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Julio 17 2014

¿Quién nos acompaña en la defensa del ambiente?: Buscando nuevos aliados

Por Tania Paz, asistente general de AIDA, @TaniaNinoshka “La unión hace la fuerza”. Así versa el dicho popular. Quizás a ello se deba la fascinación del hombre por las historias de grupos como los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. También en grupo y a diario, hombres y mujeres trabajan arduamente en distintos niveles para que gocemos de nuestro derecho a un ambiente sano. Esta lucha, como muchas otras para reivindicar nuestros derechos, suele ser de largo plazo y riesgosa. Por ello no podemos emprenderla solos. ¿Cómo hacer que otras personas se unan a nuestra causa? ¿A quiénes queremos que nuestro mensaje llegue? ¿Quiénes pueden ser nuestros aliados? Niños, niñas y adolescentes ¿Cómo ayuda un niño o niña a defender el ambiente? Es poco probable que done 50,000 dólares a una campaña o lidere una marcha para concientizar a la sociedad sobre los impactos del cambio climático. Sin embargo, si queremos tener ciudadanos informados y conscientes del futuro de nuestro planeta debemos apostar por educar, sensibilizar e involucrar a la niñez en los procesos de toma de decisiones y de consulta. En mayo pasado, el equipo de profesionales de AIDA se reunió en Colombia. Lo hizo en un eco hotel ubicado en la ciudad de Tabio, Cundinamarca. Un tarde en la que se celebraba una boda en el hotel, vi cuando una niña, invitada a la celebración, agarró a uno de los gatos del hotel y lo apretó tan fuerte que el felino maulló de dolor. Entonces otra niña le reclamó: “¿Es que no sabes que existe algo llamado derechos de los animales?”. Mi reacción y la de mis compañeros ante tal grado de sensibilidad fue de asombro. Incuso dijimos “¡deberíamos contratarla en AIDA!”. El anterior es un claro ejemplo de lo valioso de llevar nuestro mensaje a los niños y niñas. Es cierto que muchas de las acciones en defensa del ambiente buscan garantizar el derecho a la salud o el derecho a la alimentación. Ello impacta significativamente en el nivel de bienestar de la niñez. Pero ese segmento social también debe ser visto como aliado, como actor clave en la promoción de nuestra causa. En ese sentido, un caso emblemático es el de Severn Cullis-Suzuki, quien a sus 12 años provocó silencio total con el discurso que dio en la Cumbre de la Tierra de Naciones Unidas en 1992 en Río de Janeiro, Brasil. Ella exhortó apasionadamente a los asistentes y al mundo a detener los daños causados al ambiente (bosques arrasados, especies extintas, ríos contaminados, etc.) si no era posible repararlos. El mensaje de Cullis-Suzuki ha inspirado a muchas personas a unirse a la defensa ambiental. Ella es hoy una de las activistas ambientales más conocidas, alguien que lucha por el futuro de sus hijos. Artistas y personajes públicos Los medios de comunicación informan con frecuencia de las diferentes campañas que PETA o Greenpeace realizan en favor de los animales. Entre sus activistas, esas organizaciones tienen a personas famosas, artistas de cine, músicos, etc. En México existen dos casos que ilustran la participación de ese tipo de actores emergentes en las luchas sociales y ambientales. Uno de ellos es el caso de Cabo Pulmo, uno de los arrecifes de coral más importantes del mundo, ubicado en Baja California Sur, México. Ese ecosistema se ve amenazado desde 2011 por diferentes megaproyectos turísticos. En los esfuerzos por preservar Cabo Pulmo no solo ha estado involucrada AIDA, sino también actores del ámbito nacional y local, incluidos personajes del ambiente artístico mexicano. Todos nos unimos en la campaña llamada "Salvemos Cabo Pulmo". El otro ejemplo emblemático es la defensa de Wirikuta, lugar ubicado al norte de México que desde cientos de años es parte vital de la vida, cultura y tradición del pueblo Wixárika (huichol). La campaña en defensa del sitio sagrado, amenazado por concesiones mineras, incluyó un festival musical y artístico que llamó la atención de la sociedad mexicana y la unió en un solo grito: ¡Salvemos Wirikuta! La importancia de involucrar a estos personajes públicos en la lucha ambiental es su capacidad de llegar a todas los sectores sociales y de replicar con eficacia los mensajes. Tenerlos como aliados implica llegar hasta donde nosotros no podemos. Mientras más claro e inspirador sea nuestro mensaje, llegaremos a un mayor audiencia y nuestros aliados serán cada vez más. Y tú, ¿te unís a nuestra lucha? ¡Te estamos esperando!

