Un mensaje de nuestra nueva directora ejecutiva, Gladys Martínez de Lemos
La pandemia global ha sido, entre otras cosas, una lección de paciencia y de entereza.
Mientras aún vamos saliendo de la contingencia sanitaria y de sus impactos, este año, el movimiento ambiental demostró claramente que con paciencia y dedicación puede lograr victorias trascendentales.
Tras décadas de esfuerzos de miles de personas defensoras en todo el mundo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoció el derecho humano a un ambiente sano.
AIDA ha contribuido a este hito desde sus inicios. Hemos puesto el estrecho vínculo entre derechos humanos y ambiente en el centro de nuestro trabajo legal, científico y de incidencia para la protección de personas y comunidades vulnerables afectadas por la degradación ambiental en América Latina.
El logro obtenido ante la ONU renueva el compromiso de AIDA con su misión de “fortalecer la capacidad de las personas para garantizar el derecho individual y colectivo a un ambiente sano a través del desarrollo, implementación y cumplimiento efectivo de la ley”.
El derecho a un ambiente sano seguirá guiando nuestra contribución a la justicia ambiental y climática en la región.
Conscientes cada vez más de que los cambios significativos toman tiempo e implican una lucha conjunta, seguiremos tendiendo puentes entre los movimientos regionales y fortaleciéndolos para afrontar con temple la crisis climática y ambiental, así como las inequidades que subyacen a ellas.
AIDA en Cifras: 2020-2021
Victorias clave de AIDA para la justicia ambiental y climática
Los avances obtenidos este año evidencian que es primordial y posible garantizar ríos saludables, sumideros naturales de carbono, medios de vida de poblaciones vulnerables y, en suma, un futuro habitable.
Mujeres mayas abren el camino para el financiamiento responsable
La posibilidad de que el banco retire su inversión de las hidroeléctricas es un hito en la búsqueda de financiamiento responsable en la región y de justicia para las personas afectadas por este tipo de proyectos.
En la microrregión de Yich K’isis (Ixquisis), en el norte de Guatemala, el agua es lo primero en lo que deben pensar las mujeres.
Cualquier cambio en sus fuentes de agua limpia se hace notar en cada instante: al lavar la ropa en el río, cuidar cultivos, limpiar la casa y cocinar para sus familias.
Cuando la construcción de las represas San Mateo y San Andrés avanzó en su territorio, alterando el curso del río y contaminándolo, el acceso al agua limpia se hizo más difícil y las mujeres sufrieron los impactos desproporcionadamente.
Con las obras —financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— los conflictos sociales aumentaron y la población dejó de sentirse segura.
Sin embargo, después de años de lucha y por primera vez, existe la posibilidad de que el BID retire responsablemente su inversión de esos proyectos.
Así señala un informe hecho por el MICI, el mecanismo encargado de gestionar los reclamos de quienes se consideran afectados por proyectos financiados por el banco.
Llegar hasta este punto ha tomado tiempo. Es un avance histórico que nació en 2018 cuando, ante la violación de sus derechos, las mujeres —y en general las comunidades locales— se organizaron, alzaron sus voces y formaron una resistencia sólida y estratégica ante los proyectos y presentaron una queja ante el MICI.
AIDA —con experiencia previa en exigir rendición de cuentas a instituciones financieras internacionales— asesoró, representó y acompañó a las comunidades en ese proceso junto con dos aliados: la Plataforma Internacional contra la Impunidad y el Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti y Mestiza.
En octubre conocimos el informe sobre la queja, el cual menciona el posible retiro del financiamiento para los proyectos. “La posibilidad de que el banco retire su inversión de las hidroeléctricas es un hito en la búsqueda de financiamiento responsable en la región y de justicia para las personas afectadas por este tipo de proyectos”, comenta Liliana Ávila, abogada de AIDA.
De todas las recomendaciones, la 29 “abre las puertas no solo a la salida del BID de los proyectos, también a que se responsabilice de sus errores y enmiende los daños”, precisa Liliana.
El informe admite que el banco falló en verificar la información de la empresa sobre la población afectada, ignorando la presencia de pueblos indígenas en la zona, y que el proceso de construcción de las represas degradó el ambiente, provocó impactos diferenciados en mujeres y niñas —aumentando su vulnerabilidad— e incrementó la conflictividad social.
Las mujeres de Yich K’isis han demostrado que un financiamiento para el desarrollo que pasa por encima de las personas no puede llamarse así.
Su lucha histórica se ha convertido en inspiración para la región entera.
