El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) destaca por su potencial como pieza clave para impulsar la transición energética en la región. La institución ha expresado un firme compromiso de convertirse en el banco verde del continente, aspirando a liderar el financiamiento de proyectos que promuevan un desarrollo sostenible y resiliente, alineado con las metas climáticas globales. Dada su capacidad para movilizar recursos y su influencia en los mercados regionales, CAF tiene el potencial de desempeñar un rol estratégico en la transformación hacia economías bajas en carbono.

Este rol adquiere una urgencia particular en el contexto energético de 2026. La guerra en Oriente Medio, iniciada el 28 de febrero, y la fuerte disrupción del tránsito por el estrecho de Ormuz expusieron nuevamente la vulnerabilidad de los mercados energéticos frente a shocks geopolíticos y de suministro. En ese contexto, las decisiones de las instituciones multilaterales de desarrollo pueden contribuir a diversificar la matriz energética regional o profundizar la dependencia de nueva infraestructura fósil.

Sin embargo, el posicionamiento verde de CAF convive con tensiones relevantes en su práctica institucional. Su lista de exclusión no incluye restricciones para el carbón, el petróleo o el gas por motivos climáticos, a diferencia de otras instituciones financieras de desarrollo que sí lo han hecho. En el caso del gas, CAF va más allá de simplemente no excluirlo, al promoverlo activamente dentro de su agenda de transición energética, clasificándolo como "recurso renovable" y continuando con el financiamiento de infraestructura gasífera. Dicha clasificación ha sido ampliamente cuestionada por la evidencia científica, que muestra que las emisiones de metano, principal componente del gas, a lo largo de la cadena tienen un potencial de calentamiento global significativamente superior al del dióxido de carbono en horizontes de corto plazo, por lo que debe incorporarse a cualquier evaluación de compatibilidad con las trayectorias climáticas. Esa evaluación debe considerar también los riesgos de lock-in.

A estas tensiones se suma una dimensión institucional. La limitada disponibilidad de información sistematizada sobre las operaciones de CAF, particularmente en el sector privado, dificulta evaluar de manera integral los impactos sociales, ambientales y climáticos de los proyectos financiados. En comparación con otras instituciones financieras de desarrollo (IFD), persisten brechas en materia de transparencia y rendición de cuentas, lo que afecta su posicionamiento como banca de desarrollo alineada con la sostenibilidad.

En este contexto, el presente informe tiene por objetivo analizar la coherencia entre la narrativa institucional de CAF como banco verde y sus decisiones de financiamiento en el sector energético. Para ello, se examinan sus inversiones en gas fósil, los impactos asociados y el marco internacional aplicable en materia de cambio climático y financiamiento sostenible. A partir de este análisis, se identifican brechas y se proponen elementos que permitan fortalecer su rol en una transición energética justa, coherente con los compromisos climáticos internacionales.

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