Julio 07 2014

La participación ambiental es vital

Por Héctor Herrera, asesor legal de AIDA y coordinador de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, @RJAColombia "Del 1950 al 2000, la población del mundo se duplicó, la producción agrícola se triplicó, el consumo de energía y la producción se cuadruplicaron, pero la generación de basura se quintuplicó". Tal descripción está contenida en el libro Environmental and Natural Resource Economics: A Contemporary Approach (2006) de Jonathan M. Harris. Si vamos a ese ritmo, cabe preguntarse ¿cuál será la situación en el año 2050? Este planeta lo compartimos seres vivos animales y vegetales, incluida la especie humana. De lo que hasta ahora se conoce del universo, es el único planeta con las condiciones necesarias para albergar vida. Por eso nos toca compartirlo como un bote salvavidas en un océano inerte e infinito. Si le hacemos agujeros al bote, todas las criaturas a bordo naufragaremos. Nos guste o no, hacemos parte del planeta tierra, participamos de él. Ello se asemeja a cuando alguien tiene una participación en el capital de un negocio o una empresa y, como socio, participa procurando las mejoras decisiones. Por tanto, participar en las decisiones y acciones ambientales relativas a este planeta único es fundamental. La participación ambiental ha sido reconocida, protegida y promovida por instrumentos jurídicos desarrollados en espacios de decisión nacionales e internacionales. Un ejemplo de esto son las Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocidas como Cumbres de la Tierra. En ellas, gobiernos y representantes de la sociedad civil de todo el mundo han aportado a la construcción de acuerdos sobre las políticas ambientales. La primera Cumbre de la Tierra fue en Estocolmo en 1972 y la segunda, en Río de Janeiro en 1992. De esa última resultó la Declaración de Río, la cual contiene 27 principios que promueven la protección de la integridad del sistema ambiental de la Tierra, nuestro hogar. El Principio 10 de la Declaración de Río proclama: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.” Entonces, los tres pilares de la #ParticipaciónAmbiental son: acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia. En 2010, el Programa de las Naciones para el Medio Ambiente adoptó en Bali, Indonesia, las Guías para el Desarrollo de la Legislación Nacional en Acceso a la Información, Participación Pública, y Acceso a la Justicia en asuntos ambientales (en inglés). Se trata de pautas voluntarias para orientar a los Estados en la implementación de sus compromisos con el Principio 10. Asimismo, en el plano nacional, la mayoría de Constituciones Políticas han reconocido y protegido el derecho a un ambiente sano. Entre ellas podemos citar las de Bolivia (art. 33), Brasil (art. 225), Chile (art. 8), Colombia (art. 79), Costa Rica (art. 50), Cuba (art. 27), Ecuador (art. 14), México (art. 4), Nicaragua (art. 60), Perú (art. 68) y Uruguay (art. 47). En resumen, el esfuerzo por reconocer, proteger y promover la #ParticipaciónAmbiental continúa. Y tú ¿haces parte del planeta Tierra?, ¿cómo participas en la protección del ambiente?, ¿cómo cuidas nuestro hogar?, ¿cómo podemos pasar del reconocimiento jurídico a la protección efectiva del ambiente? Es de pensarse y, sobre todo, de actuar.

Junio 30 2014

La sociedad civil impulsa el verdadero proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Ana María Mondragón Duque, fellow de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA Después de dos años y medio de trabajar junto a un admirable grupo de personas y organizaciones de derechos humanos en defensa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), creo fielmente en el poder de la sociedad civil para influir en las decisiones que nos afectan a todas y todos. Hace tres años inició lo que se denominó el “Proceso de Fortalecimiento del Sistema Interamericano”. En realidad fue un ataque frontal contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), uno de los pilares del SIDH. Algunos Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), afectados por decisiones de la CIDH o inconformes con algunos de sus procedimientos, intentaron limitar sus funciones de protección de los derechos humanos en la región. Durante este tiempo, he sido testigo de la enorme cantidad de recursos, tiempo y energía que la sociedad civil ha destinado para conservar lo alcanzado con esfuerzo y por décadas. En definitiva, y pese a que no es perfecto, el SIDH representa la última esperanza en el continente para llevar justicia y reparación a miles de víctimas que no encuentran ello en sus países. Si bien el proceso de fortalecimiento culminó con la resolución aprobada en la Asamblea General Extraordinaria del 22 de marzo de 2013, y con la adopción de la reforma reglamentaria de la CIDH; lo sucedido en la última Asamblea General, celebrada en Asunción, Paraguay, el pasado 4 y 5 de junio, indica que los intentos de debilitar la CIDH continúan. Días antes del inicio de la Asamblea, ya rondaban aires de preocupación entre las organizaciones de derechos humanos. La Declaración de Haití, firmada apenas una semana antes en el marco de la IV Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, alertaba sobre la intención de Ecuador de presentar un proyecto de resolución con disposiciones que atentaban contra la autonomía e independencia de la CIDH. Se pretendía discutir de nuevo temas altamente conflictivos como el cambio de sede de la Comisión y la revisión de la estructura y financiamiento de sus Relatorías. En ese momento, AIDA, junto con colegas de la Coalición Internacional por los Derechos Humanos de las Américas, emitimos un pronunciamiento manifestando nuestra preocupación por la situación y llamando a los Estados a no reabrir temas ya zanjados tras un largo proceso. Afortunadamente, en esta ocasión, algunos Estados cansados de ese desgastante proceso y otros más genuinamente comprometidos con el fortalecimiento de la CIDH, se mostraron reacios a respaldar la iniciativa. También fue novedosa la postura del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, quien en su discurso de apertura exhortó a reafirmar la autonomía de la CIDH “dejando de lado esfuerzos paralelos que solo sirven para debilitar a uno de los órganos principales de la OEA”. Finalmente, luego de presiones políticas y la presentación de un proyecto de resolución paralelo mucho más proteccionista de la CIDH por parte de Costa Rica, se renegoció la amenazante resolución, y se aprobó una que muchos han descrito irónicamente como un documento que “no aporta nada, pero que al menos no genera daños”. A pesar de la actitud menos agresiva de la mayoría de los Estados y un ambiente político más favorable, no podemos bajar la guardia. Queda claro que un grupo de países que arrastra hace años una agenda de críticas contra la CIDH busca desesperadamente estrategias para reavivar el debate. Lo hacen incluso en foros políticos sin ninguna legitimidad para tomar decisiones sobre el SIDH como la improvisada Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana o la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Debemos seguir con atención lo que se discute en todos esos foros y permanecer activos para visibilizar cualquier intento de debilitar la CIDH. Puedo decir sin lugar a dudas que sin la dedicación y entereza de las personas y organizaciones de la sociedad civil, estaríamos frente a una CIDH más debilitada. Nos hemos equivocado, pero también hemos aprendido a unirnos y a reivindicar espacios políticos de participación a todos los niveles para defender nuestros derechos. Ésa fue la gran lección que me dejó la última Asamblea General y un invaluable regalo. Fue gratificante ver en Paraguay la unión, fuerza y compromiso de organizaciones y grupos de víctimas, mujeres, indígenas, afro-descedientes, niños, niñas y adolescentes, comunidad LGBTTTI, defensores del ambiente, regionales, nacionales e internacionales. Vi una sociedad civil cada vez más empoderada para demandar a nuestros representantes un compromiso real con los intereses de nuestras sociedades. Esa experiencia me alejó de un escenario lleno de contradicciones y fríos intereses, y me hizo comprender la relevancia de no ceder estos espacios políticos a intereses contrarios a la protección de los derechos humanos. A ellas y ellos, a mis maestros y maestras, ¡gracias por seguir unidos por la defensa de los derechos humanos y por un genuino fortalecimiento del SIDH!

