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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Agua contaminada, desperdiciada y olvidada

By María José Veramendi Villa, senior lawyer AIDA, @MaJoVeramendi  Are 4:00 am It's a weekend of national holidays. We leave Lima, Peru, bound for the city of Oxapampa, in the high jungle department of Pasco. have not even two hours and traffic on the Central Highway stops completely. After talking with drivers from neighboring cars, we learn that two trucks collided on a curve and load one of them was watered down the road. We can not happen. The hours pass and desperation grows. At this point I'll spare you the anecdotes about the lack of road safety education of my compatriots. It would take me at least 10 entries in this blog. I will summarize by saying: ZERO respect for others! The Storyteller polluted river We were standing about five hours on the road, in the valley of the Rimac River , whose name in Quechua means talkative. Its flow down from the Andes , runs through the valley, the city of Lima, Callao and empties into the Pacific Ocean . It is one of the three river basins that supply water to the nearly 9 million inhabitants of the desert metropolitan Lima. However, Rimac water that reaches the treatment plant Potable Water and Sewerage Lima (Sedapal) is  highly contaminated by various sources:  discharge of industrial wastewater, domestic and irrigation; Environmental passives; and solid waste dumps, among others. The gravity of the situation is such that since August 2013, increased by 53% SEDAPAL budget of chemical inputs to purify the river water. In a statement on 1 August 2014 a representative of that entity indicated that "e l problem of pollution is increasing" . Lima is left without water As you can imagine, five hours in traffic allow you several moments of reflection. Between sleep and boredom, they caught my attention the washes cars and trucks . Although it is something I had already noticed on previous trips to La Oroya, spare time made ​​me watch him carefully. These sinks were installed as improvised on one side of the road, on the banks of the Rimac. The most interesting, surprising and outrageous of them (see photos) is that they are a source of wasted water . River are supplied through hoses or pipes with sprinklers that NEVER close. The worst thing is not about one or two laundry rooms. They are at least 20 that are located along the road, throwing water constantly and without control . I doubt that these businesses clandestine reach their monthly water bill. It is ironic that occur this kind of thing in full view of the authorities in a city like Lima: so  vulnerable to the effects of climate change ,  where more than one million people have no water connection, where another million live with rationed water and more than a million and a half does not drain connection  [1] ,  and where the availability and access to water are dwindling . If the situation I have described has not been regulated, where the audit is? My journey ended 16 hours later with many questions about what we are doing to solve such basic problems as  waste without water control . Recall that in December Peru will be the great host of the  Conference of States Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change . It is hoped to move there in consensus towards a new binding agreement to reduce emissions, but also want this to generate awareness in the authorities regarding  specific actions to take care of our water resources and properly oversee its misuse . I hope that within a few decades will not have to wonder what happened to our Rimac River ... [1] Municipality of Lima. Lima strategy Adaptation to Climate Change. View: http://www.ciudad.org.pe/talleres/2012-07/pptestrategiasCC04juliov2.pdf                  

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Organizaciones buscan recuperar fuentes de agua en Panamá

Solicitaron formalmente a la Autoridad Nacional del Ambiente anular una resolución que permite que grandes proyectos como represas hidroeléctricas usen hasta el 90% del agua de ríos, lagos y otros ecosistemas. Ciudad de Panamá, Panamá. Organizaciones de la sociedad civil presentaron una petición ciudadana a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) para que ésta anule la resolución que permite que hasta el 90% del agua de ríos, lagos y otras fuentes naturales de ese recurso vital sea empleada en grandes proyectos como represas hidroeléctricas. La solicitud fue acompañada por una propuesta para regular el caudal ambiental en el país de manera sostenible y protegiendo los derechos humanos. Dicho caudal es el flujo de agua que un río u otro cauce debe tener para mantener sus valores ecológicos —refugio de flora y fauna, preservación del paisaje y disolución de contaminantes, entre otros— y sus valores sociales o su uso por parte de las comunidades. La resolución de la ANAM limita ese flujo a tan solo el 10% para todos los cuerpos de agua y permite que el porcentaje restante quede libre para ser utilizado por grandes proyectos de infraestructura  como centrales hidroeléctricas. La petición y la propuesta de regulación fueron elaboradas por el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), la Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá (FUNDICCEP) y Amigos del Parque Internacional La Amistad (AMIPILA), en colaboración con abogados y científicos de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW por sus siglas en inglés). "La regulación vigente afecta a todos en el país, especialmente a las comunidades de las provincias de Chiriquí y Veraguas, donde un gran número de proyectos hidroeléctricos amenaza gravemente la disponibilidad de agua en sus ríos", dijo Luisa Arauz, abogada de CIAM. "Nuestra petición explica cómo la actual resolución viola regulaciones nacionales e internacionales al ignorar las necesidades de las comunidades y de los ecosistemas". En la petición, las organizaciones explican la importancia de considerar las características específicas de cada ecosistema en términos de su ecología y capacidad para permitir los usos que comunidades enteras hacen de ellos. Instan además al gobierno a establecer una regulación para el caudal ambiental que considere el valor ambiental, humano y cultural de los ríos y otras fuentes de agua. El gobierno de Panamá tiene obligaciones internacionales de proteger los recursos hídricos y de garantizar los derechos humanos de las personas que dependen de ellos. "Nosotros presentamos una carta a la ANAM resaltando las obligaciones internacionales y los casos de estudio más relevantes que fundamentan la petición y la propuesta de regulación", señaló Haydée Rodríguez, abogada de AIDA. Por su parte, Pedro León, abogado de ELAW, explicó: "La propuesta permitirá que la ANAM otorgue derechos de uso y concesiones de agua con base en la verdadera capacidad de recarga de las fuentes hídricas, haciendo posible la protección efectiva del derecho humano al agua y a un ambiente sano". Los peticionarios solicitaron a la ANAM fortalecer la participación en la gestión del agua convocando a una consulta pública para discutir la propuesta. La misma propone una clasificación de los recursos hídricos existentes con base en su grado de uso, las características biológicas de los ríos y las necesidades humanas que éstos cubren. La propuesta recomienda además la aplicación de métodos holísticos para determinar el caudal ambiental en ecosistemas de agua dulce para garantizar su uso adecuado y sostenible.  

