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Siguiendo las negociaciones climáticas en la ONU
Los fenómenos derivados de los cambios en el clima son cada vez más extremos e impactan con mayor dureza a comunidades de países en desarrollo. Vigente desde 1994, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece acciones para limitar el incremento de la temperatura promedio global y enfrentar los efectos de la crisis climática.
Los países parte de la Convención y del Acuerdo de París se reúnen cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP) para revisar sus compromisos, los avances en el cumplimiento de los mismos y los desafíos pendientes en la lucha global contra la crisis climática.
El Acuerdo de París fue adoptado en la COP21 de 2015. Busca fortalecer la respuesta mundial ante la emergencia climática, estableciendo un marco común de trabajo para todos los países en función de sus capacidades y mediante la presentación de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que permitan:
- Limitar el aumento de las temperaturas globales a 2°C en comparación con los niveles preindustriales y continular los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C;
- Aumentar la capacidad de los países para adaptarse a los impactos del cambio climático; y
- Garantizar que el financiamiento responda al objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Nuestras áreas de trabajo
CRISIS CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS
La crisis climática, por su carácter transversal, tiene repercusiones en distintos ámbitos, geografías, contextos y personas. En ese sentido, el preámbulo del Acuerdo de París señala que es obligación de los Estados "respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional".
A través del litigio climático y la incidencia política, AIDA trabaja para lograr una transición energética justa y respetuosa de los derechos humanos y con enfoque de género.
AIDA en las COP
COP25: Chile-Madrid 2019
En la COP25, celebrada en Madrid, España, abogamos por la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en diversos temas de la agenda. Promovimos la incorporación de amplias salvaguardas socioambientales en la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París, referido a los mercados de carbono. Seguimos de cerca la adopción del Plan de Acción de Género, así como la Red de Santiago, creada “para catalizar la asistencia técnica […] en países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”. Impulsamos además la inclusión en los compromisos climáticos de los países de metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta.
COP 26: Glasgow 2021
AIDA asistió a la COP26 en Glasgow, Escocia, llevando la voz de América Latina. Tras la cancelación de las negociaciones en 2020, la COP26 generó un momento importante para retomar las acciones de incidencia en cuanto al aumento de la ambición climática y el cierre del libro de reglas del Acuerdo de París. AIDA abogó por la inclusión de los más altos estándares de derechos humanos en las decisiones relativas a los mercados de carbono, el financiamiento climático y la regulación de las pérdidas y daños. Durante nuestra participación, brindamos información de fácil acceso sobre estos temas a nuestros aliados y socios en la región. Además, expusimos los avances del litigio climático en América Latina junto con nuestros aliados de Climate Action Network (CAN) y Climate Action Network Latin America (CANLA), entre otras otras redes y grupos de trabajo.
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Lo que debes saber de las “pérdidas y daños” de la crisis climática
Las recientes inundaciones en el estado de Rio Grande do Sul, al sur de Brasil, han causado el desplazamiento de más de 500 mil personas de sus hogares, convertidas en refugiadas climáticas, así como en pérdidas millonarias de cultivos y ganado. Mientras, en Panamá, unas 300 familias costeras tuvieron que dejar Cartí Sugdupu, isla amenazada con desaparecer bajo las aguas por el aumento del nivel del mar, y ser llevadas a una urbanización construida por el gobierno frente al Caribe. Este tipo de consecuencias negativas de eventos climáticos extremos, que ocurren pese a o por falta de acciones de mitigación y adaptación, reciben el término técnico de "pérdidas y daños" de la crisis climática. La evidencia científica ha dado cuenta que estas pérdidas y daños ya están sucediendo, que irán en aumento y que se distribuyen de forma desigual, con efectos desproporcionados en los países en vías de desarrollo y en los grupos en situación de vulnerabilidad. El asunto —clave en las negociaciones climáticas internacionales— está estrechamente ligado con el concepto de justicia climática al plantear la cuestión de quién debe pagar por las pérdidas y daños en los países más pobres, con poca responsabilidad histórica en la emergencia climática. En este texto abordamos los aspectos básicos de este tema, cada día más relevante y frente al cual es urgente actuar. ¿Qué se considera