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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

O Brasil: O anfitrião da Rio +20 em alguns números

Por Joelson Cavalcante, asesor legal de AIDA O Brasil sediará a Rio+20, quando mostrará seus índices sociais, e econômicos, também a controversa política ambiental, com violações de direitos humanos. Assim, economia verde e erradicação da pobreza estarão no cerne da discussão. Com a aproximação do evento da Rio+20, o país sede se prepara para mostrar aos seus pares se fez o dever de casa, mediante a implementação do conceito da sustentabilidade. Isto é, embasado no tripé da sustentabilidade econômica, com justiça social e preservação ambiental. Os números do desmatamento na Amazônia apresentaram uma redução de 11.%, o que inicialmente parece satisfatório, entretanto, ainda representam 6.238 km.  Ademais, a política controversa do Governo Federal que editou Medida Provisória (MP) nº 558/2012 , publicada em janeiro de 2012, excluiu 86.288 hectares de sete Unidades de Conservação (UCs) federais na Amazônia, contrariando a legislação em vigor e divergindo dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Assim, o Código Florestal apresenta-se como emblemático nessa postura ao conduzir a questão ambiental, pois concede anistia para desmatadores irregulares. Além de reduzir as reservas legais e Áreas de Proteção Permanente, na contramão da tendência mundial de aumentar sua cobertura florestal, no contexto de mudanças climáticas. Em tempo, houve a promulgação da Lei da Política Nacional de Mudanças Climáticas, em consonância com os Acordos internacionais, no âmbito do Protocolo de Quioto. Entretanto, não há políticas concretas para mitigação dos eventos extremos que já assolaram o Brasil, como a seca na Amazônia (2005) , bem como as inundações no sudeste brasileiro , que segundo as previsões dos especialistas , tendem a agravar-se no decorrer do século. Ao mesmo tempo, há algumas semanas foram publicados os números da economia brasileira, referentes ao PIB que apresentou crescimento de 2.7% e totalizou R$ 4,143 trilhões. Contudo, tais números estão abaixo das projeções do governo que previam algo em torno de 5%. Entretanto, o que se percebe é um tom de celebração pelo fato de a economia brasileira ter ultrapassado a Grã-Bretanha . Ademais, o governo celebra o fato de que 10 milhões de brasileiros não mais se encontram sob a condição de pobreza , e que a classe média já ultrapassou 52% da população em 2009. Todavia, a demanda por saúde, educação e cultura aumentam na mesma proporção. Ao tomarmos como referência o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, o Brasil ainda encontra-se na posição de número 84º, atrás de países vizinhos como o Peru (80º), ou até mesmo a Líbia (64º), lembrando que o Reino Unido ocupa a 28ª posição no mesmo índice. Ou seja, há muito que avançar em sustentabilidade social. Além disso, há as mais diversas violações dos direitos humanos, especialmente no campo, bem como denúncias de censura  por parte de agentes públicos, de quem esperávamos uma proteção especial. Que na Rio +20 trabalhemos para um futuro mais equânime, seguro e sustentável para a população brasileira, bem como para o planeta.

