¿Por qué México debe ratificar el Acuerdo de Subvenciones a la Pesca?

10 May 2023

Texto publicado originalmente en Animal Político.

 

Con sus 11 mil kilómetros de litoral, México ocupa la cuarta posición en producción pesquera en el hemisferio. Pero la contaminación, la pesca ilegal, la sobrepesca y la crisis climática —entre otros factores— están deteriorando la salud de las pesquerías del país.

No todo está perdido. Aunque las existencias se siguen reduciendo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)­ —en su informe más reciente (2022)— estima que la captura mundial pesquera tendrá una recuperación favorable como resultado de mejoras en las medidas de manejo.

Estas medidas incluyen la eliminación de las subvenciones, que son contribuciones financieras de fondos gubernamentales, directas o indirectas, que proporcionan algún beneficio dirigido a la obtención de mayores ganancias. Sin embargo, en tal distorsión económica, no se consideran los costos externos. No todas las subvenciones son malas. La investigación científica, explotación responsable y la transparencia pesquera son algunos ejemplos de contribuciones positivas a la pesca.

En junio del año pasado, 164 países de la Organización Mundial del Comercio (OMC) aprobaron el Acuerdo de Subvenciones a la Pesca, asumiendo como compromiso eliminar todos aquellos beneficios económicos que contribuyan a la sobrepesca y a la sobreexplotación de los recursos pesqueros. Para que este compromiso internacional entre en vigor, se requiere que 105 países secunden con su ratificación a Suiza, Singapur, Seychelles, Estados Unidos y Canadá.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) obliga a los tres países a eliminar las subvenciones con efecto negativo para la sustentabilidad de las existencias (stocks) y/o que promuevan la pesca ilegal. En ese texto, la región norteamericana expresa su voluntad política para fortalecer la transparencia en el otorgamiento de las subvenciones, así como para fortalecer las reglas internacionales ante la propia OMC.

Además, México se unió al Panel de Alto Nivel por una Economía Oceánica Sostenible en 2021 y un año después publicó la Estrategia de Instrumentación 2021–2024, por lo que recalca el interés que tiene para buscar la protección del océano y su biodiversidad, combatir la pesca ilegal y fortalecer los sistemas de información pesquera.

Por ello, la ratificación del Acuerdo de la OMC por parte de México significa una confirmación de la disposición del país para colaborar con la comunidad internacional en este tema. Asimismo, dicha acción conlleva un reconocimiento del liderazgo del bloque latinoamericano, ya que puede convertirse en el primer país de la región en comprometerse mundialmente con la protección del océano y de las poblaciones pesqueras, así como con el mejoramiento de sus políticas pesqueras.

No menos importante es que, con la ratificación del acuerdo, el país también puede cambiar la percepción externa debido a que en tiempos recientes ha sido cuestionado por algunas políticas pesqueras ineficientes para combatir la pesca ilegal. Por ejemplo, en el caso de la totoaba, la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) sancionó comercialmente a México por no haber protegido a la especie.

Por todas estas razones, y en virtud de que el Acuerdo de Subvenciones a la Pesca no implica mayores obligaciones que las ya contenidas en el T-MEC, su ratificación por parte de México traería varios resultados positivos para el sector pesquero y para el país entero.

 

Sobre el autor

Sandra Moguel

Retrato de Sandra Moguel
Sandra Moguel es mexicana y fue abogada del Programa de Ecosistemas de AIDA. Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en Derecho Ambiental de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda. Sandra tiene más de 15 años de experiencia en investigación y litigio ambiental, principalmente en temas de protección de humedales y pesquerías tanto en organizaciones de la sociedad civil como en el sector público.
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