Reafirmando el valor de las áreas protegidas, claves para la lucha climática
La creación del programa de manejo tomó casi dos años y representó un ejemplo de gobernanza ambiental pues fue un proceso participativo, abierto al escrutinio público y en el que estuvieron representados todos los sectores interesados.
Escondida en el Caribe mexicano, el área de protección de flora y fauna Yum Balam acoge en sus más de 1,540 kilómetros cuadrados —más del doble que Madrid— a la isla de Holbox y a una riqueza natural formada por dunas, manglares, praderas sumergidas, aves migratorias y especies protegidas como el tiburón ballena.
Sus manglares y pastos marinos son fundamentales para la mitigación de la crisis climática pues pueden almacenar el equivalente a las emisiones anuales de dióxido de carbono de más de nueve millones de personas, según un estudio reciente.
Aunque alejado del bullicio y de los hoteles todo incluido, el sitio es dañado por la construcción de numerosas obras de infraestructura de pequeña escala y amenazado por grandes desarrolladores inmobiliarios que buscan desmantelar su condición de reserva ecológica.
Propietarios privados y comunales iniciaron una veintena de litigios contra el programa de manejo del sitio, publicado en 2018, e incluso contra el decreto de creación del área protegida, que data de 1994.
La intención de las demandas es abrir Yum Balam a megaproyectos turísticos que implicarían daños irreversibles a sus características ecológicas.
El programa de manejo puso límites a lo que se puede construir en el sitio, demarcó las zonas de preservación, aprovechamiento sostenible y los asentamientos humanos.
En octubre, la Suprema Corte de México respondió a uno de estos litigios: el programa de manejo es legal.
El fallo sienta un precedente legal que afianza el valor de las áreas naturales protegidas, instrumentos valiosos para garantizar nuestro derecho a un ambiente sano y lograr un equilibrio ecológico.
“Es el caso más difícil que me ha tocado”, dice Sandra Moguel, abogada de AIDA.
Como parte de una coalición de organizaciones ambientalistas, Sandra contribuyó a la defensa de Yum Balam en los tribunales y, años antes, a la construcción misma del programa de manejo.
“No salió de la manga”, cuenta Sandra. “La creación del programa tomó casi dos años y representó un ejemplo de gobernanza ambiental pues fue un proceso participativo, abierto al escrutinio público y en el que estuvieron representados todos los sectores interesados”.
Las acciones contra Yum Balam que están pendientes de resolver deberán seguir el camino legal que la Suprema Corte estableció para la conservación de las áreas naturales protegidas, una decisión ejemplar para México y la región.
Devolviéndole la vida a la Madre Agua en el altiplano boliviano
Somos pioneros en recurrir al apoyo técnico internacional previsto bajo Ramsar para contribuir a la preservación de ecosistemas clave en la región. Con el tiempo, hemos construido nuestro propio camino para hacer cumplir los tratados ambientales.
La vida de los Uru Murato ha estado unida al lago Poopó desde mucho antes que el imperio inca se extendiera en Bolivia. Por siglos vivieron en sus aguas, en islas flotantes y subsistiendo de la pesca, obtenida diestramente a bordo de balsas hechas con la totora que crecía abundante en las orillas.
Pero las aguas salobres del Poopó —que llegó a formar un vasto mar interno al unirse al norte con el lago Titicaca— han disminuido a niveles mínimos por una sinergia de factores: décadas de contaminación y uso de agua por actividades mineras, el desvío de ríos y la crisis climática.
La degradación del Poopó implica la desaparición de los medios de vida tradicionales y de la identidad misma de los Uru Murato, de otras comunidades indígenas y campesinas, así como la pérdida de la rica biodiversidad de la zona.
En 2018, AIDA se unió a los esfuerzos locales y nacionales para recuperar el Poopó y el lago Uru Uru, un ecosistema asociado. Vimos una esperanza en el asesoramiento especializado que provee el Secretariado de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental bajo el cual ambos lagos fueron declarados humedales de importancia internacional en 2002.
En julio de 2019, solicitamos —junto con comunidades locales y organizaciones ambientales, sociales y de mujeres— el envío de una misión experta de Ramsar para evaluar la salud de los lagos y hacer recomendaciones concretas para su recuperación. El gobierno boliviano hizo la solicitud formal para viabilizar la visita, prevista para 2022.
“Somos pioneros en recurrir al apoyo técnico internacional previsto bajo Ramsar para contribuir a la preservación de ecosistemas clave en la región”, dice Claudia Velarde, abogada de AIDA. “Con el tiempo, hemos construido nuestro propio camino para hacer cumplir los tratados ambientales”.
