Mensaje de nuestra directora
Este ha sido un año de crecimiento y madurez para AIDA.
De la mano con nuestro sólido equipo multidisciplinario, establecimos precedentes clave para proteger el derecho a un ambiente sano en América Latina y el Caribe.
Y lo hicimos de la mano de organizaciones sociales y comunitarias de todo el continente.
Los logros de 2024 son reflejo de uno de nuestros pilares como organización regional: el ser puente entre comunidades afectadas por degradación ambiental y espacios de decisión de alto nivel donde pueden obtener justicia.
Agradecemos mucho su confianza y apoyo, que han impulsado todo este trabajo.
Con su ayuda, seguiremos promoviendo decisiones que incorporen las voces de quienes realmente cuidan la naturaleza y viven en equilibrio con ella.
AIDA en cifras
Alimentando la acción climática con los saberes de los territorios
Alrededor de 3.600 millones de personas a nivel mundial viven en contextos que las hacen altamente vulnerables a los impactos de la crisis climática.
Entre ellas están pueblos indígenas, comunidades tradicionales, mujeres y niñas.
Cuando supimos del pronunciamiento en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos aclarará por primera vez las obligaciones de los Estados del continente para proteger a las personas ante la crisis climática, entendimos la oportunidad histórica de incorporar en el proceso a quienes sufren impactos mayores y diferenciados.
“Los saberes de las comunidades, rurales y urbanas, ofrecen un camino certero para enfrentar la crisis climática y otros desafíos globales”, afirma Liliana Ávila, directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente. “Es tiempo de escuchar el llamado de los territorios a replantear las causas estructurales del actual desequilibrio natural y espiritual”.
AIDA ayudó a que comunidades, organizaciones y alianzas de la sociedad civil del continente sean escuchadas mediante 15 escritos presentados al tribunal, los cuales enfatizaron las afectaciones de la emergencia climática a pueblos indígenas, mujeres, niños y niñas, poblaciones con orientaciones e identidades de género diversas, y en ecosistemas frágiles como los arrecifes de coral.
Enviamos además un escrito propio a la corte para evidenciar la existencia del derecho al “clima estable y seguro” como parte del derecho universal a un ambiente sano y las obligaciones de los gobiernos para garantizarlo.
En un hecho histórico y emblemático, representantes de las comunidades, apoyados por AIDA, dieron su testimonio en audiencias públicas en las que evidenciaron cómo la crisis climática y la injusticia ambiental están afectando sus modos de vida y lo que proponen para que la corte contribuya a precautelar sus derechos.
Llevaron sabiduría, dignidad y esperanza.
El pronunciamiento de la corte—denominado Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos— está previsto para el primer semestre del próximo año. Una vez emitido, ayudará a que los Estados incorporen el enfoque de derechos humanos a sus políticas climáticas y fortalecerá los argumentos en litigios que buscan acciones efectivas de gobiernos y empresas, así como las decisiones de jueces y juezas en esos casos.
“Nuestro rol en este proceso reafirma que la lucha contra la crisis climática será con y para los pueblos o no será”, dice Ávila. “Es parte de nuestra búsqueda constante para cambiar las lógicas tradicionalmente excluyentes de los espacios de decisión, promover el intercambio de conocimientos diversos y contribuir a que las decisiones sobre la naturaleza incluyan la voz de quienes realmente la cuidan y viven en armonía con ella”.
Haciendo historia en favor del ambiente sano en el continente
“Es la sentencia más contundente y exhaustiva de un tribunal regional de derechos humanos hasta la fecha. No solo brinda la tan esperada justicia ambiental a las personas de La Oroya, sino que también establece un precedente vital que será utilizado por ciudadanos, comunidades, tribunales y personas defensoras de los derechos humanos ambientales en el mundo”.
Con esas palabras, el pasado 22 de marzo, el entonces Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, David Boyd, se refirió al fallo en el que la Corte Interamericana responsabilizó al Estado peruano por violar los derechos de residentes de la ciudad de La Oroya al no haber actuado oportuna y efectivamente para protegerles de niveles extremos de contaminación provenientes de un complejo metalúrgico.
El tribunal internacional hizo pública en esa fecha su respuesta a más de 20 años de búsqueda de justicia, en la que además ordenó al Estado la adopción de medidas de reparación integral.
El fallo es, en muchos sentidos, resultado de la historia de AIDA como organización. El caso, en el que nos involucramos y que hemos apoyado desde 1997, fue el primero en el que volcamos nuestros esfuerzos por garantizar el derecho a un ambiente sano en América Latina.
“La sentencia contribuye a garantizar la calidad ambiental del agua y del aire en todo el continente”, dice Rosa Peña, abogada sénior. “Al establecer por primera vez que la contaminación industrial puede vulnerar los derechos humanos, abre una vía a la justicia para numerosas comunidades afectadas por esta problemática”.
Esta victoria comenzó en 2006 con una denuncia internacional que AIDA, junto con una coalición de organizaciones, presentó contra el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tras establecer la responsabilidad del Estado remitió el caso a la Corte Interamericana en 2021.
Con su decisión, la corte estableció un precedente fundamental para la fiscalización de las actividades empresariales por parte de los Estados en materia de derechos humanos y ambiente.
Entre otras cosas, el tribunal estableció que para demostrar una violación de derechos humanos basta con probar que la exposición a la contaminación creó un riesgo significativo para la salud; determinó que el derecho a un ambiente sano incluye los derechos al aire y al agua limpios; condenó por primera vez a un Estado por no garantizar la participación pública efectiva en la toma de decisiones ambientales que afectan a las personas en general; y reconoció las afectaciones diferenciadas de la contaminación ambiental en individuos, grupos y comunidades que ya soportan el peso de la pobreza, la discriminación y la marginación.
