En los primeros días de este mes, al escritorio de Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué y ex secretario de Salud de Bogotá, llegó un oficio de la Procuraduría General de la Nación. En siete páginas se le advertía que el proceso de consulta popular que él había iniciado y que busca preguntarles a los ciudadanos si están o no de acuerdo con la minería en su territorio, iba a tener, de ahora en adelante, un acompañamiento preventivo. La viceprocuradora Martha Isabel Castañeda le recordaba a Jaramillo que el Estado es el dueño del subsuelo y le hacía varias precisiones sobre esos procesos relacionados con proyectos mineros. El que él inició ahora iba a examinarse con mucho más detalle.
El documento fue emitido el 8 de febrero, el mismo día que se supo del fallo de la Corte Constitucional que frenaba la minería en páramos y reiteraba que a la hora de planear un proyecto para la extracción de recursos, debía haber concertación entre los municipios y el Gobierno. En últimas, explicaba que no puede ser una decisión unilateral.
Desde ese día, sin embargo, Jaramillo y el Concejo de Ibagué están en medio de una puja en la que en estos días entraron a participar funcionarios del Gobierno. ¿La razón? El próximo lunes 29 de febrero, desde las 8 a.m., los 19 concejales de la capital del Tolima decidirán si aceptan o no que se lleve a cabo la consulta popular. Para que prospere, se necesitarán mínimo diez votos a favor.
Sin embargo, para algunos concejales, alcanzar ese número parece una tarea titánica después de lo que sucedió esta semana. La visita que hicieron, entre otros, María Isabel Ulloa, viceministra de Minas; Ernesto Cardoso, procurador ambiental del Tolima; Antonio Barrera Carbonell, expresidente de la Corte Constitucional, y altos funcionarios de la Andi, puede haber modificado las intenciones de voto. “Nos sentimos intimidados y decir que no es algo mentiroso”, cuenta Camilo Delgado, presidente del Concejo de Ibagué. A sus ojos, además, los pronunciamientos de la Procuraduría han alertado a varios, que ahora temen una destitución o la apertura de una investigación.
A lo que se refiere Delgado es a las palabras que pronunció en el Concejo el procurador ambiental del departamento, replicadas por La Silla Vacía: “por hechos similares al que aquí nos ocupa, el órgano de control ha iniciado investigación de carácter disciplinario”.
La intención de Ibagué ha alertado al Gobierno porque, como explica Carlos Lozano Acosta, asesor de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), es la primera vez que una capital tomaría una decisión de ese calibre, lo que sentaría un precedente para todo el país. “Pero resulta muy positivo que la gente use estos mecanismos de participación, que son legales y legítimos”, dice.
En términos concretos, lo que busca el alcalde Jaramillo es que el Concejo le dé el visto bueno a una consulta que posiblemente se realizaría en junio de este año. Entonces, los ibaguereños tendrían que responder sí o no a la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o afectación de la vocación agrícola y turística del municipio, con motivo de proyectos mineros?”.
Aunque no lo puntualiza, el interrogante hace referencia al proyecto La Colosa, que se llevará a cabo en el municipio de Cajamarca, a un poco más de 34 kilómetros de Ibagué. Según Jaramillo y varios grupos ambientales, ese proyecto, del que la empresa Anglo Gold Ashanti espera extraer unos 29 millones de onzas de oro a partir de 2020, afectaría la cuenca del río Coello, que alimentará un acueducto complementario de la ciudad.
“Además, estaría en juego nuestra vocación agropecuaria y turística. No tenemos vocación minera y queremos cuidar nuestras fuentes hídricas. No queremos que suceda lo que ha pasado con el carbón en La Guajira”, advierte Jaramillo.
Y aunque Anglo Gold Ashanti le dijo a este diario que no se pronunciaría sobre la consulta popular, en varias ocasiones ha reiterado que su proyecto no tendrá ninguna influencia técnica en la capital tolimense ni en ningún otro municipio distinto a Cajamarca. De hecho, aseguran que han ido devolviendo los títulos mineros que tenían en Ibagué y hoy tienen cuatro que, dicen, no están relacionados con La Colosa ni sobre terrenos de acueducto.
Pero, en palabras de Jaramillo, hay un plan sobre la mesa para hacer llegar al sector recreativo de Totumo unas bandas transportadoras desde Cajamarca y para crear unos espacios para lavar el oro extraído. Incluso, para Humberto Quintero, concejal de Cambio Radical y quien votará negativamente el lunes porque considera que la pegunta de la consulta es ambigua y abstracta y porque cree que extralimitaría sus funciones, aún no hay claridad sobre si la compañía tendrá área de influencia en la ciudad.
A los ojos de Acosta, todas estas presiones son el reflejo del gran efecto que podría tener la minería en Tolima en un futuro. “¿Es posible que estemos frente a un posible escenario de distrito minero?”, se pregunta. Para él, el hecho de que Anglo Gold hubiese decidido demandar en 2013 el acuerdo al que llegó Piedras, municipio que también le dijo que no a La Colosa por medio de una consulta popular, sugiere que sí hay intereses de por medio.
“Al realizar la consulta popular, el Concejo de Piedras aprobó un acuerdo que consideramos ilegal e inconstitucional, como es la prohibición de minería por parte de una autoridad local. Por esta razón, presentamos una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado. Esa corporación consideró que quien debía resolverlo era el juez administrativo de Ibagué y le ordenó darle trámite a la demanda. Eso fue en 2013. Pero hoy el proyecto La Colosa no tiene ninguna incidencia ni interés técnico en Piedras ni en Ibagué”, responde la compañía.
Pero el tema de fondo de este álgido debate es el mismo que la Corte aclaró hace dos semanas pero que sigue generando pujas y presiones: ¿pueden los municipios decidir si quieren o no minería en sus territorios? Para César Rodríguez Garavito, experto en temas ambientales y director de Dejusticia, el asunto es más que claro. “Debe haber una concertación de estos territorios con el Gobierno. Cómo se debe hacer, es un tema que la Corte deja abierto, pero lo que sí aclara es que se pueden usar mecanismos de participación ciudadana. Debe haber un acuerdo para definir cuál es el lugar que le corresponder a la consulta popular, que es una especie de instrucción de la ciudadanía al mandatario local para que con esa manifestación vaya a esa concertación”.
Para Rodríguez, que ha seguido de cerca este proceso, las advertencias de la Procuraduría no tienen fundamento en los fallos de la Corte ni en la Constitución misma. “Están haciendo un uso inapropiado de una herramienta de control preventivo”, argumenta.
“Es –reitera Jaramillo– un matoneo de varias entidades que yo jamás había visto y que va desde destitución hasta pérdida de investidura. Definitivamente, lo que es claro es que Bogotá no está acostumbrada a que los pueblos decidan. Este país es cada vez más centralista, pero nosotros tenemos derecho a decidir”.