A Claudia le motiva trabajar con AIDA porque puede contribuir directamente a la preservación de sistemas de vida, como lo son estos lagos, y también a la sobrevivencia de culturas cuya existencia está estrechamente ligada a la Madre Tierra y a la Madre Agua.
Confía en que la suma de esfuerzos hará que el Poopó reviva y deje de ser un espejismo de agua alimentado por las ocasionales lluvias.
Cinco avances ambientales en 2021
Pese a los desafíos de este y el año anterior, en el 2021 hubo varios avances cuyo crédito corresponde al movimiento ambiental más grande del que somos parte. Estas victorias brindan nuevas herramientas y sientan precedentes importantes para fortalecer y posibilitar aún más la justicia ambiental y climática por la que trabajamos en la región.
El Acuerdo de Escazú entra en vigor
En 2021, celebramos el Día de la Tierra con la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, el primer tratado sobre derechos ambientales de América Latina y el Caribe y el único en el mundo que consagra la protección de las personas defensoras ambientales.
Con la adhesión de Argentina y México, y tras años de trabajo de la sociedad civil, se consiguieron las ratificaciones necesarias para este gran avance.
Escazú es el primer acuerdo regional que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, necesario para facilitar el trabajo y proteger la vida de las personas defensoras.
Corte ordena a Shell reducir sus emisiones climáticas a casi la mitad
En un fallo histórico y de gran importancia en la lucha ciudadana por la justicia climática, el Tribunal del Distrito de La Haya ordenó que la empresa angloholandesa Shell reduzca sus emisiones en 45% para 2030.
En el veredicto se dispone, por primera vez, que una empresa y sus subsidiarias deben alinear sus políticas con las metas globales de reducción de emisiones, como las estipuladas en el Acuerdo de París.
A medida que AIDA contribuye a la consolidación del movimiento regional de litigio climático, este fallo representa un gran paso hacia el uso de los sistemas judiciales como herramientas para avanzar en la justicia climática, con grandes posibilidades de ser replicado en el continente.
Tribunal internacional reafirma protección ambiental en Costa Rica
Al resolver el arbitraje interpuesto por la minera canadiense Infinito Gold contra el Estado de Costa Rica, el tribunal del CIADI, del Banco Mundial, determinó que es legítimo que ese país se declarara libre de minería a cielo abierto como objetivo de protección ambiental.
La decisión es un avance importante ante la creciente pretensión empresarial de entablar demandas contra los países que deciden proteger sus ecosistemas.
La empresa había solicitado una indemnización por las ganancias no percibidas luego de que su concesión fuera anulada por orden de un tribunal nacional de alto nivel, una victoria legal a la que AIDA contribuyó años antes.
La ONU aporta a la protección del ambiente y el clima
El 8 de octubre, en un día histórico y crucial para el futuro del planeta, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas dio dos pasos importantes para garantizar la protección del ambiente y los derechos humanos ante la crisis climática.
Emitió una resolución en la que reconoce que todas las personas tenemos el derecho humano a un ambiente seguro, sano, limpio y sostenible. Varios países —junto con organizaciones, movimientos, empresas y personas defensoras— lideraron los esfuerzos de lo que fue la última etapa de una larga lucha.
De otro lado, el Consejo creó una Relatoría Especial para promover los derechos humanos en el contexto del cambio climático, una demanda de la sociedad civil en la que AIDA fue punto de encuentro y coordinación a nivel de América Latina y el Caribe, contribuyendo a movilizar esta decisión.
Caso de La Oroya llega a la Corte Interamericana
Después de más de 15 años, el caso de violaciones a derechos humanos por contaminación ambiental en La Oroya, Perú, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana presentó el caso ante la Corte tras establecer la responsabilidad internacional del Estado y como respuesta a la petición de un grupo de personas expuestas crónicamente a metales pesados provenientes del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú, representadas por AIDA y sus aliados.
Es la primera vez que un caso de contaminación del aire causada por actividades empresariales en un contexto urbano llega a la Corte y una gran oportunidad para restaurar los derechos vulnerados.
Nuestro Equipo
Nuestras abogadas y abogados nacieron en América Latina y trabajan en la región, al igual que la mayoría de las personas de nuestro equipo. Trabajan virtualmente en ocho países de América del Sur, Central y Norte.
AIDA ofrece becas y pasantías para orientar a la próxima generación de líderes y lideresas. Este año, hemos formado a 25 pasantes en la defensa del ambiente y los derechos humanos.
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