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Derecho ambiental y mujeres

Por Natalia Jiménez, asesora legal de AIDA 26-marzo-2012 El papel del derecho ambiental está débil con respecto al tema de género, especialmente por la constante aprobación en América Latina de proyectos económicos y de desarrollo que afectan la cosmovisión particular de las mujeres, y que pueden llegar a constituir nuevas formas de violación de los derechos de nosotras. Al igual que las comunidades étnicas, hay grupos sociales con cosmovisiones que albergan valores únicos de protección ambiental, por eso, proteger y brindar garantías a estas formas de pensar implica proteger al ambiente. Las mujeres tenemos un rol determinante en la protección ambiental de forma diferenciada y particular. Aunque no es igual para todas, y seguramente muchas no sientan la necesidad de este reconocimiento, la forma de concebir la naturaleza o la creación, por un lado, y los daños ambientales por el otro, son diferentes entre hombres y mujeres, y por ello, promovemos de forma variada propuestas de manejo o de gestión ambiental.  Al respecto hay mucha bibliografía valiosa en español. Cito tres libros como ejemplos: a) “Abrazar la vida. Mujer, ecología y desarrollo” de Vandana Shiva publicado en Uruguay b) “Desarrollo y feminización de la pobreza”, Ecofeminismo: hacia una redefinición filosófico-política de "Naturaleza" y "ser humano, los últimos de Alicia Puleo y publicados en España. La experiencia del Ecuador en protección de los ecosistemas de páramos, es un hermoso e inspirador ejemplo de lucha ambiental femenina en Latinoamérica y prueba de lo que se ha dicho, por ejemplo, sobre porqué las mujeres son las mejores defensoras en las negociaciones en cambio climático, y porqué sus ideas son, incluso más efectivas efectivas y sostenibles para combatir el hambre y la pobreza. Pero mientras los grupos étnicos han logrado cierto nivel de protección jurídica a través de la figura de la consulta previa hay grupos sociales que aún se encuentran a la espera de abogados creativos que puedan llevar a litigio la defensa de sus visiones. La consulta previa es un derecho de los grupos étnicos para decidir sobre proyectos o iniciativas legislativas que afecten sus territorios, para proteger su integridad cultural, social y económica. Ha sido un derecho reconocido en países como Colombia. Así, hemos visto que en Latinoamérica el aspecto social que por lo general más se resalta de las grandes luchas jurídicas en defensa ambiental es la afectación al derecho a la consulta previa de los grupos étnicos, en tanto que vulneración de su propia existencia y cultura. Pero poco o nada se ha dicho jurídicamente de la ilegalidad e inconveniencia social de un proyecto de desarrollo por la violación, por ejemplo, de los derechos de las mujeres y de su cosmovisión. Hacen falta herramientas jurídicas como precedentes jurisprudenciales, que permitan litigar y determinar, por ejemplo, que ciertos proyectos de desarrollo son o constituyen un acto discriminatorio contra la mujer.  Con esto no estoy hablando de multiplicar los ya existentes mecanismos comunes de participación en los espacios de toma de decisiones, ni la cuantificación femenina en la participación o toma de decisiones. Necesitamos precedentes jurisprudenciales que protejan el ambiente basado en la cosmovisión femenina. Necesitamos herramientas jurídicas mucho más creativas que ayuden a que, del mismo modo que lo intenta hacer la consulta previa, se puedan integrar los valores ambientales femeninos a las prácticas ambientales locales y globales de forma real y eficiente.  Video de experiencias en Colombia sobre la importancia de una visión de género en proyectos de manejo de agua dulce: TheWaterChannel

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Arrecifes de coral en AL, un espectáculo natural en riesgo

Gladys Martínez de Lemos, asesora legal de AIDA El 25% de todas las especies marinas utilizan los hábitat de coral en algún momento de su ciclo de vida; en Costa Rica el daño a estos recursos naturales ha sido causado en gran medida por la deforestación de cuencas y otras acciones humanas. Los arrecifes de coral son un elemento escencial para el equilibro del ambiente marino porque proveen hábitat para muchas especies de consumo humano, brindan protección a las costas de la erosión y embates de huracanes, y son fuente de ingresos de las comunidades costeras que viven del turismo de buceo. Pero la falta de políticas y regulaciones claras los mantienen en peligro. Estas bellezas naturaes contribuyen al equilibrio ecológico pues son fuente de alimento de otros organismos superiores, formando redes alimentarias importantes. Su valor ambiental es tan alto que los economistas han calculado que una hectárea de arrecife coralino supera el millón de dólares por año. Aunque los arrecifes de coral cubren sólo cerca de un décimo del suelo océanico, las estimaciones sugieren que 25% de todas las especies marinas utilizan los hábitat de coral en algún momento de su ciclo de vida. Pero aún con su importancia, los arrecifes se encuentran amenazados. El calentamiento global, la acidificación de los océanos, la pesca destructiva, el desarrollo insostenible de las costas y la contaminación, entre otros, ponen en riesgo la supervivencia de los arrecifes  en Costa Rica al igual que en el resto del mundo.  Por ejemplo, en Costa Rica, el Decimo Quinto Informe sobre el Estado de la Nación señala que la “reducción en un 75% del coral vivo en el arrecife de Cahuita obedece fundamentalmente a la sedimentación, causada en gran medida por la deforestación de cuencas y otras acciones humanas”. Falta de acción de gobiernos La crisis por la que pasan los arrecifes de coral es evidente. La falta de políticas y regulaciones claras e integrales que aborden el problema; la ausencia de mecanismos de control, monitoreo y protección adecuada para estos recursos; y el bajo nivel de cumplimiento de las obligaciones internacionales vigentes relacionadas al tema. Esta situación no pueden ser más un pretexto para evadir el compromiso de conservar la biopersidad marina y los ecosistemas e incluso, que las generaciones futuras, puedan disfrutar de una visita a ver la impresionante belleza y persidad de los arrecifes. Todos tenemos un hijo, un sobrino, un primo pequeño que queremos tenga la oportunidad de gozar de las riquezas escénicas de los corales y que no se quede sin probar la valiosa proteína del pescado. Los tomadores de decisiones de países latinoamericanos que no han creado, en la mayoría de países, leyes especiales de protección para proteger específicamente los corales están ante un gran reto y ante una responsabilidad.

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