
Carta abierta al Grupo BID: Ni un paso atrás con los compromisos climáticos
Christopher Borges / Pexels.
Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes nos oponemos firmemente a cualquier medida que implique un retroceso en los compromisos climáticos asumidos por el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID). Le solicitamos al Grupo BID que mantenga su meta de financiamiento climático. Retroceder ahora dejaría a una de las regiones más vulnerables del mundo con menos apoyo justo cuando más lo necesita.
Según información publicada por Devex, el Grupo BID estaría considerando reducir o eliminar su meta de financiamiento climático. Nos preocupa profundamente esta posibilidad. Una decisión así significaría abandonar compromisos climáticos que el propio Grupo BID asumió públicamente, y con los que se consolidó como uno de los bancos líderes en la materia y que han sido centrales para cumplir su mandato como Banco de Desarrollo regional que busca "mejorar vidas".
Consideramos que eliminar la meta de financiamiento climático sería contraria a los compromisos asumidos en: a) la EstrategiaBID+ 2024–2030 y su Marco de Impacto, que establecen el cambio climático como uno de los tres objetivos centrales del Grupo BID. Asimismo incluye una meta de financiamiento climático y verde, el apoyo a las cero emisiones netas para 2050, la alineación con el Acuerdo de París y la eliminación de los subsidios regresivos y contaminantes a los combustibles fósiles; b) el Plan de Acción en Materia de Cambio Climático 2021-2025, que fijó el rumbo de la institución en esta materia; c) el anuncio del Grupo BID en la COP29, por el cual se comprometía a un mínimo de 50 por ciento de financiamiento verde y climático en el BID y un 60 por ciento en BID Invest para 2030.
Reducir la meta de financiamiento climático también sería inconsistente con los principios de no regresión y de progresividad reconocidos en el Acuerdo de Escazú, y con el principio de progresión del Acuerdo de París, así como con la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos. La gran mayoría de los Estados miembros del Grupo BID asumieron estas obligaciones y compromisos, y el Grupo BID debería apoyarlos en su cumplimiento. Esto es especialmente grave porque, en palabras del propio Grupo BID, América Latina y el Caribe "es una de las regiones más vulnerables al cambio climático" del mundo.
Una reducción de la meta de financiamiento climático podría debilitar la contribución colectiva de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) a la implementación de la Nueva Meta Colectiva Cuantificada de Financiamiento Climático (NCQG por sus siglas en inglés), adoptada en la COP29. La NCQG establece una meta de al menos USD 300 mil millones anuales para los países en desarrollo para 2035, y otra meta aspiracional de alcanzar USD 1.3 billones integrando todas las fuentes. La decisión reconoce expresamente que los flujos de financiamiento climático movilizados por los BMD pueden contribuir a su cumplimiento, mismo a lo que se comprometieron en acuerdo con sus accionistas. Reducir metas institucionales podría debilitar la movilización de financiamiento que la región necesita, tanto para adaptación, como para la transición energética justa, y sobre todo para las pérdidas y daños que van en incremento. Además, el Grupo BID quedaría, en esta materia, por detrás de otros bancos multilaterales y regionales, como el Nuevo Banco de Desarrollo (con una meta del 40%), el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (con una meta de 50% para 2030); y el Banco Asiático de Desarrollo (75% para 2030).
Por otra parte, deseamos expresar nuestros cuestionamientos al recientemente publicado Marco Temático de Energía 2026-2030, el cual carece de la ambición climática necesaria y no está alineado con los compromisos establecidos en la Estrategia Institucional.
La crisis climática se agrava y sus efectos en América Latina y el Caribe son cada vez más severos, como lo vemos ahora con los impactos de El Niño. En este contexto, el Grupo BID debe reforzar, y no debilitar, su ambición climática. Una transición energética justa y sostenible es aquella que sitúa a las comunidades en el centro y ofrece financiamiento no reembolsable y a tasas concesionales. También es aquella que evita repetir el patrón extractivo: no puede medirse sólo en términos de emisiones, sino también en términos de sus impactos ambientales y sociales.
Nos oponemos firmemente a cualquier medida que implique un retroceso en los compromisos climáticos asumidos por el Grupo BID. Pedimos al Presidente y al Directorio Ejecutivo:
Mantener la meta de financiamiento climático y verde asumida en la Estrategia BID+ y anunciada en la COP29, para apoyar a los Estados miembros con las obligaciones climáticas, incluidas las establecidas por la Corte IDH en la OC-32/25 así como respetar y garantizar los principios de no regresión y progresividad del Acuerdo de Escazú.
Fortalecer la implementación de los compromisos climáticos y establecer la eliminación progresiva del financiamiento al gas fósil.
Clarificar las contribuciones que el BID hará a la Nueva Meta Colectiva Cuantificada de Financiamiento Climático, especialmente hacia los 300 mil millones comprometidos de manera anual para 2035, y cómo se contribuirá con la triplicación del financiamiento para la adaptación, acordado en la COP30.
Priorizar el financiamiento no reembolsable y concesional, para apoyar a los países miembros que más lo necesitan a cumplir con las metas del Acuerdo de París y adaptarse a los impactos del cambio climático.
Promover modelos energéticos que respeten los derechos humanos y prioricen el acceso y asequibilidad de la energía, la sostenibilidad ambiental y social, y el uso de los bienes comunes dentro de los límites planetarios.
Organizaciones firmantes
AbibiNsroma Foundation, Ghana
Aid Life Learn Environment (ALLEN), República Democrática del Congo
Argentina 1.5, Argentina
Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), Colombia
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Regional
Asociación Unión de Talleres 11 de Septiembre, Bolivia
Bank Climate Advocates, Estados Unidos/Internacional
Bank Information Center, Estados Unidos
Big Shift Global, Global
Clínica Jurídica Espeletia - Universidad Externado de Colombia
Cohesión Comunitaria e Innovación Social, México
Colectivo Voces Diversas, El Salvador
Conectas Human Rights, Brasil
Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Perú
ECCO think tank, Italia
Equal Right, Colombia
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina
Fundación Acue, Chile
Fundación CAUCE: Cultura Ambiental - Causa Ecologista, Argentina
Fundación para la Conservación y Uso Sustentable de los Humedales, Argentina
Fundación Tierra, Bolivia
Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Argentina
Germanwatch e.V, Alemania
Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR), Global
Global Policy Forum Europe, Europa
Grupo de Cambio Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC), México
Grupo de Trabajo sobre BID, Regional
Grupo de Trabalho Infraestrutura e Justiça Socioambiental, Brasil
Inisiasi Masyarakat Adat (IMA), Indonesia
Latinoamérica Sustentable, Regional
Menafem Movement, Egipto
Observatorio Ambiental Ciudadano, AOAC, Colombia
Oyu Tolgoi Watch, Mongolia
Plataforma Internacional contra la Impunidad, Internacional
Polen Transiciones Justas, Colombia
Recourse, Reino Unido
Red de Comunidades Impactadas por IFIs, Regional
Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, Social y Climática (LATINDADD), Regional
Rivers without Boundaries, Mongolia
Sustentarse, Chile
The Climate Reality Project América Latina, Regional
The Climate Reality Project, Estados Unidos
The Common Initiative, Internacional
Urgewald, Alemania