pérdidas y daños? Empecemos por desmenuzar un poco más el término: Las "pérdidas" se refieren a lo que se pierde de forma permanente a causa de la crisis climática, como vidas humanas y de otras especies, territorios, fuentes de agua, ecosistemas, medios de vida, lugares patrimoniales e idiomas. Los "daños" se refieren a lo que ha sido afectado por la crisis climática pero que puede ser restablecido o restaurado, como los impactos en la salud física y mental, los suelos, las carreteras, las escuelas, las viviendas, los centros de salud y las empresas. Las pérdidas y daños suelen dividirse en dos categorías, que pueden superponerse: Económicos. Pérdidas y daños a los que se puede asignar un valor monetario: la destrucción de bienes como casas o automóviles, la pérdida de medios de subsistencia como cosechas o ganado, la disminución de la productividad por horas de trabajo perdidas, los daños en infraestructura básica o la interrupción de cadenas de suministro. Esto puede pasar a escala internacional, nacional o local. No económicos. Pérdidas y daños difíciles de medir en términos monetarios. Incluyen la pérdida de vidas humanas, los daños a la salud, los traumas del desplazamiento forzado y las afectaciones a la cultura, la lengua, el patrimonio, la identidad, etc. Esta categoría abarca también la pérdida o reducción de biodiversidad, la extinción de especies y la interrupción o pérdida de servicios de los ecosistemas, como la producción de oxígeno por un bosque. Por otro lado, en las negociaciones climáticas internacionales, la expresión adquiere un significado diferente. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se refiere a los esfuerzos para "evitar, minimizar y abordar las pérdidas y daños asociados a los impactos del cambio climático, especialmente en los países en desarrollo que son particularmente vulnerables". Los términos "evitar" y "minimizar" aluden generalmente a la mitigación y la adaptación, respectivamente, mientras que la palabra "abordar" se refiere a las acciones para enfrentar los impactos de la crisis climática que no se han podido o no se pueden evitar. ¿Cuánto dinero se necesita para enfrentar las pérdidas y daños? Las discusiones acerca de las pérdidas y daños, que abordan aspectos como la responsabilidad y las compensaciones, han sido polémicas en las negociaciones internacionales. Los países desarrollados —responsables históricamente de la mayor parte de los gases de efecto invernadero que han calentado el planeta— han sido esquivos ante posibles acuerdos que los declaren responsables y les hagan pagar por las pérdidas y daños que sus emisiones han y siguen causando. ¿De cuánto es la factura? De acuerdo con un informe publicado por Loss and Damage Collaboration, 55 de las economías más vulnerables al clima sufrieron pérdidas de más de 500 mil millones de dólares entre 2000 y 2020, algo que podría aumentar en una cifra similar en la década siguiente. Según otros cálculos, el costo anual de las pérdidas y daños será de 400 mil millones de dólares para 2030. En América Latina, según un estudio de 2019, se prevé que las pérdidas y daños por la crisis climática serán de 462 mil millones de dólares en 2050 y podrían subir a 891 mil millones en 2070. ¿Qué se está haciendo para afrontar las pérdidas y daños? Aunque la cuestión de las pérdidas y daños lleva más de tres décadas apareciendo en las negociaciones climáticas internacionales, fue recién en 2013 cuando cobró fuerza. Ese año, en la décimo novena Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP19), los países establecieron el Mecanismo Internacional de Varsovia para Pérdidas y Daños, con el mandato de compartir conocimientos, fortalecer el diálogo entre las partes interesadas y movilizar conocimientos especializados para mejorar la acción y el apoyo en el tema. En 2015, los países en desarrollo presionaron con éxito para incluir un artículo sobre pérdidas y daños en el Acuerdo de París (tratado internacional legalmente vinculante y vigente desde 2016), pero la cuestión del financiamiento quedó fuera. Esto nos lleva al siguiente hito, ocurrido en 2022 durante la COP27 en Egipto, cuando se acordó establecer un fondo de pérdidas y daños para brindar ayuda financiera a los países en desarrollo. Un año después, en la COP28 de Dubái, se acordó la entrada en funcionamiento del fondo, incluyendo reglas de operación y otros aspectos clave, entre ellos la invitación al Banco Mundial para ser gestor interino por los primeros cuatro años. En junio de 2024, en el marco de las sesiones de negociación de Bonn, el Banco Mundial aceptó la invitación para administrar el fondo y comenzaron las discusiones para hacerlo operativo. La sociedad civil pide que las pérdidas y daños se reconozcan como el tercer pilar de la acción climática (junto a la mitigación y adaptación), pero los países desarrollados se resisten, dando a entender que la creación del fondo sería suficiente e incluso sugiriendo que las pérdidas y daños no sean parte de la nueva meta