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La Estrella Fluvial del Inírida: Humedal para el mundo

Por Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA Texto publicado originalmente en Razón Pública Colombia se ha comprometido a proteger uno de sus ecosistemas más importantes. Las amenazas en su contra vienen de la minería y de la inoperancia estatal. ¿Estará el país a la altura de sus compromisos internacionales? ¿Qué es la Estrella y qué es Ramsar? La declaración de la Estrella Fluvial del Inírida como ecosistema Ramsar sorprendió a la opinión pública, aunque este es un proceso que lleva casi una década. Sin duda, es un paso en la dirección correcta, pero aún hay un largo camino por recorrer. La Convención de Ramsar es un tratado de derecho ambiental que se ocupa de la protección de los humedales de importancia internacional. Utiliza una definición amplia de lo que debe entenderse por estos sistemas naturales. Ha sido suscrito por 168 Estados y protege 200 millones de hectáreas alrededor del mundo. No es un instrumento "taquillero" como el de cambio climático, pero es importante por su carácter especializado, por su relación con otros acuerdos ambientales y porque es el único que se ocupa de un tipo de ecosistema en particular. El tratado se propone conservar y promover el uso racional de los humedales por medio de acciones nacionales y de cooperación internacional. Sus estrategias incluyen la planificación de usos, el desarrollo normativo, la educación, la designación de sitios para su "gestión eficaz" y el intercambio de experiencias frente a ecosistemas transfronterizos. La Estrella Fluvial del Inírida es reconocida como un "ecosistema estratégico" para Colombia. En realidad, se trata de un espacio biogeográfico con varios tipos de ecosistemas conectados de diversas formas entre sí y con un alto nivel de endemismo, es decir, de especies que solo se encuentran allí. Se ubica entre los departamentos de Guainía y Vichada. Hace parte del Escudo Guayanés y constituye un complejo de fuentes de agua dulce muy frágil y de  importancia vital para la conservación, la mitigación del cambio climático y el sustento de comunidades en cuencas relacionadas. Este ecosistema pasa a ser el sexto sitio Ramsar del país. Es una cifra modesta, teniendo en cuenta la enorme riqueza hídrica colombiana y, por ende, la cantidad de sistemas naturales que podrían ser incluidos en esta clasificación. Según el Ministerio de Ambiente, Colombia tiene alrededor de tres millones de hectáreas de humedales. Si se compara con otros países, algunos de ellos han avanzado mucho más en la identificación de estos sitios, así: SITIOS DESIGNADOS RAMSAR País No. de sitios Ramsar Hectáreas protegidas Algeria 50 2.991.013 Argentina 21 5.382.521 Australia 65 8.319.886 Bolivia 11 14.842.405 Brasil 12 7.225.687 Canadá 37 13.086.771 Colombia (sin la Estrella Fluvial) 5 458.525 Francia 43 3.557.820 Perú 13 6.784.042 Perspectivas de la protección de los humedales La declaratoria es un avance importante que debe ser reconocido por varias razones: por el tamaño de la Estrella (alrededor de 253 mil hectáreas, lo que incrementaría casi en una tercera parte el área de ese tipo protegida en el país), también por la utilidad del tratado que la protege, y especialmente por la envergadura de los riesgos que enfrenta. Como contó La Silla Vacía, este sitio fue objeto de un duro pulso entre las carteras de Ambiente y Minas por la definición de si puede permitirse o no minería en esa zona, que concluyó con la declaración de reservas temporales de recursos naturales. En teoría, las reservas temporales decretadas por el gobierno frenaron la expedición de nuevos títulos en ecosistemas sensibles, incluyendo humedales clave, pero la vigencia de esta decisión es de corto plazo y está sujeta a prórrogas. Aunque por la naturaleza de las obligaciones del tratado,  la declaración como sitio Ramsar debería bastar para blindar La Estrella Fluvial, el riesgo de daños por minería sigue vigente mientras no haya una decisión definitiva del gobierno sobre dichas reservas temporales, y a pesar de la claridad de las normas ambientales. Colombia tiene una tradición donde esas normas, que en