Solicitaron formalmente a la Autoridad Nacional del Ambiente anular una resolución que permite que grandes proyectos como represas hidroeléctricas usen hasta el 90% del agua de ríos, lagos y otros ecosistemas.
Ciudad de Panamá, Panamá. Organizaciones de la sociedad civil presentaron una petición ciudadana a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) para que ésta anule la resolución que permite que hasta el 90% del agua de ríos, lagos y otras fuentes naturales de ese recurso vital sea empleada en grandes proyectos como represas hidroeléctricas.
La solicitud fue acompañada por una propuesta para regular el caudal ambiental en el país de manera sostenible y protegiendo los derechos humanos. Dicho caudal es el flujo de agua que un río u otro cauce debe tener para mantener sus valores ecológicos —refugio de flora y fauna, preservación del paisaje y disolución de contaminantes, entre otros— y sus valores sociales o su uso por parte de las comunidades. La resolución de la ANAM limita ese flujo a tan solo el 10% para todos los cuerpos de agua y permite que el porcentaje restante quede libre para ser utilizado por grandes proyectos de infraestructura como centrales hidroeléctricas.
La petición y la propuesta de regulación fueron elaboradas por el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), la Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá (FUNDICCEP) y Amigos del Parque Internacional La Amistad (AMIPILA), en colaboración con abogados y científicos de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW por sus siglas en inglés).
"La regulación vigente afecta a todos en el país, especialmente a las comunidades de las provincias de Chiriquí y Veraguas, donde un gran número de proyectos hidroeléctricos amenaza gravemente la disponibilidad de agua en sus ríos", dijo Luisa Arauz, abogada de CIAM. "Nuestra petición explica cómo la actual resolución viola regulaciones nacionales e internacionales al ignorar las necesidades de las comunidades y de los ecosistemas".
En la petición, las organizaciones explican la importancia de considerar las características específicas de cada ecosistema en términos de su ecología y capacidad para permitir los usos que comunidades enteras hacen de ellos. Instan además al gobierno a establecer una regulación para el caudal ambiental que considere el valor ambiental, humano y cultural de los ríos y otras fuentes de agua.
El gobierno de Panamá tiene obligaciones internacionales de proteger los recursos hídricos y de garantizar los derechos humanos de las personas que dependen de ellos. "Nosotros presentamos una carta a la ANAM resaltando las obligaciones internacionales y los casos de estudio más relevantes que fundamentan la petición y la propuesta de regulación", señaló Haydée Rodríguez, abogada de AIDA.
Por su parte, Pedro León, abogado de ELAW, explicó: "La propuesta permitirá que la ANAM otorgue derechos de uso y concesiones de agua con base en la verdadera capacidad de recarga de las fuentes hídricas, haciendo posible la protección efectiva del derecho humano al agua y a un ambiente sano".
Los peticionarios solicitaron a la ANAM fortalecer la participación en la gestión del agua convocando a una consulta pública para discutir la propuesta. La misma propone una clasificación de los recursos hídricos existentes con base en su grado de uso, las características biológicas de los ríos y las necesidades humanas que éstos cubren. La propuesta recomienda además la aplicación de métodos holísticos para determinar el caudal ambiental en ecosistemas de agua dulce para garantizar su uso adecuado y sostenible.