global de financiamiento. Aunque es de celebrar, la existencia del fondo es solo el primer paso para que sea lo que tan desesperadamente necesitan los países que están sufriendo los peores impactos de la crisis climática. Los desafíos incluyen: Financiamiento. El monto comprometido por los países desarrollados hasta ahora es de 700 millones de dólares, ni el 0.2 % de lo que se necesita (400 mil millones de dólares). Administración. Entre otras cosas, el Banco Mundial debe garantizar la independencia e integridad de la Junta y la Secretaría del fondo, que todos los países parte del Acuerdo de París tengan acceso directo a los recursos (aunque no sean miembros del Banco), así como la entrega suficiente y eficiente de recursos. Participación. El fondo requiere una estructura descentralizada y tener la participación de la sociedad civil, comunidades indígenas, juventudes, mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad desde sus inicios para asegurar que el dinero llegue a quien lo necesita. Acceso. El fondo debe permitir acceso directo al financiamiento, no solo a las autoridades nacionales, sino también a organizaciones de la sociedad civil y a comunidades afectadas. Inventarios. Los países en desarrollo requieren monitorear y reportar las pérdidas y daños en sus territorios, lo que implica recursos económicos y técnicos. Fuentes - United Nations Environment Programme, "About Loss and damage". - Preety Bhandari, Nate Warszawski, Deirdre Cogan y Rhys Gerholdt, "What Is 'Loss and Damage' from Climate Change? 8 Key Questions, Answered", World Resources Institute. - Naciones Unidas, "Pérdidas y daños: Un imperativo moral para actuar". - The Loss & Damage Collaboration, "WHAT IS LOSS AND DAMAGE?". - The London School of Economics and Political Science, "What is climate change ‘Loss and Damage’?". - Navin Singh Khadka, "COP27: qué significa el concepto ‘pérdidas y daños’ por el clima extremo que enfrenta a los países ricos y pobres", BBC Mundo. - Alejandra Cuéllar, "COP27: ¿Qué son las pérdidas y los daños, y qué significan para América Latina?", Climate Tracker. - Adriana Abramovits, "El Fondo para Pérdidas y Daños ¿por qué no es lo que la sociedad civil esperaba?", Dejusticia.
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Después de la COP28 en Dubái: El complejo camino hacia Bakú y Belém
Por Javier Dávalos, Claudia Velarde y Marcella Ribeiro* La vigésimo octava Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), celebrada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, fue la más grande de toda la historia en cuanto a número de participantes. Las y los representantes de los Estados parte del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París llevaron adelante intensas discusiones bajo la mirada de actores de diversos sectores. Los resultados finales carecen de la claridad y ambición necesarias para definir la próxima ronda de contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC). Sin embargo, el hecho de que por primera vez en casi 30 años se haya mencionado a todos los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) en la decisión principal del encuentro representa un antes y un después en las negociaciones climáticas. Este hecho marca también el camino hacia las próximas conferencias: la COP29 en Bakú (Azerbaiyán) y la COP30 en Belém do Pará (Brasil). Hacemos a continuación un balance de la COP28 y analizamos sus implicaciones para el futuro de la acción climática en América Latina y el Caribe. Los avances de la COP28 Por primera vez se mencionó en el documento final la necesidad de una transición que abandone los combustibles fósiles en los sistemas energéticos de manera justa, ordenada y equitativa, acelerando la acción en esta década crítica. El texto del Balance Global del estado de implementación del Acuerdo de París también estableció con claridad las metas de triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética. Se ratificó la meta de Glasgow respecto de la reducción de las emisiones de metano para el 2030, así como la salida de los subsidios ineficientes a los fósiles. Se definieron algunos de los elementos clave del programa de trabajo para la transición justa, tales como su alcance, objetivos, resultados y arreglos institucionales. Lo que faltó en la COP28 En cuanto a la transición energética, hizo falta mayor determinación para cerrar la vía a las falsas soluciones climáticas. Por un lado, se hizo un llamado a acelerar la energía nuclear y las tecnologías de reducción y eliminación (captura, utilización y almacenamiento de carbono) y, por otro, se estableció que los “combustibles de transición” pueden facilitar ese proceso y garantizar al mismo tiempo la seguridad energética, dando una implícita vía libre al gas fósil. En materia de adaptación, no hubo avances reales para un marco de acción climática basada en la protección del océano, humedales y bosques; ni un refuerzo a las sinergias operativas entre los procesos políticos clave que rigen los ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros y marinos a nivel mundial. Si bien se dio el primer paso para hacer operativo el Fondo para Pérdidas y Daños, la decisión no incluyó una referencia a los derechos humanos en sus objetivos y misión. Además, limitó la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales en la Junta del Fondo bajo la categoría de observadores invitados. Tampoco se mencionó el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, lo que significa que el fondo sería nutrido únicamente por donaciones. Además, se designó al Banco Mundial como administrador del fondo, poniendo en riesgo que las comunidades más afectadas por los impactos de la crisis climática accedan de modo ágil, directo y sin endeudamiento a los recursos de la reparación. En cuanto a la transición justa, no se reconoció que la transición energética presiona de forma diferente a los territorios de donde se obtienen materias primas o minerales críticos como el litio, el cobre y el cobalto, entre otros. Esto afecta de forma especial a América Latina. Por ello, hubo un gran desacuerdo entre países desarrollados y en desarrollo acerca de mantener la transición en el ámbito nacional o internacional. Se evitó entonces plantear la transición como un proceso de transformación integral y plural que implique crear condiciones sociopolíticas que reestructuren la organización, propiedad y distribución de los sistemas de producción y consumo vigentes para el disfrute del derecho a la energía. Los países no llegaron a un acuerdo respecto de los elementos sustanciales de la nueva meta cuantificada de financiamiento. Los avances se limitaron a definiciones acerca del proceso y los procedimientos para definirla. En 2024, habrá al menos tres diálogos técnicos para discutir los elementos de la meta tales como montos, plazos, metas de financiamiento por área y cómo se medirá el progreso. Lo que sigue: Rumbo a la COP29 y la COP30 Las siguientes conferencias del clima deberán sortear contextos complejos, marcados por la larga crisis del multilateralismo, la injusta distribución de las cargas para la transición energética —en particular en cuanto a la explotación de minerales críticos— y la creciente cooptación de las negociaciones por intereses corporativos de las empresas relacionadas con los fósiles. En este marco, el desempeño de los países de América Latina en la COP28 es un indicio de cómo se irán construyendo sus posturas para la COP29 y la COP30: Brasil buscó posicionarse como un “climate champion”, pero no pudo ocultar su agenda fuerte de extracción de fósiles. Este país, que será la sede de la COP30, trató de explicar sin éxito el anuncio de su adhesión a la Organización de los Países Exportadores de Petróleo ampliada (OPEP+). Además, días después de la COP28, licitó 613 bloques petroleros en la Amazonía con miras a ser el cuarto productor de petróleo del mundo para 2030. Pese a ello, Brasil creó un nuevo programa de trabajo acerca de la meta de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius, que llevará como bandera a la COP30, junto con la protección de la naturaleza y la lucha contra la deforestación. Colombia, por su parte, fue el líder más vocal respecto de la necesidad urgente de la transición, anunciando su adhesión al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles y manteniendo intervenciones claras acerca de la salida de los fósiles en sus paneles e intervenciones públicas, lo cual lo posiciona como un líder regional para las próximas conferencias. Ecuador desperdició la oportunidad de obtener financiamiento y apoyo de la comunidad internacional para implementar la decisión del pueblo ecuatoriano de cerrar el campo petrolero ITT en el Parque Yasuní. Esta omisión podría ser subsanada en la COP29 pues, más allá del delicado contexto interno, el país sudamericano tiene poco menos de un año para cumplir la obligación legal de implementar esta decisión y la comunidad internacional puede y debe ser una aliada para ello. En otro ámbito, y en el marco del proceso de la Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática, AIDA —junto con otras organizaciones—, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos referirse a la decisión adoptada en la COP28 acerca del Fondo para Pérdidas y Daños, pues no cumple ni satisface las obligaciones de los Estados bajo el derecho internacional de los derechos humanos. Se espera que la Corte reconozca el derecho a la reparación climática y aclare que el establecimiento, implementación y funcionamiento de este fondo no excluye la posibilidad de realizar demandas de reparación por pérdidas y daños ni bloquea a otros procesos, medidas o mecanismos judiciales o administrativos para el acceso a la justicia y a la reparación integral de las personas afectadas por los impactos climáticos. *Javier Dávalos es coordinador del Programa de Clima de AIDA, Claudia Velarde es cocoordinadora del Programa de Ecosistemas y Marcella Ribeiro es abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente.