general son buenas, a veces no son observadas por autoridades distintas del propio ministerio del ramo. Esta tendencia se refuerza con decisiones provisionales sobre protección. Otra arista del problema es la minería ilegal. En ella hay que distinguir entre aquella de subsistencia, que podría considerarse informal, y la que realizan grupos armados u otro tipo de organizaciones al margen de la ley. Si bien la minería criminal es más difícil de controlar, es importante entender que ello obedece a que no es objeto de regulación sino de persecución penal. Por otro lado, la minería legal en sitios Ramsar no debería ser considerada una herramienta para desestimular la ilegal. En cualquier caso, ambos tipos de actividades deben ser prohibidas, aunque se deben ofrecer alternativas laborales a las comunidades. Finalmente, los humedales no son ni tienen por qué ser territorios deshabitados. Así lo reconoce la propia Convención, que introduce la noción de "uso racional" y alienta la participación en los esfuerzos de cada país para proteger sus humedales, así como la articulación intersectorial. La protección del patrimonio cultural asociado con estos ecosistemas también es objeto de interés por parte del tratado Ramsar, lo cual da cuenta de la importancia que tienen las comunidades para su aplicación. Lo que viene La Convención de Ramsar celebra una Conferencia de Estados Partes (COP) cada tres años. Es el órgano encargado de trazar las políticas y de evaluar la evolución de los esfuerzos por aplicar el tratado,  y adopta decisiones para mejorar su funcionamiento. Durante la COP, los Estados partes presentan informes donde rinden cuentas y señalan los desafíos  futuros. Como en todas las conferencias multilaterales, suelen conformarse bloques de países en función de sus posturas frente al tema, de su política exterior y de los acuerdos a los que se puedan llegar. La COP de 2015 será en Uruguay y sin duda el Gobierno colombiano tendrá un nuevo avance para mostrar. Sin embargo, además de la extensión de áreas protegidas, el indicador más importante será la conservación de las características ecológicas de los humedales que ya han sido declarados sitios Ramsar. Dicha conservación es el concepto utilizado para definir el uso racional. Sin ella no hay cumplimiento apropiado de las obligaciones del tratado. El informe de cada país debe incluir datos sobre la articulación entre Ramsar y las demás políticas nacionales (minería, por ejemplo), si el inventario nacional de humedales está completo y si la información sobre ellos es accesible. Asimismo, Colombia tendrá que dar cuenta sobre la inclusión de cuestiones relativas a humedales en los planes agrícolas, de diversidad biológica, forestales y de recursos hídricos. Igual ocurrirá con temas como los esfuerzos por restaurar humedales deteriorados (cruciales para la Costa Caribe), especies invasoras, diseño de incentivos y manejo intersectorial. Por otro lado, los retrasos en delimitar los humedales son un obstáculo serio para su protección y con toda probabilidad ello llamará la atención de la Conferencia. En todos estos aspectos, los retos siguen siendo enormes. Con todo, seguramente la experiencia del distrito de Bogotá y los esfuerzos del Instituto Humboldt serán presentados por el gobierno nacional para mostrar resultados. Como dice el lema de la secretaría de Ramsar, "Los humedales nos conectan a todos", la clave para salvar la Estrella Fluvial del Inírida está en su consolidación como área protegida, con todo lo que ello implica: regulación apropiada, planta de funcionarios, control político y participación ciudadana, entre otros aspectos. La Convención requiere que, además de la declaración, los sitios protegidos cuenten con comités intersectoriales de gestión y planes de manejo. En suma, se necesitan voluntad institucional y recursos suficientes. La protección de la Estrella apenas comienza. Las medidas temporales ayudan, pero no son políticas estables y pueden verse afectadas por los cambios electorales. De eso depende que muchas otras generaciones tengan la oportunidad de apreciar su abrumadora belleza desde los cerros de Mavecure.

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