Junio 24 2014

Nuestra lucha para defender arrecifes de coral y manglares en México traspasa fronteras

Los arrecifes de coral son importantes criaderos de peces y, por tanto, vitales para la alimentación humana. Los bosques de manglar nos ayudan a combatir el cambio climático al absorber gran parte del dióxido de carbono de la atmósfera y proteger a las comunidades costeras de tormentas cada vez más intensas. Sin embargo, ambos ecosistemas se ven amenazados por grandes proyectos de infraestructura que pasan por alto sus bondades. Cuando se trata de proteger legalmente estos y otros humedales, librar la batalla en el ámbito local de cada país no es suficiente. En AIDA contribuimos a que la defensa de esos ecosistemas suba de nivel y sea más efectiva. Lo hacemos al involucrar en el debate a autoridades internacionales y al poner sobre la mesa las obligaciones que los países tienen a nivel mundial para preservar sus entornos marino-costeros. “Lo que se logra con estas acciones legales internacionales es tejer una estrategia que interrelaciona los diferentes aspectos del caso: el legal, el político, el científico y el mediático. Así conseguimos que el tema no sólo le interese a los tomadores de decisión locales, sino también a autoridades internacionales; que la opinión pública se dispare y que instancias o expertos certificados se pronuncien al respecto”, explicó Sandra Moguel, asesora legal de AIDA. México, país rico en humedales, es un ejemplo del uso de esta estrategia de defensa del ambiente. En mayo alertamos al Secretariado de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, del posible incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano si permite la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit, al noroeste del país. Entre otros daños, el proyecto alteraría el curso del río San Pedro Mezquital, del cual se alimenta Marismas Nacionales, uno de los sistemas de manglar más extensos de Norteamérica, enlistado como humedal de importancia prioritaria internacional por Ramsar. En 2010, diplomáticos de la Convención Ramsar recomendaron al Gobierno mexicano abogar por el uso sostenible del humedal al evaluar la viabilidad del proyecto Las Cruces. Nosotros le hemos hecho saber a Ramsar que sus recomendaciones podrían ser ignoradas si México da luz verde a un proyecto que dañaría irreversiblemente a Marismas Nacionales, así como a la biopersidad y a las comunidades que dependen de ese entorno. Al llamar la atención de instancias internacionales, AIDA fortalece los esfuerzos de sus organizaciones aliadas a nivel local. Así ocurre en la defensa de Marismas Nacionales y también en la de Cabo Pulmo, arrecife de coral único en el mundo ubicado en Baja California Sur. Nos encargamos de recordarles a las autoridades mexicanas que, desde 2012, tanto la Convención Ramsar como el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco pidieron tener en cuenta los impactos acumulativos e indirectos de proyectos de desarrollo turístico propuestos cerca del arrecife. Nuestros argumentos se sumaron a los presentados por nuestros socios en México a la hora de evitar la autorización de Cabo Dorado, el tercer intento de los desarrolladores turísticos por construir junto a Cabo Pulmo. La construcción de ese mega resort implicaba la creación de una nueva ciudad en torno al arrecife, algo fatal para su sobrevivencia. En un contexto de lucha que sobrepasó las fronteras mexicanas, el Gobierno de ese país decidió, el 29 de mayo, negar el permiso ambiental para Cabo Dorado. Con tu ayuda continuaremos llevando la voz de las comunidades locales a foros internacionales. Seguiremos agregando valor y apoyando su lucha por preservar entornos marinos y costeros que nos benefician a tod@s.

Junio 16 2014

¡Tres historias exitosas y esperanzadoras!