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Mensajes clave para la COP28 en Dubái
Por Javier Dávalos, Claudia Velarde y Marcella Ribeiro* El contexto global de la vigésimo octava Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), que tendrá lugar del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), está marcado por graves conflictos armados y por un año de impactos de la crisis climática en todos los continentes. Por ello, en esta conferencia, cuya sede es una de las más grandes potencias petroleras, se debe abordar de forma directa la salida urgente de los combustibles fósiles, así como concretar un Fondo de Pérdidas y Daños que permita atender los costos de fenómenos extremos cada vez más intensos y frecuentes a causa de la crisis climática. En este marco, el movimiento por el clima se suma una vez más como actor clave para exigir una mayor ambición en la acción climática de los países. AIDA participará en la COP28 como organización observadora acreditada junto con aliados de diversas redes para usar el derecho internacional, abogar por avances contundentes en la acción climática y exigir que las perspectivas de derechos humanos y de género —enmarcadas en la meta de lograr justicia climática y una transición energética justa en la región— estén presentes en las negociaciones. Estos son los mensajes principales a los que se debe prestar mayor atención en la COP28: 1. Salida progresiva y equitativa de los combustibles fósiles En la COP28, los países deben comprometerse a eliminar de forma progresiva, equitativa, con el financiamiento adecuado y con un enfoque de derechos humanos la extracción y uso de los combustibles fósiles. También deben comprometerse a tomar medidas progresivas para disminuir la demanda de energía, promover un cambio en el sistema energético e incentivar la justicia climática como parte de un paquete integral de transición energética justa y popular. Del mismo modo, deben adoptar compromisos para evitar nuevas prospecciones; así como para transformar los subsidios destinados a esos combustibles en apoyos a la protección del ambiente y las personas. AIDA respaldará las posiciones orientadas a esas metas. 2. Un Fondo de Pérdidas y Daños con perspectivas de derechos humanos y de género En la COP27, los países acordaron establecer un Fondo de Pérdidas y Daños, en particular para las naciones con mayor vulnerabilidad ante la crisis climática. Pero la propuesta para su funcionamiento no incluye una perspectiva de derechos humanos. En la COP 28, AIDA abogará para que este fondo ayude a transformar la infraestructura de financiación climática y responda a las obligaciones de los Estados de afrontar las pérdidas y daños soportados por las comunidades vulnerables. Esto implica que el fondo tenga capacidad legal para funcionar de manera independiente y autónoma e incluya en sus principios rectores las perspectivas de derechos humanos y de género. Para diseñar eficazmente los acuerdos institucionales, modalidades, estructura y gobernanza del fondo, es fundamental garantizar la participación de la sociedad civil y de los grupos más vulnerables en todos sus niveles y etapas, incluida una adecuada representatividad de esos sectores en su Junta Directiva. Además, el fondo debe responder a las obligaciones de los Estados de compensar y reparar a las comunidades afectadas. Por tanto, no debe generar más deudas. Debe contar con salvaguardas sociales y ambientales más estrictas que las del Banco Mundial (donde se propone sea alojado en sus primeros cuatro años de funcionamiento) y con mecanismos de acceso directo a recursos adecuados. 3. Acción climática basada en la protección del océano, humedales y bosques AIDA promoverá la inclusión de esos ecosistemas en los compromisos que se adopten respecto a mitigación, adaptación y medios de implementación a través de: Trabajo con la High Seas Alliance acerca de temas clave como el tratado de altamar, la minería submarina, los derrames de petróleo en el mar y las subvenciones pesqueras perjudiciales. Apoyo a la iniciativa de moratoria petrolera en la Amazonía como estrategia regional para impulsar la salida responsable del uso de combustibles fósiles, así como la protección de este ecosistema y de sus habitantes. Seguimiento a la agenda de conservación y restauración de ecosistemas de agua dulce, apoyando con aliados casos específicos: minería en páramos (Colombia), Pantanal (Bolivia, Brasil y Paraguay) y extracción de litio en humedales andinos (Bolivia, Argentina y Chile). 