Este texto, que busca contribuir al debate sobre el fracking en Colombia, es labor de un grupo de personas expertas en diferentes materias relacionadas con el tema: ingenierías de petróleos, química y civil; geología, economía, derecho y movimientos sociales. Este grupo propone temas útiles e ilustrativos para estimular las discusiones públicas. Para ello, se trabajan cuatro aspectos, en los capítulos correspondientes:
- Un contexto sobre el papel del fracking en un escenario de cambio climático, la definición de la técnica y sus antecedentes en el mundo y en Colombia.
- La descripción del principio de precaución y de algunos derechos que podrían estar en riesgo con la aprobación del fracking en Colombia. En este mismo capítulo, se exponen algunos daños graves originados en la técnica, sobre el ambiente y, muy especialmente, sobre el derecho al agua. También se discute cómo la aprobación del fracking podría profundizar conflictos socioambientales y, en consecuencia, ir en contravía de la construcción de paz en el país.
- El tercer capítulo analiza el comportamiento económico de los hidrocarburos y las políticas que, orientadas a ofrecer múltiples beneficios a empresas privadas, han intentado estimularlo. Expone además la manera en que, apostar por la explotación de hidrocarburos no convencionales, podría tener afectaciones en la economía colombiana, dada la inestabilidad en los precios internacionales del petróleo y la enfermedad holandesa, que impactaría sectores productivos como la agricultura y la industria. El sector hidrocarburos cuenta con numerosos beneficios tributarios y genera, en comparación con otros sectores económicos como la agricultura o la industria, muchos menos empleos.
- En la última parte, se concluye que, para proteger las verdaderas vocaciones naturales, culturales y económicas del país, basadas en su gran diversidad y en concordancia con los compromisos jurídicos y políticos constitucionales e internacionales de ambiente y derechos humanos, Colombia necesita prohíbir el fracking. En cambio, propone trazar cuanto antes un camino hacia la transición a energías limpias y justas y así aprovechar su gran potencial en esta materia. Esta transición energética debe darse en el marco de estándares ambientales y sociales que minimicen los impactos en los ecosistemas, las comunidades, las personas defensoras de derechos humanos y las personas trabajadoras con el fin de generar energía y, simultáneamente, beneficios en términos ambientales, de salud pública y de generación de empleo.
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