Por Astrid Puentes Riaño, codirectora ejecutiva de AIDA, @astridpuentes La semana pasada fue inolvidable para el movimiento ambiental en América Latina. Recibimos tres grandiosas noticias desde Chile, Paraguay y México que nos hicieron llorar de emoción. Aunque muchos están al tanto, quiero dedicar este post a esas historias de éxito que son una brisa de esperanza. Lo hago en honor de queridas y queridos colegas a quienes he visto trabajar sin descanso para lograr esos avances. A cada una de esas personas, GRACIAS por las lecciones aprendidas y por demostrarnos que sí podemos alcanzar los cambios necesarios. ¡Ríos libres en la Patagonia chilena! El 10 de junio, el Comité de Ministros de Chile rechazó el proyecto HidroAysén, con el cual se buscaba construir cinco represas en los ríos Baker y Pascua, en la Patagonia chilena. La decisión puso fin a 35 acciones presentadas contra la autorización del proyecto, 34 por la ciudadanía y una por la empresa. Así termina, por ahora, una controversia de más de ocho años sobre la viabilidad o no de represas en una zona única en belleza, biodiversidad, reservas de agua dulce y bosques. Para quienes trabajamos en la protección de los ríos y en la búsqueda de alternativas a su represamiento y destrucción, la experiencia del grupo de organizaciones y ciudadanos Patagonia Sin Represas ha sido ejemplar. Al proyecto se opusieron primero las comunidades de Aysén, región de la Patagonia. A ellas se unieron organizaciones chilenas e internacionales creando una increíble coalición de aproximadamente setenta organizaciones. La causa contagió a todo al país y al mundo. El gobierno rechazó el proyecto al concluir que sus impactos negativos no habían sido adecuadamente evaluados. En particular, no se evaluaron los cambios en los ríos y en la fauna de la región. De haberse ejecutado HidroAysén, el hogar del ciervo huemul, emblema nacional y uno de los preciosos animales que habita la zona, habría sido gravemente afectado. Según el Ministro de Ambiente Pablo Bardenier, la decisión demuestra que el gobierno toma en serio la evaluación de impactos ambientales y que “hay una institucionalidad ambiental que funciona, que va a seguir funcionando y que da garantías a todas las partes reclamantes”. Se trata de un gran mensaje sobre el cumplimiento de las normas y la seguridad que tanto necesita nuestra región. ¡La lucha no ha sido fácil, pero sí exitosa! Patagonia Sin Represas demostró que la ciudadanía es poderosa y fuerte con argumentos legales y científicos sólidos, y con una estrategia de comunicación efectiva. Evidenció que construir cinco represas y una inmensa infraestructura de tendido eléctrico en la Patagonia chilena era un error garrafal para el ambiente y el desarrollo del país. Demostró que hay formas más efectivas de conseguir energía. El seguimiento a las acciones también es necesario pues no es la primera victoria que Aysén consigue ante amenazas de fuerte impacto ambiental. AIDA trabajó hace más de diez años para proteger esa región de la construcción de Alumysa, una inmensa planta de aluminio que hubiera causado importantes impactos ambientales y sociales. Dicho proyecto también fue evitado. ¡No fracking en Cuetzalan! Cuetzalan es un Pueblo Mágico ubicado en la Sierra de Puebla, México. Es famoso por su mercado en el que los domingos se ofrecen productos de la región como vainilla, café y pimienta. Allí se quiere implementar un proyecto de fracking (fractura hidráulica para la extracción de gas). La semana pasada, la empresa mexicana PEMEX reconoció que el Plan de Ordenamiento Ecológico del Territorio de Cuetzalan solo autoriza actividades de microindustria y pequeña industria. Por tanto, el fracking no es una actividad permitida. La noticia es positiva dados los impactos del fracking en el ambiente y la salud humana, los cuales incluyen la grave contaminación del agua dulce y el aumento en el riesgo de terremotos. El proyecto aún no ha sido cancelado. Es solo un paso del largo camino que las personas de Cuetzalan comienzan a transitar. Hasta ahora van bien. Esperamos que PEMEX y el Gobierno nacional continúen respetando la decisión del gobierno local de no permitir minería ni fracking en su región. De lo contrario, las consecuencias económicas, sociales y ambientales serían nefastas. ¡Tierra para Sawhoyamaxa en Paraguay! Tras décadas de luchar por la recuperación de sus tierras, la comunidad de Sawhoyamaxa finalmente recibió la ley del gobierno paraguayo que se las restituye. La decisión llegó siete años después que la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyera que Paraguay era responsable por la violación de los derechos de la comunidad al no protegerlos del despojo de sus tierras por parte de colonos. Reconozco que una ley no asegura la recuperación de las tierras. Pero sí es un gran avance en ese proceso y en el cumplimiento de una decisión judicial regional. La ley evidencia la voluntad de un gobierno por restituir los derechos violados en el pasado. Un aspecto a resaltar en cada uno de estos esfuerzos es que el trabajo constante, estratégico y dedicado de personas, comunidades y organizaciones da resultados. Estas historias demuestran una vez más que la defensa inteligente del ambiente es posible cuando hay comunidades comprometidas e involucradas, apoyadas por organizaciones, y que prueban sus posiciones con argumentos científicos y técnicos. Al final, es claro también que gobiernos que conocen las normas y tienen la voluntad política de hacerlas cumplir pueden en efecto hacer una diferencia positiva. Lo mejor de todo es que al final, ¡todos ganamos: las comunidades, los gobiernos y especialmente el ambiente, que es de todos! Monti, Rodrigo, Patricio, Juan Pablo, Sara, Claudia y cada una de las personas que trabajaron y siguen trabajando en estos casos, ¡GRACIAS por darnos esperanza y demostrar que protegiendo el ambiente podemos avanzar exitosamente como sociedad!

