Por Pedro Pablo Cortés, Reporte Indigo
Texto publicado originalmente en Reporte Indigo.
La principal fuente de ingresos de cerca de 33 mil habitantes de una ciudad peruana también se ha convertido en su mayor condena.
La contaminación de una planta metalúrgica de la empresa estadounidense Doe Run ha provocado que casi todos los niños de La Oroya presenten en la sangre altos niveles de plomo, zinc y otros metales peligrosos.
María José Veramendi, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), denuncia en entrevista con Reporte Indigo que el Gobierno de Perú no ha actuado para frenar la polución del complejo.
Veramendi expone que el Gobierno peruano estableció en 1997 que Doe Run debía seguir los lineamientos del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que obligaban a la compañía a controlar sus emisiones de contaminantes.
"El problema", señala, "es que ninguno de los dos, ni el Estado ni la compañía, han cumplido con esas obligaciones y eso ha producido que el complejo metalúrgico opere de una manera no adecuada y cause serios problemas de salud en los habitantes".
"En los momentos más críticos de operaciones del complejo, los niveles de plomo y de otros metales en la sangre, en los organismos de los habitantes de La Oroya, eran altísimos".
Estudios independientes recogidos por AIDA revelan que el 99 por ciento de los menores de 5 años y el 98 por ciento de los niños de entre 7 y 12 años presentan altos niveles de plomo en la sangre, aunque la OMS informa que cualquier nivel es peligroso para el ser humano.
El Instituto Blacksmith, con sede en Nueva York, califica a La Oroya como la quinta ciudad más contaminada del mundo y la segunda en Latinoamérica.
Veramendi asevera que la inacción de las autoridades constituye una violación a las garantías de los pobladores, por lo que, junto con otras organizaciones, AIDA ha llevado el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Con todos estos años de permitir que la empresa pida prórrogas para cumplir con sus obligaciones ambientales y un poco permitir esta operación incontrolada del complejo metalúrgico ha ocasionado que el Estado peruano viole los derechos humanos de las personas que viven en La Oroya", apunta.
"Del grupo que representamos, hay personas que han fallecido por diversas dolencias que uno podría relacionar con las afectaciones que causa el plomo y otros metales".
La solución de cerrar la planta no es tan viable, pues 70 por ciento de sus empleados son habitantes de La Oroya.
Por ello, AIDA demanda que el Gobierno peruano controle de inmediato las emisiones, pues ni siquiera ha invertido en la Estrategia de Metales Pesados, que busca controlarlas.
"Que proteja la salud de los habitantes, que controle las emisiones y operaciones del complejo, que haga cumplir la Ley", pide Veramendi.
