Carta abierta: A diez años de Belo Monte
BELO MONTE: DIEZ AÑOS DE FUNCIONAMIENTO, MÁS DE UNA DÉCADA DE DAÑOS SIN REPARACIÓN
El 5 de mayo de 2016, la primera turbina de Belo Monte entró en funcionamiento en el río Xingú. Diez años después, las comunidades indígenas, ribereñas y de pescadores artesanales de todo el curso medio del río Xingú, a las que nunca se consultó adecuadamente, siguen sufriendo violaciones sistemáticas de sus derechos. El balance de esta década no es de desarrollo, es de daños documentados y reparación denegada.
Los impactos son concretos y persistentes. Más de cien kilómetros de la Volta Grande del Xingú han perdido su caudal natural. El hidrograma operativo impuesto por la central no garantiza las condiciones ecológicas mínimas para la reproducción de la vida acuática, lo que provoca el colapso de la pesca artesanal y una grave inseguridad alimentaria para las poblaciones que dependen del río como fuente principal de alimento e ingresos. La pérdida del acceso al río supone, al mismo tiempo, una pérdida de cultura, territorio y derechos.
Los pueblos indígenas aislados y de contacto reciente presentes en la región enfrentan riesgos agravados, pues su supervivencia depende directamente de la integridad ambiental y territorial del río Xingú. Este contexto impone al Estado un deber reforzado de protección, conforme a parámetros constitucionales e internacionales.
La crisis climática agrava cada una de estas violaciones. Las sequías extremas que asolaron la Amazonía en 2016, 2019, 2020, 2023 y 2024 agravaron los impactos ya existentes y pusieron de manifiesto la fragilidad estructural del proyecto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Opinión Consultiva 32/25, reconoció que ecosistemas como la Amazonía son críticos para la estabilidad climática y que los Estados tienen la obligación de actuar con la debida diligencia reforzada para prevenir daños graves e irreversibles a esos territorios y a las comunidades que de ellos dependen.
Desde 2011, el caso se encuentra tramitándose ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y está a la espera de un informe de admisibilidad y fondo. El expediente probatorio está completo. Las violaciones están documentadas, son continuas y no han sido reparadas. El paso del tiempo es implacable: cada piracema perdida (el ciclo estacional de desove del que dependen las comunidades pesqueras), cada familia desalojada del río, cada nueva amenaza a la región contribuye a un costo humano que es real, creciente e imperdonable.
Por su parte, las comunidades ribereñas e indígenas de la región, tanto en la Volta Grande del Xingú como en los bordes, no se han quedado de brazos cruzados. Al tiempo que luchan por una reparación integral, trabajan por la constitución del territorio ribereño y la expulsión de intrusos de las tierras indígenas, organizan el monitoreo ambiental y territorial del río, documentan los impactos y resisten a cada nueva amenaza en su territorio. Esa documentación forma parte del expediente probatorio del caso y demuestra, de manera inequívoca, la continuidad de las violaciones.
Son diez años de funcionamiento y más de quince años de violaciones documentadas. Esperamos que el caso sea admitido por la Comisión y sometido a la Corte IDH sin demora y que, en un acto de justicia, reconozca la responsabilidad del Estado brasileño y exija la adopción de un hidrograma ecológico que garantice las condiciones mínimas para la reproducción de la vida en la Volta Grande del Xingú; el establecimiento del territorio ribereño; la reparación integral de las comunidades afectadas; la suspensión de nuevos proyectos de alto impacto en la región mientras no se reparen los daños existentes; y ordene medidas efectivas de no repetición. Las comunidades de la Volta Grande del Xingú han esperado demasiado tiempo.
Firman los peticionarios:
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); Consejo Indigenista Misionero (CIMI); Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB); Diócesis de Altamira; Justicia Global; Movimiento Xingú Vivo Para Siempre; Observatorio de Pueblos Indígenas Aislados (OPI) y la Sociedad de Pará para la Defensa de los Derechos Humanos (SDDH).