr una transición energética justa y respetuosa de los derechos humanos y con enfoque de género.
AIDA en las COP
COP25: Chile-Madrid 2019
En la COP25, celebrada en Madrid, España, abogamos por la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en diversos temas de la agenda. Promovimos la incorporación de amplias salvaguardas socioambientales en la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París, referido a los mercados de carbono. Seguimos de cerca la adopción del Plan de Acción de Género, así como la Red de Santiago, creada “para catalizar la asistencia técnica […] en países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”. Impulsamos además la inclusión en los compromisos climáticos de los países de metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta.
COP26: Glasgow 2021
AIDA asistió a la COP26 en Glasgow, Escocia, llevando la voz de América Latina. Tras la cancelación de las negociaciones en 2020, la COP26 generó un momento importante para retomar las acciones de incidencia en cuanto al aumento de la ambición climática y el cierre del libro de reglas del Acuerdo de París. AIDA abogó por la inclusión de los más altos estándares de derechos humanos en las decisiones relativas a los mercados de carbono, el financiamiento climático y la regulación de las pérdidas y daños. Durante nuestra participación, brindamos información de fácil acceso sobre estos temas a nuestros aliados y socios en la región. Además, expusimos los avances del litigio climático en América Latina junto con nuestros aliados de Climate Action Network (CAN) y Climate Action Network Latin America (CANLA), entre otras otras redes y grupos de trabajo.
Proyectos relacionados

Declaración de Manaos sobre los Derechos Humanos en la Emergencia Climática
Los pueblos indígenas, comunidades locales, afrodescendientes, tribales y rurales, niños, niñas y adolescentes, las mujeres, las personas LGBTIQ+, las organizaciones no gubernamentales, las plataformas, las instituciones y los individuos firmantes hacemos un llamado urgente a la adopción de estándares mínimos de protección de derechos humanos en el contexto de la emergencia climática, recogidos durante el periodo de audiencias públicas de la Opinión Consultiva, particularmente la celebrada en Manaos (Brasil), donde comunidades, pueblos y sociedad civil de la región se reunieron en un escenario judicial sin precedentes.Advertimos que el balance general, tras más de 30 años de discusiones internacionales frente a la emergencia climática, es lamentable, por cuanto no se evidencia un compromiso efectivo de los Estados para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), reparar a quienes han sufrido daños climáticos y concretar que los cambios en su política interna y de regulación económica sean compatibles con el límite de temperatura global promedio fijado en el Acuerdo de París.Destacamos que varias cortes internacionales, entre ellas la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene la oportunidad histórica de clarificar formalmente las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos en el contexto de la emergencia climática a través de su función consultiva, y en ese sentido, fijar estándares robustos de protección de los derechos con base en las normas internacionales vigentes para salvaguardar a aquellos grupos poblacionales excluidos y discriminados históricamente y significativamente más vulnerables ante la emergencia climática. Leer y descargar la declaración
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Comunidades e sociedade civil entregam à Corte Interamericana a “Declaração de Manaus” pedindo esclarecer as obrigações dos Estados na emergência climática
São José, Costa Rica. Esta semana, mais de 400 comunidades, povos e representantes da sociedade civil entregaram à Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) a "Declaração de Manaus sobre Direitos Humanos na Emergência Climática".Baseada nas apresentações dos mais de 150 participantes que contribuíram durante as audiências públicas no processo de Parecer Consultivo, o documento insta o Tribunal a articular os padrões mínimos para respeitar e proteger os direitos humanos no contexto da crise climática.As audiências, em Barbados (22 a 25 de abril) e no Brasil (24 a 29 de maio), ofereceram um espaço para ouvir testemunhos impressionantes de pessoas e comunidades afetadas pela emergência climática. Em Manaus, no coração da Amazônia, foi destacada a esperança de que o Tribunal adote um parecer consultivo robusto para proteger as pessoas e o planeta.A declaração pede ao Tribunal detalhar as obrigações dos Estados em questões de direitos humanos e a reforçar a responsabilidade das empresas e atores financeiros no contexto da crise climática."O papel desempenhado pelo Parecer Consultivo da Corte Interamericana é estratégico, num momento histórico para a justiça climática em todo o mundo. A decisão do Tribunal poderá reforçar e ampliar o que já foi estabelecido pelo Tribunal Internacional do Direito