Protegiendo tortugas marinas en el Golfo de México | Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA) Skip to content Skip to navigation
14 de Octubre de 2015

Cada cierto tiempo, cientos de tortugas carey y golfina se desplazan a través de las aguas cálidas y poco profundas del Sistema Arrecifal Veracruzano. Allí nadan y se alimentan entre corales de colores brillantes que se extienden por kilómetros a lo largo del Golfo de México. Al ocaso, las hembras caminan de regreso a la playa en la cual nacieron para poner los huevos de la siguiente generación.

Este ritual ha ocurrido durante siglos: las tortugas migratorias se mueven, alimentan y reproducen en su paso por el Golfo de México y las aguas del Caribe. Pero esto sucede cada vez menos. A medida que sus hábitats críticos son amenazados por actividades humanas poco sostenibles y un clima cambiante, la población de tortugas carey de la región ha disminuido en 95%, lo que las convierte en una especie en peligro crítico de extinción.

La tortugas carey (eretmochelys imbricata) y golfina (lepidochelys kempii) son apenas dos de las cinco especies neotropicales de tortuga marina que pasan una parte de su ciclo migratorio en la costa de Veracruz, México, y dentro de los límites de sus arrecifes.

Ahora estas tortugas enfrentan una nueva amenaza: la ampliación del puerto de Veracruz.

Para generar conciencia sobre el riesgo que el proyecto implica para estas especies amenazadas, AIDA y elCentro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) presentaron, el pasado 22 de septiembre, una petición ante el Comité Científico de la Convención Interamericana para las Tortugas Marinas, bajo la cual México está obligado a proteger a las tortugas de su territorio. En la petición, detallamos los impactos directos e indirectos que la ampliación portuaria tendría en varias especies de tortuga y en sus hábitats.

Mencionamos además que en la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto, la Administración Portuaria Integral de Veracruz declaró que la ampliación portuaria “no tendrá un impacto directo en especies protegidas”. Sin embargo, esa agencia gubernamental falló en presentar medidas de protección para las tortugas marinas, especialmente para la carey, especie enlistada como amenazada en la Convención y en la legislación mexicana.

Nuestra petición ante la Convención solicita que esa instancia tome medidas para advertir la amenaza y exhorte a México a tomar acciones que incluyan las siguientes: realizar una investigación sobre los impactos de la ampliación portuaria en las tortugas y su hábitat, visitar el sitio, hacer recomendaciones para la protección de las especies y su hábitat, e instar al Gobierno mexicano a que aplique medidas preventivas mientras evalúa los posibles impactos ambientales sobre las tortugas.

También el 22 de septiembre y junto con CEMDA, entregamos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales más de 36,000 firmas a una petición ciudadana que exigen que esa entidad revoque el permiso ambiental otorgado a la ampliación del puerto. La petición argumenta que la ampliación pondría en peligro dos de los tesoros naturales de México: el Sistema Arrecifal Veracruzano y la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, un área natural protegida de la cual se extraerá roca basáltica para la construcción.

El permiso fue otorgado sin considerar los serios impactos ambientales que el proyecto tendría en ecosistemas únicos de la región y en las criaturas que los habitan. Por tanto, el Gobierno mexicano ha violado obligaciones nacionales e internacionales de conservar la biodiversidad y su patrimonio natural.

Mientras la ampliación del Puerto de Veracruz continúe amenazando especies y ecosistemas sensibles, nosotros continuaremos abogando ante organismos nacionales e internacionales para que detengan elproyecto.

¡Gracias por apoyar nuestra labor de defender la salud y biodiversidad del Sistema Arrecifal Veracruzano!

Sobre el Autor

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Sandra Moguel
Sandra Moguel es mexicana y fue abogada del Programa de Ecosistemas de AIDA. Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en Derecho Ambiental de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda. Sandra tiene más de 15 años de experiencia en investigación y litigio ambiental, principalmente en temas de protección de humedales y pesquerías tanto en organizaciones de la sociedad civil como en el sector público.
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