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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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Lo que aprendí de mi pasantía en AIDA
El año pasado, realicé una pasantía de tres meses con AIDA en La Paz, capital de Baja California Sur, México. Fue parte del proceso académico para convertirme en abogado en Alemania, mi país natal. La pasantía me permitió unir mi formación profesional con mi pasión por la naturaleza, así como ganar experiencia en el campo del derecho ambiental a partir del trabajo de una ONG internacional. Apliqué a la pasantía para el Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA sin especificar un lugar de preferencia en México. Fue una buena noticia saber que la haría en La Paz, una ciudad pequeña rodeada de naturaleza. Viniendo de Alemania, uno de los países más densamente poblados del mundo, fue increíble vivir en un lugar con tanto espacio. También estaba fascinado con la diversidad de ecosistemas de la zona: desiertos, manglares, bosques de pino en la cordillera y arrecifes rocosos y coralinos en el Golfo de California. En mi primer fin de semana, pude dimensionar la abundancia de vida silvestre que La Paz alberga cuando Camilo Thompson, abogado de AIDA y mi supervisor, y Mario Del Ángel, su vecino y un guía de kayak, me llevaron a conocer los humedales de El Mogote, ecosistema de importancia internacional. Mientras recorríamos los canales de agua tomando fotos de garzas entre los mangles, aprendí de la importancia de los humedales costeros como hábitat de especies y sumideros naturales de carbono. Luego quedé impresionado al ver, con la primera luz del día, a un grupo de delfines en la bahía. La mañana quedó completa al desayunar mis primeros chilaquiles, un típico platillo mexicano. Desde el inicio de mi pasantía, participé en las reuniones virtuales del equipo del Programa Marino, distribuido en varios países. Me enteré de los diferentes temas de trabajo. Desde la oficina en La Paz, nuestra contribución se enfocaba en México. De ese modo, aprendí mucho sobre la regulación nacional relacionada con arrecifes, peces herbívoros y Áreas Naturales Protegidas. Apoyé una investigación sobre el estado de protección de esos peces, esenciales para mantener sanos a los arrecifes coralinos de América Latina y el mundo. La combinación de contacto directo con la naturaleza con tareas de oficina para proyectos locales y regionales me dio una perspectiva de trabajo diferente y aumentó mi motivación de aprender. Supe que AIDA ha trabajado por años junto con otras organizaciones, actores locales y científicos para proteger pesquerías y especies amenazadas como ballenas y tortugas marinas. Una de las mejores experiencias de la pasantía fue precisamente conocer de cerca la riqueza natural y las especies que AIDA busca preservar. Aun siendo buzo por muchos años, no dejó de maravillarme ver lobos marinos, tiburones toro, tiburones martillo, orcas, rayas, tortugas marinas e incontables especies de peces arrecifales en su hábitat natural. En La Paz terminé mi curso de buzo de rescate y acompañé a un equipo de biólogos marinos a realizar un censo visual de la vida marina en la Isla Espíritu Santo. En cuatro ocasiones, visité el Parque Nacional Cabo Pulmo, reserva del arrecife de coral más grande del Golfo de California. Fui a bucear e hice esnórquel. También participé de reuniones de la coalición Cabo Pulmo Vivo, dedicada a proteger el parque y su zona de influencia. Fue gratificante saber que hacía mi pequeño aporte a la conservación del sitio. Además, la pasantía le dio a mi formación profesional un enfoque multidisciplinario. La Paz es uno de los centros científicos de biología marina de México y allí pude intercambiar ideas con biólogos marinos en travesías para bucear y en bares de la ciudad. Fue una experiencia enriquecedora que me dio una mejor comprensión del ambiente. En La Paz también pude dar rienda suelta a la observación de aves, uno de mis pasatiempos. El estado de Baja California Sur es hogar de unas 432 especies de aves. Pude ver una gran variedad de especies migratorias, incluso cinco de las seis endémicas. Terminé la pasantía muy agradecido por las experiencias adquiridas. De regreso en Berlín, planeo volver pronto a La Paz para ver aves, tiburones ballenas y muchas otras especies que habitan la zona y que son pruebas vivientes del trabajo exitoso y valioso que organizaciones como AIDA realizan.
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AIDA llama a los gobiernos a mantener la vigencia del Estado democrático de derecho
Frente a la emergencia por el COVID-19, exigimos que los gobiernos de América Latina se abstengan de aprobar proyectos que dañen el ambiente y los derechos humanos, y que mantengan la protección especial de los y las defensoras ambientales. En el contexto de emergencia desatado por el COVID-19, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) urge a los Estados de América Latina, en especial a los gobiernos, a cumplir con sus obligaciones en materia de protección ambiental y de los derechos humanos, absteniéndose de promover retrocesos al respecto mediante cambios normativos perjudiciales o con la aprobación de proyectos sin una evaluación adecuada de daños sociales y ambientales. Asimismo, expresa su preocupación por la falta de condiciones para garantizar los derechos a la participación y al acceso a información en materia ambiental de las personas afectadas por proyectos y decisiones de política pública de alto riesgo. En particular, lamentamos la decisión del gobierno colombiano de usar medios virtuales para las consultas previas a comunidades étnicas, y la determinación del gobierno provincial de Mendoza, en Argentina, de realizar consultas por internet para proyectos de desarrollo. Si bien consideramos esencial el distanciamiento social para lidiar con la pandemia, no es la metodología adecuada para hacer efectivos los derechos a la participación y el acceso a información. Por ello, AIDA pide a los Estados de la región suspender la aprobación de licencias ambientales y de otro tipo de permisos oficiales para proyectos sensibles y que no tengan relación con la respuesta a la crisis sanitaria, hasta tanto no se puedan garantizar adecuadamente los derechos mencionados. Ello implica tener en cuenta que actualmente no existen las condiciones necesarias para que las personas afectadas por proyectos acudan a la justicia para defenderse. Desde AIDA resaltamos además que, ante la pandemia, las acciones deben estar enmarcadas en el camino que recomienda la ciencia y las normas para afrontar la crisis climática, buscando una transición justa y respetuosa de los derechos humanos hacia un modo de vida más justo, resiliente, sostenible y basado en energías limpias, no en combustibles fósiles. Expresamos nuestra solidaridad con todas las personas afectadas por el COVID-19. Y enfatizamos la urgencia de garantizar y respetar sus derechos en medio de la crisis, particularmente de quienes están en condición de vulnerabilidad como indígenas, migrantes, mujeres y personas defensoras del ambiente, entre otros. En ese sentido, exigimos que los gobiernos de la región mantengan la vigencia del Estado democrático de derecho y la protección especial de las y los defensores del ambiente. Y pedimos a los organismos internacionales monitorear de cerca la situación de derechos humanos en el continente. Contacto de prensa: Victor Quintanilla, [email protected], +5215570522107
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