May 20 2014

Una mina de contaminación

Por Pedro Pablo Cortés, Reporte Indigo Texto publicado originalmente en Reporte Indigo. La principal fuente de ingresos de cerca de 33 mil habitantes de una ciudad peruana también se ha convertido en su mayor condena. La contaminación de una planta metalúrgica de la empresa estadounidense Doe Run ha provocado que casi todos los niños de La Oroya presenten en la sangre altos niveles de plomo, zinc y otros metales peligrosos. María José Veramendi, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), denuncia en entrevista con Reporte Indigo que el Gobierno de Perú no ha actuado para frenar la polución del complejo. Veramendi expone que el Gobierno peruano estableció en 1997 que Doe Run debía seguir los lineamientos del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que obligaban a la compañía a controlar sus emisiones de contaminantes. "El problema", señala, "es que ninguno de los dos, ni el Estado ni la compañía, han cumplido con esas obligaciones y eso ha producido que el complejo metalúrgico opere de una manera no adecuada y cause serios problemas de salud en los habitantes". "En los momentos más críticos de operaciones del complejo, los niveles de plomo y de otros metales en la sangre, en los organismos de los habitantes de La Oroya, eran altísimos". Estudios independientes recogidos por AIDA revelan que el 99 por ciento de los menores de 5 años y el 98 por ciento de los niños de entre 7 y 12 años presentan altos niveles de plomo en la sangre, aunque la OMS informa que cualquier nivel es peligroso para el ser humano. El Instituto Blacksmith, con sede en Nueva York, califica a La Oroya como la quinta ciudad más contaminada del mundo y la segunda en Latinoamérica. Veramendi asevera que la inacción de las autoridades constituye una violación a las garantías de los pobladores, por lo que, junto con otras organizaciones, AIDA ha llevado el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Con todos estos años de permitir que la empresa pida prórrogas para cumplir con sus obligaciones ambientales y un poco permitir esta operación incontrolada del complejo metalúrgico ha ocasionado que el Estado peruano viole los derechos humanos de las personas que viven en La Oroya", apunta. "Del grupo que representamos, hay personas que han fallecido por diversas dolencias que uno podría relacionar con las afectaciones que causa el plomo y otros metales". La solución de cerrar la planta no es tan viable, pues 70 por ciento de sus empleados son habitantes de La Oroya. Por ello, AIDA demanda que el Gobierno peruano controle de inmediato las emisiones, pues ni siquiera ha invertido en la Estrategia de Metales Pesados, que busca controlarlas. "Que proteja la salud de los habitantes, que controle las emisiones y operaciones del complejo, que haga cumplir la Ley", pide Veramendi.

May 14 2014

Al Gore: Colombia debe elegir entre el oro y el agua

Colombia enfrenta una elección crucial para su futuro. Debe escoger entre proteger sus páramos, fuente de agua para millones de personas, o autorizar minería a gran escala en esos frágiles ecosistemas. AIDA, junto con sus organizaciones aliadas, está trabajando para convencer a las autoridades de elegir el agua. Esta causa ha ganado recientemente un nuevo seguidor: Al Gore. El exvicepresidente de EE.UU., laureado con el Premio Nobel de la Paz por su éxito en crear conciencia sobre el cambio climático, sacó a relucir el tema de la minería en los páramos, ecosistemas de alta montaña, en abril. “Colombia tiene que escoger entre el oro en los páramos y ganancias para unos cuantos, o el agua potable que abastece a todos sus ciudadanos”, dijo en una cumbre internacional sobre el ambiente en Bucaramanga, una ciudad ubicada al noreste de Colombia que obtiene su agua del Páramo de Santurbán. Hemos instado al Gobierno colombiano a proteger éste y otros páramos de la minería debido a que de ellos proviene el 85% del agua del país. ¿Será posible que ello ocurra? Por ley, el gobierno debe mantener a la minería fuera de los páramos. Pero para hacer esto, los límites de esos ecosistemas deben ser delimitados en un mapa. Esto plantea un problema. En abril, el gobierno dio a conocer un mapa que muestra que el Páramo de Santurbán se extiende sobre 42,000 hectáreas. Eso es más que las 11,000 hectáreas de estimaciones previas, pero solo cerca de la mitad de las 82,000 hectáreas medidas por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, un centro independiente de investigación que empleó un mapa de escala mayor que el gobierno. Esa escala proporciona mayores detalles y da cuenta que el páramo se extiende mucho más allá. El gobierno no ha adoptado una medición oficial, dejando partes importantes del páramo abiertas a la minería, una industria que se promueve para impulsar el crecimiento económico. ¿Pero a qué costo? La minería a gran escala causará daños irreversibles a estos páramos ricos en flora que no sólo proveen agua a millones de personas, sino que además ayudan a mitigar los efectos del cambio climático al capturar emisiones de carbono. Gore fue claro respecto de la elección que recomienda para Colombia y para cualquier país que se debata entre cuestiones de crecimiento económico y la protección del ambiente. “Sin planeta, no hay economía que valga la pena”, dijo. Tú puedes ayudarnos a difundir este mensaje haciendo un donativo y firmando nuestra petición para que podamos continuar nuestra lucha para salvar los páramos colombianos. ¡Gracias!

