Como parte del Consejo de Ministros de la Comisión para la Cooperación Ambiental, organización internacional creada en el marco del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, México y Canadá votaron en contra de que se investigue la posible falta de aplicación efectiva de la legislación ambiental mexicana en la autorización de impacto ambiental de tres mega resorts en el Golfo de California.
México, Distrito Federal. El Gobierno mexicano otorgó entre 2008 y 2010 permisos ambientales a tres mega resorts en el Golfo de California —una zona vital para ecosistemas vulnerables, especies en peligro y comunidades locales—, pese a que los proyectos violaban la legislación ambiental vigente. Sin embargo, el país logró evitar, con apoyo de Canadá, que el hecho sea investigado por la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA), organización internacional que promueve la colaboración ambiental entre los socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (México, Canadá y Estados Unidos).
El Consejo de Ministros de la Comisión, integrado por los funcionarios de medio ambiente de más alto rango de los tres países, rechazó ayer la elaboración expediente de hechos (investigación detallada) sobre el caso gracias a los votos mayoritarios de México y Canadá. Estados Unidos votó a favor. El voto de México estuvo a cargo del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud.
“Es una decisión extremadamente desafortunada; la realización de un expediente de hechos no implica recomendaciones o un castigo para México, sino la oportunidad de que el país mejore su herramienta de evaluación de impacto ambiental. Aún así, el país votó en contra y evitó transparentar sus decisiones en materia ambiental”, dijo Sandra Moguel, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA.
AIDA y Earthjustice, representando a 11 organizaciones locales e internacionales, presentaron ante la CCA una petición ciudadana denunciando que los permisos otorgados a los mega resorts en el Golfo de California violaban las normas de México sobre evaluación de impacto ambiental, protección de especies en peligro y conservación de ecosistemas costeros. Tras encontrar bases suficientes en la petición, el 14 de septiembre de 2014, el Secretariado de la CCA recomendó la investigación que el Consejo rechazó ayer.
Entre 2014 y lo que va de 2015, ambos países han votado de manera sistemática y reiterada (aprobando solo dos de seis) en contra de la realización de expedientes de hechos en los siguientes casos:
“México y Canadá se unieron nuevamente para coartar un espacio de participación pública de la sociedad. ¿A que le temen los gobiernos de Canadá y México? Al votar en contra, ambos países hacen que la investigación de acciones contrarias al ambiente sea inviable y que el mecanismo de petición ciudadana de la CCA pierda credibilidad, razón de ser y pareciera ser una simulación: aunque el Secretariado recomiende un expediente de hechos, la decisión recae en los Estados, quienes no están dispuestos a someterse a ese escrutinio”, lamentó Moguel.
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