4. Acción climática basada en los derechos humanos en los puntos de negociación Balance Global. En la COP28 se debe concluir el primer Balance Mundial para evaluar el progreso colectivo hacia los objetivos del Acuerdo de París. En este punto, es urgente conseguir un resultado que potencie los esfuerzos de los países para la eliminación progresiva, plena y equitativa de todos los combustibles fósiles; el respeto, protección y cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos; la adopción de enfoques intersectoriales en la planificación, el diseño, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC); la garantía de una participación pública, significativa y efectiva de la sociedad en las políticas, compromisos y procesos relacionados con la aplicación del Acuerdo de París; y para el reconocimiento y protección de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en el contexto de la acción por el clima. Programa de trabajo de transición justa. En la COP27, los países establecieron este programa reconociendo que la transición justa ofrece oportunidades y retos para alcanzar la justicia social, ambiental y climática. Crearon así una vía de negociación para debatir las repercusiones sociales y económicas de la acción climática, así como la importancia de no dejar a nadie atrás en el camino a sociedades con bajas emisiones de carbono. En la COP28 deben definirse los elementos clave del programa —incluyendo su alcance, objetivos, resultados y arreglos institucionales— para plantear la transición como un proceso de transformación integral y plural que implique crear condiciones sociopolíticas que reestructuren la organización, propiedad y distribución de los sistemas de producción y consumo vigentes para el disfrute del derecho a la energía. Adaptación basada en ecosistemas y meta global de adaptación. La crisis climática y la de pérdida de biodiversidad deben abordarse de manera simultánea e integrada. En la COP28 se debe adoptar un marco para ello, reforzando las sinergias operativas entre los procesos políticos clave que rigen los ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros y marinos a nivel mundial. Es importante establecer y fortalecer conexiones apropiadas entre los instrumentos y mecanismos clave de estos procesos; por ejemplo, entre las Estrategias y Planes de Acción Nacionales de Biodiversidad del Convenio sobre la Diversidad Biológica y las NDC del Acuerdo de París. Nueva meta colectiva cuantificada de financiamiento. La financiación de la lucha contra la crisis climática ha sido insuficiente. Los recursos necesarios para la mitigación y la adaptación son significativamente mayores a los 100.000 millones de dólares prometidos hace más de una década. En la COP28 se empezará a tratar la nueva meta cuantificada colectiva, a ser adoptada en la COP29, que deberá tener en cuenta la cantidad y la calidad del financiamiento. Operacionalización de los mecanismos de mercado de carbono. Los mercados de carbono y los sistemas de compensación no resolverán la crisis climática ni brindarán la financiación necesaria. Sin embargo, ya que en la COP28 los países trabajarán para hacer más operativos estos mercados, deben hacerlo de forma que se garantice la integridad ambiental, la transparencia y el respeto por los derechos humanos, entre ellos los de pueblos indígenas y comunidades locales. AIDA promoverá el establecimiento de reglas adecuadas de transparencia, participación y consulta con estos actores, además de la creación de un mecanismo independiente de denuncia y reparación. Mecanismos desvinculados de mercados de carbono. Finalmente, se prevé que en la COP28 se abra la puerta a nuevas iniciativas globales que permitan apoyar a comunidades indígenas y locales en acciones de restauración y gestión integral de ecosistemas para fortalecer sus economías y medios de vida ante la crisis climática. Así, los países trabajarán para establecer un programa oficial de Naciones Unidas orientado a la preparación y fortalecimiento de dichas acciones para lograr ejemplos que sirvan de base para un trabajo más amplio bajo este nuevo mecanismo. *Javier Dávalos es coordinador del Programa de Clima de AIDA, Claudia Velarde es cocoordinadora del Programa de Ecosistemas y Marcella Ribeiro es abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente.
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