May 12 2014

Sostenibilidad y cambio climático

Por Maria Eugenia Rinaudo Mannucci, analista ambiental, @Climateate La vida en la Tierra surgió hace unos 3.500 millones de años, cuando las primeras células dieron inicio a un sinfín de cadenas biológicas y ecológicas, dando origen luego al ser humano, ese “recién llegado” albergado por este increíble y majestuoso planeta de unos 4.600 millones de años de antigüedad. Pese al corto tiempo que llevamos habitando nuestro hogar, la involución del hombre ha alterado y modificado el sistema natural para satisfacer sus propias necesidades. Antes del inicio de la Revolución Industrial, la humanidad se desarrollaba a favor de su medio, tomando solo lo estrictamente necesario o, como prefiero plantearlo, junto con él y no en su contra. Actualmente somos testigos de cómo nuestra codicia por tener un “poco más” de lo que debemos ha ido desequilibrando el holismo del planeta (concepto epistemológico que se basa en la interacción de todo el sistema ambiental) y cambiando su homeóstasis (condición que busca la estabilidad en los organismos vivos). Pienso que los seres humanos nos hemos desarrollado como un caso especial en la naturaleza. Lo evidenciamos día a día con nuevos datos, publicaciones y estudios sobre la creciente degradación ambiental que producimos. Extraída de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, les comparto esta reflexión que sugiere especial atención: "…En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea…". Las problemáticas ecológicas de los últimos decenios han sido originadas por nuestra incompetencia como sociedad de no ver más allá de nuestra naturaleza humana, conducta que nos ha llevado a evolucionar de forma distante al ambiente y, a veces, incluso a nuestros semejantes. La población mundial crece sin parar y su fuente de energía es altamente contaminante pues proviene principalmente de hidrocarburos que, al quemarse y trasladarse, liberan gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático. La insostenibilidad es un parámetro que abunda en los actuales estilos de vida. Damos por sentado que el entorno, la energía, el agua y los alimentos deben estar allí para nosotros día a día, hora tras hora. Entonces somos nosotros el principal problema. El cambio climático está comenzando a destruir todo a su paso y no cesará. Este reto coloca a toda la humanidad en una encrucijada. Debemos hallar la forma de asegurar el desarrollo de todos los seres vivos cambiando todos los parámetros insostenibles, promoviendo la conservación de los recursos naturales y reconciliándonos con la naturaleza. Debido a lo anteriormente expuesto, es imperativo que como sociedad, recalquemos las prioridades ecológicas enmarcadas en el desarrollo mundial: protección ambiental, lucha contra la pobreza y la inseguridad alimentaria, mitigación/adaptación del cambio climático, movilidad eficiente, etc. Teniendo en cuenta que ningún país es inmune al cambio climático, muchas han sido las iniciativas locales para enfrentar las crisis ecológicas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El empoderamiento de las comunidades como parte de la solución se ha convertido en los últimos años en un soporte considerable para gobiernos y organizaciones internacionales que trabajan por la mejora ambiental y social de las naciones. La evolución en la percepción de los desafíos ambientales y sociales ha permitido —e influenciado— la búsqueda del camino más viable y seguro para sentar las bases de un desarrollo sostenible (encuentra aquí más información sobre ese concepto), apegado a la protección de los recursos naturales y la satisfacción de las necesidades de las sociedades. La sociedad del presente y las generaciones futuras juegan un papel clave en el establecimiento de políticas basadas en la preservación de los recursos naturales y su adecuado manejo a fin de asegurar su existencia. La creciente presión que la humanidad ejerce en el entorno podría derivar en cambios extensos, acelerados e irreversibles sobre el sistema social y ecológico del planeta: por ahora, nuestro único hogar. Las graves problemáticas ambientales que afectan directamente a las sociedades —déficit de agua, problemas energéticos, falta de alimentos y producción de los mismos, regeneración de enfermedades, entre otros— son solo la punta del iceberg de las amenazas que el aumento de las temperaturas implica. El sistema ambiental ha sido y será siempre esencial para la vida. Según el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, las preocupaciones acerca del equilibrio entre la vida humana y el ambiente alcanzaron dimensiones internacionales recién en la década de 1950. Aún nos queda mucho camino por recorrer a pesar de los grandes avances mundiales. La humanidad es altamente vulnerable a las variaciones del entorno y dependemos totalmente de los recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades. El cambio climático representa una grave amenaza a la sobrevivencia de la especie humana. Ninguna nación es inmune a esto. El cambio climático se traduce en la pérdida de vidas humanas. El desarrollo sostenible es la única vía adecuada para prevenir y hacer frente a la situación. A nivel individual, es necesario transitar hacia estilos de vida más sencillos y sustentables (evitar el consumismo y despilfarro, tratar de reciclar, usar medios de transporte “eco” como bicis o compartir el auto, etc…). A nivel colectivo, la “búsqueda” hacia el camino de la sostenibilidad, debe seguir siendo una prioridad. Actuar ahora y de forma inteligente debe ser una prioridad para todos, no solo para los gobiernos y organismos internacionales. Todos tenemos una responsabilidad ante ese entorno que nos hace más “humanos”. Nuestra generación es la responsable de actuar frente al cambio climático. Sólo nosotros somos capaces de determinar el futuro de nuestro planeta, el cual depende de nuestras conductas y acciones, individuales y colectivas. Tenemos por delante muchos desafíos globales, pero el más preocupante (e inquietante al mismo tiempo) es modificar lo más pronto posible el comportamiento de cada uno de los habitantes de este gran hogar. El planeta está en riesgo y nosotros con él.