Conscientes de la importancia de este logro, nuestros esfuerzos actuales están encaminados a garantizar la adecuada implementación del fallo.
“Es una gran oportunidad para que Perú mejore la prevención y gestión de los impactos ambientales de las actividades minero-metalúrgicas, así como la atención en salud de las personas expuestas a la contaminación”, señala Peña. “La corte marcó el camino, ahora es tarea del Estado en su conjunto seguirlo y servir de ejemplo a nivel nacional e internacional”.
Priorizando los derechos humanos en el financiamiento climático
Afrontar la crisis climática implica cambios estructurales que requieren recursos financieros sustanciales. Para ser efectivo y responsable, este financiamiento no debe resultar en daños ambientales o a las personas que busca beneficiar.
Conscientes de ello, AIDA hace seguimiento al dinero destinado a superar la crisis climática en América Latina y el Caribe.
“Lo que hacemos es tender puentes entre los espacios de alto nivel donde se aprueba el financiamiento y los territorios donde se busca ejecutar los proyectos financiados”, dice Florencia Ortúzar, directora del Programa de Clima. “Así contribuimos a que los recursos alcancen el máximo potencial hacia el cambio de paradigma que necesitamos”.
Nuestra labor logró recientemente proteger a comunidades indígenas y afrodescendientes en Nicaragua, cuyos derechos estaban en riesgo por un proyecto forestal para el cual el Fondo Verde del Clima —principal entidad multilateral de financiamiento climático a nivel mundial— había comprometido 64 millones de dólares en 2020.
La propuesta con la que el Banco Centroamericano de Integración Económica solicitó los fondos ignoró el contexto de violencia y desprotección de derechos humanos que aún hoy sufren las comunidades indígenas en Nicaragua, particularmente en la zona del proyecto. Su implementación habría causado más violencia y degradación ambiental.
Además, el proyecto fue diseñado sin divulgación adecuada de información, consulta indígena,
ni consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.
En 2021, junto con organizaciones aliadas, apoyamos a las comunidades en la presentación de una queja al Mecanismo Independiente de Reparación del Fondo Verde, instancia que inició una investigación y, en marzo de 2022, publicó un informe en el que estableció que el proyecto incumplía las políticas y procesos de la entidad en materia de salvaguardas socioambientales.
Un año después, la Secretaría del fondo decidió dar por terminado el financiamiento para el proyecto. La decisión, basada en el informe de la investigación, estuvo precedida por un cuidadoso trabajo de incidencia que facilitó el contacto directo entre las comunidades afectadas y la Secretaría. Es la primera vez que el fondo cancela un financiamiento al comprobarse vulneraciones a derechos humanos.
“Al conectar a entidades como el Fondo Verde del Clima con la realidad de los territorios, no solo promovemos decisiones que tienen en cuenta las voces de las comunidades, sino que repercutimos, más allá de casos particulares, en un financiamiento responsable para toda la región”, afirma Ortúzar.
Avances para los ecosistemas clave de América Latina
Alto tribunal protege un complejo de humedales en Colombia
Alto tribunal protege un complejo de humedales en Colombia
Como respuesta a dos acciones legales respaldadas por AIDA y tras constatar la afectación directa al territorio, la Corte Constitucional de Colombia determinó la violación del derecho a la consulta previa de una comunidad afrodescendiente en Puerto Wilches en la autorización de dos proyectos piloto para extraer hidrocarburos no convencionales mediante fracking. El fallo protegió así una región megadiversa que alberga un complejo de humedales. Es un hito regional que reconoce que los procesos referentes a la transición energética deben ser justos y garantizar los derechos de las comunidades que puedan verse afectadas.
CIDH escucha de los impactos de la minería para la transición en territorios biodiversos
CIDH escucha de los impactos de la minería para la transición en territorios biodiversos
En audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), evidenciamos —junto con comunidades y organizaciones aliadas— las afectaciones a comunidades y ecosistemas que la extracción de litio, cobre y otros minerales empleados para la transición energética está causando en territorios altamente biodiversos como el Gran Atacama —región ubicada en la Puna transfronteriza de Argentina, Bolivia y Chile— y la Amazonía. En ese contexto, solicitamos que la CIDH exhorte a los gobiernos del continente a la adopción de acciones concretas para proteger los derechos humanos en los procesos de transición energética.
Sociedad civil encamina los esfuerzos para la ratificación del Tratado de Alta Mar
Sociedad civil encamina los esfuerzos para la ratificación del Tratado de Alta Mar
Este año, el equipo de AIDA se unió a representantes de gobiernos de América Latina y personas expertas en una serie de reuniones informativas para esclarecer dudas sobre el Tratado de Alta Mar y resaltar la importancia de su ratificación, además transferir conocimientos y experiencias entre países. Se abordaron temas como el mecanismo de reparto equitativo de beneficios, el fortalecimiento de capacidades y el papel de la sociedad civil en la implementación del tratado, con énfasis en las realidades de cada nación. Con este antecedente, en octubre, Panamá ratificó el acuerdo.
Nuestro Equipo
Este año, nuestro equipo continuó fortaleciéndose, desarrollando
un trabajo sólido y multidisciplinario en favor del ambiente sano en
América Latina y el Caribe. En su gran mayoría, quienes integran AIDA,
profesionales de diversas áreas especializados/as en la defensa del
ambiente y los derechos humanos, nacieron y viven en el continente.
Finanzas