do Mar sobre as obrigações de proteger os oceanos das alterações climáticas, e influenciará, sem dúvida, a interpretação posterior que o Tribunal Internacional de Justiça fará dos deveres dos Estados de proteger as comunidades e o planeta face à crise climática”, afirma Marcella Ribeiro, advogada sênior do Programa de Direitos Humanos da Associação Interamericana de Defesa do Ambiente (AIDA).Entre os pedidos, os mais de 400 signatários da Declaração solicitam ao Tribunal: Reconhecer que, no contexto da emergência climática, a proteção de todos os direitos humanos, incluindo o direito a um ambiente saudável, é uma exigência a todos os Estados e é uma obrigação que deve ser interpretada sob o princípio das Responsabilidades Comuns mas Diferenciadas e em consonância com o limite de temperatura média global estabelecido pelo Acordo de Paris e informado pela melhor ciência disponível.Especificar que os Estados devem avançar para economias livres de combustíveis fósseis sem sacrifícios das comunidades locais e evitando impactos ambientais incompatíveis com os limites planetários.Garantir a informação e a participação do público, bem como o direito à justiça climática, que inclui condições legais e institucionais para que as populações impactadas pela crise possam ir a tribunal, bem como sensibilizar e formar o poder judicial sobre questões climáticas.Proteger e facilitar o trabalho dos defensores ambientais no contexto da emergência climática e da transição energética.Garantir medidas de adaptação aos efeitos das alterações climáticas que garantam o gozo de todos os direitos humanos, especialmente para grupos vulneráveis ou historicamente discriminados.Garantir o direito à autodeterminação dos Povos e Comunidades Indígenas através da obtenção do seu consentimento contra medidas que os afetam diretamente, no contexto da crise climática e da transição energética.Garantir que as vítimas dos danos climáticos tenham uma reparação abrangente e justa e que as decisões sobre questões climáticas tenham recursos financeiros para a sua implementação. "A Declaração aborda a responsabilidade das empresas na crise e pedimos ao Tribunal reforçar a obrigação dos Estados para regulamentar os intervenientes corporativos e garantir que os responsáveis pelas violações dos direitos humanos relacionadas com a crise climática enfrentem as consequências", aponta Luisa Gómez Betancur, Advogada Sênior do Centro de Direito Ambiental Internacional (CIEL).Os signatários da declaração também requerem a Corte adotar uma abordagem progressista e robusta que responsabilize aqueles que mais contribuíram para a crise, oriente as políticas interamericanas em direção a economias ambientalmente sustentáveis e forneça um quadro para a justiça climática, ambiental e social no mundo, começando pela América Latina."Esperamos que a Corte Interamericana atenda ao nosso apelo e ordene aos Estados que respeitem o nosso direito à autodeterminação e a forma como relacionar-se com nossos territórios, priorizando seu cuidado e conservação", destaca Everildys Córdoba Borja, Representante Legal do Conselho Comunitário das Comunidades Negras da Bacia do Rio Tolo e Litoral Sul (COCOMASUR), Colômbia. "Por essa razão, unimos as nossas vozes na Declaração de Manaus para lembrar ao Tribunal a oportunidade única que tem de marcar um antes e um depois na luta pela justiça climática e pela proteção dos nossos direitos", finaliza.Leia e baixe a declaração Contato com a mídiaFrancisco Pinilla, AIDA, [email protected], +55 61 984015965
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Pueblos y sociedad civil entregan a la Corte IDH la “Declaración de Manaos” urgiendo aclarar obligaciones de los Estados ante la emergencia climática
San José, Costa Rica. Hoy, más de 400 comunidades, pueblos y actores de la sociedad civil entregaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la “Declaración de Manaos sobre los Derechos Humanos en la Emergencia Climática”. El documento, que recibió un amplio respaldo, insta a la Corte a que articule, en su próxima Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos, los estándares mínimos para respetar y proteger los derechos humanos en el contexto de la crisis climática. Esta declaración se basa en las exposiciones de más de 150 participantes que contribuyeron durante las audiencias públicas del proceso de la opinión consultiva.Las audiencias, realizadas en Bridgetown, Barbados (22 al 25 de abril), Brasilia (24 de mayo) y Manaos (25 al 29 de mayo), en Brasil, ofrecieron un espacio para escuchar impresionantes testimonios de personas y comunidades enteras impactadas por la emergencia climática. En Manaos, en el corazón de la Amazonia, se destacó la esperanza de que la Corte adopte una opinión consultiva robusta para proteger a las personas y al planeta.La Declaración exhorta a que la Corte aclare las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos y refuerce la responsabilidad de las empresas y actores financieros por su rol en la crisis