May 05 2014 Transparencia y Rendición de Cuentas

Transparencia del sector de hidrocarburos en Bolivia

La cualidad de “transparente” hace referencia al objeto o ser que permite ver a través de él/ella, ver con claridad lo que existe dentro. Lo que es un deber ético para las personas se constituye en una de las características definitorias de un Estado democrático. Se trata de la obligación legal de hacer visibles ante la ciudadanía los actos, procedimientos, y la gestión de los bienes y servicios públicos. La transparencia de la cosa pública no puede ser entendida como un desprendimiento gracioso del gobernante, sino como un auténtico deber inherente a la acción de gobernar. Ello cobra sentido si recordamos que el gobierno democrático y la administración pública reciben mandatos populares para gestionar temporalmente los bienes y recursos que pertenecen soberanamente al pueblo. En septiembre y octubre de 2003, se vivió en Bolivia la denominada “Guerra del Gas”, una cruenta y masiva movilización social que clamaba por la recuperación de la soberanía del pueblo sobre los hidrocarburos, y la no exportación de gas natural boliviano por un puerto de Chile. El hecho derivó en decenas de civiles muertos por la represión estatal, la renuncia y huida del país del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y la convocatoria a un Referéndum popular sobre la política energética del país realizada por el nuevo presidente. Uno de los principales detonantes de la “Guerra del Gas” fue el régimen de secreto y los criterios contrarios al interés colectivo con los que el sector de hidrocarburos fue manejado por varios gobiernos de corte neoliberal desde mediados de los 80 hasta inicios de la década del 2000. La confidencialidad de las negociaciones sobre un proyecto de exportación de gas natural a EE.UU. vía Chile, hechas a espaldas de la población; y la suscripción de contratos petroleros (contratos de riesgo compartido) con cláusulas inconstitucionales y en desmedro de los intereses colectivos, entre otros factores, atizaron la indignación social y la movilización. En mayo de 2005, se aprobó una nueva Ley de Hidrocarburos (vigente hasta la fecha) que incorporó el principio de transparencia en la gestión pública del sector de hidrocarburos. En el marco de esa norma se firmaron en 2006 nuevos contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos (Contratos de operación) que reemplazaron a los antiguos y leoninos contratos de riesgo compartido. A diferencia de sus antecesores, los nuevos contratos fueron aprobados por el Congreso Nacional y divulgados en páginas web oficiales y de organizaciones de la sociedad civil. Pese a estos claros avances, de modo incongruente con el principio de transparencia contemplado por la nueva ley, los contratos de operación vigentes mantienen un resabio de los antiguos contratos: la incorporación de una cláusula de confidencialidad que debe cumplir el contratista petrolero en relación a la información que genere en el desarrollo de sus operaciones. Tal parece que los bolivianos no hemos aprendido las lecciones que dejó la “Guerra del Gas” sobre la insostenibilidad de la confidencialidad vinculada a bienes de naturaleza pública como son los hidrocarburos. La reserva o confidencialidad es admisible de modo excepcional, por ejemplo, en relación al secreto industrial sobre métodos o procesos de producción especiales, pero no puede convertirse en la regla, mucho menos cuando el bien objeto del contrato corresponde al dominio soberano del pueblo, ya que en virtud a este dominio, los ciudadanos tienen la facultad de conocer plenamente sobre la administración de este bien. En enero de 2009, los/as bolivianos aprobaron en Referéndum popular el texto de la nueva Constitución Política del Estado, la cual asume a la transparencia como un valor central del Estado boliviano y como un principio de la administración pública. Asimismo, reconoce el derecho de acceso a la información de la población boliviana sobre las cuestiones públicas. Previamente, en agosto de 2007, se aprobó la Ley de Desarrollo Sostenible del sector de Hidrocarburos, misma que obliga a la empresa estatal petrolera YPFB a publicar semestralmente información relacionada con los contratos de operación como las medidas de protección al medio ambiente y las inversiones realizadas para cada campo petrolero. Es de suma importancia que los actores estatales del sector petrolero, en cumplimiento de las normas constitucionales y legales del país, generen información clara, completa, actualizada y desagregada sobre el sector petrolero, que permita a la población ejercer sus derechos de acceso a la información, de participación en la gestión pública y control social sobre estos bienes públicos que son esenciales para el desarrollo social y económico del país. AIDA trabaja para fortalecer la gobernanza ambiental y promover la participación ciudadana en el continente americano. El acceso a la información pública sobre la gestión ambiental del sector de hidrocarburos es la llave que permite una participación ciudadana significativa en la prevención o mitigación de los impactos generados por las industrias extractivas.

