El fracking se está expandiendo con rapidez en América Latina. Si dejamos que se desarrolle a ciegas, podría causar daños irreparables no solo al ambiente, sino también a la salud de las personas.
Para Claudia Velarde, abogada ambientalista boliviana, la Madre Tierra y las personas no deben ser entendidas como seres diferentes o aislados.
“Las actividades que afecten la conservación de la naturaleza, necesariamente van a tener una repercusión en nuestra vida”.
Esa firme creencia la llevó a unirse al equipo de abogados de AIDA a comienzos de este año, y a ser parte de los esfuerzos para proteger el ambiente de actividades extractivas tan dañinas como el fracking y la minería a gran escala.
Desde el Programa de Agua Dulce, Claudia ayuda a coordinar el trabajo de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, una coalición de organizaciones que promueve el debate público, la concientización y la educación entre grupos de la sociedad civil, y que apoya esfuerzos de resistencia de comunidades en toda la región frente al avance del fracking.
La extracción de gas y petróleo mediante la fracturación hidráulica o fracking podría tener “un efecto nefasto” en la calidad y la disponibilidad de agua potable.
Así lo concluyó el estudio más completo realizado hasta la fecha en Estados Unidos por la Agencia de Protección Ambiental del país pionero en el uso de esa técnica.
Según el estudio, los impactos se deben a que en los pozos de fracking se utilizan grandes cantidades de agua, la cual es inyectada en el subsuelo junto con altas concentraciones de químicos para fracturar rocas que llevan hidrocarburos dentro. Esos fluidos pueden contaminar yacimientos subterráneos de agua.
Además, las estructuras de salida de los pozos no son lo suficientemente sólidas como para evitar la contaminación.
Al dañar fuentes de agua, el fracking también afecta la vida de personas, animales, plantas y ecosistemas enteros que dependen de ese recurso.
Cerca de la Laguna de Llancanelo, una de las más importantes del norte argentino, se busca desarrollar actividades de fracking.
“La dependencia a los combustibles fósiles nos está llevando a una crisis ambiental y climática sin precedentes”, afirma Claudia. “El fracking tiene graves impactos por lo que es importante que la población tenga la información real y completa sobre las políticas y los procedimientos relacionados con esta técnica”.
Uno de esos procedimientos es la evaluación adecuada de los posibles daños ambientales y la identificación de medidas para mitigarlos, paso previo a la autorización de cualquier operación de fractura hidráulica.
Sin embargo, gobiernos en la región no están haciendo respetar ese requisito.
En Mendoza, una de las principales ciudades de Argentina, la autoridad ambiental dio el permiso para que la empresa Petrolera El Trebol S.A. explore y explote cuatro pozos petroleros del modo convencional, es decir, sin usar fracking. El procedimiento para otorgar el permiso sí incluyó una Evaluación de Impacto Ambiental.
Sin embargo, meses después, la empresa decidió cambiar su forma de trabajo por la técnica de fracturación hidráulica. Y mediante un proceso abreviado, el gobierno autorizó el cambio sin exigir un nuevo estudio de los posibles daños ambientales de la actividad, a ser desarrollada cerca de la Laguna de Llancanelo, humedal de importancia internacional.
Ante ello, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, recurrió a la justicia y presentó un amparo para invalidar las autorizaciones emitidas por el gobierno.
Entre sus argumentos está que además de vulnerar la obligación de presentar y requerir una Evaluación de Impacto Ambiental, el gobierno tampoco respetó el derecho a la consulta previa e informada de las comunidades que podrían verse afectadas por la operación de fracking en Mendoza.
“Acudimos a la justicia para que le pongan un freno a este atropello y la sociedad tenga la oportunidad de discutir, con información, si quiere o no este tipo de actividades que dañan el ambiente irremediablemente”, dice Santiago Cané, Asistente de Participación de FARN. “En caso de aceptar el fracking, éste deberá hacerse teniendo los cuidados necesarios, regulación específica y las medidas suficientes para evitar daños o mitigarlos”.
AIDA apoyará el trabajo legal de FARN con argumentos de derecho internacional. El más importante se basa en el principio de precaución, que debe ser aplicado ante la existencia de peligro o riesgo de daños graves al ambiente y la salud humana, y la incertidumbre sobre los mismos.
“Dado que no existe un estudio con la información técnica suficiente sobre los posibles daños del fracking, debe aplicarse este principio para la adopción de medidas que eviten la consolidación de dichos impactos en este y otros casos”, explica Claudia.
Pese a la evidencia científica sobre las consecuencias nefastas del fracking, el uso de la técnica se está expandiendo en América Latina.
Ante esa tendencia y junto con nuestros aliados, en AIDA seguiremos trabajando para encontrar, mediante el uso de la ley, soluciones locales que repercutan en toda la región.
Víctor Quintanilla Sangüeza es el coordinador de contenido de AIDA, trabajando desde la Ciudad de México. Es comunicador y periodista independiente boliviano. Tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. Víctor es Maestro y Doctor en Comunicación por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Ha trabajado en medios escritos y televisivos, así como en las áreas de comunicación institucional de entidades públicas y privadas. Victor es estudioso del periodismo, en particular de su vínculo con la tecnología. Actualmente, es Coinvestigador para Bolivia del estudio Worlds of Journalism, una encuesta internacional a periodistas aplicada simultáneamente en 110 países.