climática."En un momento histórico para la justicia climática a nivel mundial, el rol que juega la opinión consultiva de la Corte IDH es estratégico. La decisión de la Corte puede reforzar y expandir lo que ya ha sido establecido por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre las obligaciones de proteger el océano del cambio climático, y sin duda influirá en la posterior interpretación que haga la Corte Internacional de Justicia sobre los deberes de los Estados de proteger a las comunidades y al planeta ante la crisis climática", señala Marcella Ribeiro, abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "Los estándares que fije la Corte IDH sentarán nuevos paradigmas para el acceso a la justicia en el contexto de la triple crisis planetaria, influenciando en casos pendientes y futuros, así como en leyes y políticas dentro y fuera del continente. Finalmente, y no menos importante, esta decisión tiene el gran potencial de ayudar a superar el estancamiento político en las negociaciones internacionales sobre el clima".Entre otras peticiones, las y los más de 400 firmantes de la Declaración solicitan a la Corte: Reconocer que en el contexto de la emergencia climática la protección de todos los derechos humanos, incluido el derecho a un ambiente sano, es exigible a todos los Estados, y es una obligación que debe ser interpretada bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y en línea con el límite de temperatura global promedio establecido por el Acuerdo de París y sustentado en la mejor ciencia disponible.Precisar que los Estados deben transitar hacia economías libres de fósiles sin sacrificios de comunidades locales y evitar impactos ambientales incompatibles con los límites planetarios.Garantizar la información y participación pública, así como el derecho a la justicia climática, lo que incluye condiciones jurídicas e institucionales para que las poblaciones impactadas por la crisis puedan acudir a los tribunales, así como la sensibilización y capacitación del poder judicial en asuntos climáticos.Proteger y facilitar la labor de las personas defensoras del ambiente en el contexto de la emergencia climática y la transición energética.Garantizar medidas de adaptación a los efectos del cambio climático que aseguren el disfrute de todos los derechos humanos, especialmente para grupos vulnerables o históricamente discriminados.Asegurar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y tribales a través de la obtención de su consentimiento frente a las medidas que les afecten directamente, en el contexto de la crisis climática y la transición energética.Garantizar que las víctimas y sobrevivientes por daños climáticos tengan una reparación integral y justa y que las sentencias sobre asuntos climáticos dispongan de recursos financieros para su implementación. "La Declaración de Manaos también aborda la responsabilidad de las empresas en la crisis. Urgimos a la Corte a reforzar la obligación de los Estados de regular a los actores corporativos y garantizar que los responsables de las violaciones de derechos humanos relacionadas con la crisis climática asuman las consecuencias", añade Luisa Gómez Betancur, abogada sénior del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL, por sus siglas en inglés). "El que ‘contamina debe pagar’, dice el principio de derecho internacional, por lo que las empresas de combustibles fósiles y agroindustriales, que son los principales causantes e impulsores del cambio climático, deben pagar los costos de la mitigación y adaptación, así como reparar integralmente a las víctimas por los daños climáticos".Las y los firmantes de la declaración instan a la Corte IDH a que, en su rol de guardiana de los derechos humanos, adopte un enfoque progresista y robusto que responsabilice a aquellos que más han contribuido a la crisis, guíe las políticas interamericanas hacía economías ambientalmente sostenibles y proporcione un marco para la justicia climática, ambiental y social en el mundo, empezando por América Latina."Esperamos que, al escuchar los testimonios de quienes sufrimos las peores consecuencias de la emergencia climática, la Corte IDH atienda nuestro llamado y ordene a los Estados respetar nuestro derecho a la autodeterminación y la forma en que nos relacionamos con nuestros territorios, priorizando su cuidado y conservación. Por ello, unimos nuestras voces en la declaración de Manaos para recordar a la Corte la oportunidad única que tiene de marcar un antes y un después en la lucha por la justicia climática y la protección de nuestros derechos", destaca Everildys Córdoba Borja, representante legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la cuenca del río Tolo y zona costera sur (COCOMASUR), Colombia.Lee y descarga la declaración Contactos de prensaMaria Frausto, CIEL, [email protected] Arista, EarthRights International, [email protected], +51 941 242 447Karina Saravia, CANLA, [email protected], +505 84331292
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