Abril 28 2014

De la frustración a la esperanza: Viendo la luz en los rostros de las víctimas

Por María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA, @MaJoVeramendi Tengo que confesar que a veces me frustro. Me ocurre cuando intento explicar que el trabajo que hacemos los abogados y abogadas que litigamos casos de violaciones de derechos humanos no siempre produce resultados inmediatos, que se trata de luchas a largo plazo en busca de justicia para las víctimas y cambios profundos en los Estados y en nuestras sociedades. Es frustrante ver que agendas orientadas hacia una supuesta protección de los derechos humanos se ven influenciadas por intereses políticos. Es frustrante la falta de recursos para llevar y atender los procesos, y lo son también las largas esperas, la injusticia o la justicia que tarda. ¿Qué hacer en esos momentos de desilusión? Mi respuesta es volver a los orígenes, a lo básico, a la razón de ser de nuestra lucha y compromiso: las víctimas. A fines de marzo tuve la oportunidad de conocer en Washington D. C. a dos luchadores por las causas de sus comunidades, los brasileños Alaíde Silva y Josías Manhuary Munduruku. Ellos viajaron varios días desde Buriticupú (estado de Maranhão) y Jacareacanga (estado de Pará), respectivamente, para participar en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presentar información sobre cómo los jueces brasileños aplican una ley de la dictadura que viola su derecho al acceso a la justicia. Esa ley, denominada “Suspensión de Seguridad” (“Suspensão de Segurança”), permite al gobierno federal solicitar la suspensión de decisiones judiciales favorables a los derechos de los pueblos indígenas y de otras comunidades frente al desarrollo de controversiales megaproyectos —como la represa hidroeléctrica Belo Monte— con base en supuestas amenazas a la seguridad nacional y al “orden social y económico” del país. En la audiencia, Josías, líder indígena del pueblo Munduruku (compuesto por 118 aldeas y 11,000 habitantes), denunció que el gobierno brasileño planea construir un complejo hidroeléctrico en el río Tapajós y sus afluentes sin haberles consultado ni obtenido su consentimiento previo, libre e informado. El proyecto, reveló, amenaza con traer impactos devastadores a sus tierras y la sobrevivencia de su pueblo y cultura. Finalmente, explicó cómo un juez revocó una decisión judicial favorable a su pueblo y permitió que el proyecto continúe en abierta violación a sus derechos. “Queremos respeto a nuestro territorio, a nuestro río, a nuestros lugares sagrados, a nuestro cementerio; ¡y queremos ser consultados!”, demandó Josías. Por su parte, Alaíde denunció que el proyecto de duplicación de la línea de Ferrocarril de Carajás (EFC), a cargo de la empresa minera Vale, está afectando a 1,7 millones de personas en 27 municipios de los Estados de Maranhão y Pará, y en al menos 100 comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y urbanas asentadas en las márgenes de la EFC. La actual línea de ferrocarril tiene casi 900 kilómetros y conecta las minas de Carajás en el estado de Pará con la Terminal Marítima de Ponta da Madeira en el estado de Maranhão. Es utilizada para transportar hierro, manganeso, cobre y carbón. Con la ampliación, Vale duplicará 115 kilómetros de la línea férrea para aumentar el volumen de transporte y el flujo de minerales. Entre los impactos denunciados por Alaíde están las molestias causadas por el crujir de la línea férrea y por la bocina del tren, el atropello de personas y animales, y el desalojo de comunidades, aldeas y familias sin una justa indemnización. Alaíde detalló cómo la empresa minera aterroriza a la población, coopta líderes, intimida a los habitantes y espía a los movimientos sociales, todo para satisfacer sus intereses. Al igual que en el caso de las hidroeléctricas del río Tapajós, aquí también se aplicó la Suspensión de Seguridad para revocar una decisión favorable a las comunidades. El fallo en cuestión ordenaba a la empresa suspender la construcción de la obra y realizar un Estudio de Impacto Ambiental con un análisis pormenorizado de todas las comunidades afrodescendientes e indígenas existentes a lo largo de la EFC. El argumento para revocarlo fue que la suspensión de la obra afectaba los intereses económicos del Estado. Los casos expuestos ante la CIDH son sólo dos ejemplos de la aplicación de la Suspensión de Seguridad. Como ellos, hay muchos más en los que los derechos de las comunidades y personas afectadas por grandes proyectos de “desarrollo” son reducidos a una categoría inferior bajo argumentos ficticios de interés económico, seguridad y orden público. Esperamos y confiamos que acciones como las mencionadas permitan visibilizar los impactos que la aplicación de la Suspensión de Seguridad tiene en los derechos humanos de cientos de personas y comunidades, y consigan que los organismos internacionales hagan un llamado al cambio a Brasil. Gracias a todos los que trabajaron intensamente para que la audiencia fuese posible. Gracias a los colegas en Brasil sin cuyo trabajo y compromiso el viaje de Josías y Alaíde no hubiese sido posible. Y gracias a esos dos luchadores brasileños por brindarme una lección de vida que hace que la niebla de la frustración se despeje y que el sol se asome nuevamente. Este texto lo dedico a mi querido excolega Joelson Cavalcante, quien dejó este mundo recientemente para convertirse en un ser de luz. Con él visité por primera vez el río Xingú, en el Amazonas brasileño, y nunca olvidaré su felicidad y gran sonrisa cuando, tras un año fuera de su país, pudo bañarse en esas aguas. En su memoria, la lucha continúa.