Comunidades de la microrregión de Ixquisis, Guatemala, denunciaron públicamente represión e intimidaciones debido a sus manifestaciones pacíficas en rechazo a la presencia en su territorio de fuerzas de la Policía Nacional Civil y del Ejército Nacional.
Actualmente, existe un gran temor por un uso indebido del derecho penal contra las personas que han expresado su oposición al desarrollo de los proyectos hidroeléctricos Pojom I, Pojom II y San Andrés en Ixquisis, municipio de San Mateo Ixatán.
AIDA, junto a varias organizaciones, ha denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un grave escenario de criminalización de personas defensoras de derechos humanos que se oponen a proyectos hidroeléctricos en Guatemala.
Por todo lo anterior, AIDA, como organización que trabaja en la defensa y protección de los derechos humanos y del ambiente en América Latina, expresa lo siguiente:
Resulta sumamente preocupante la represión a la libertad de asociación y expresión, así como el riesgo al que se enfrentan los miembros de las comunidades en Ixquisis. Es también alarmante el incremento de hechos de violencia en su contra.
Rechazamos cualquier acto de violencia o intimidación física o verbal por parte de fuerzas de seguridad privadas y públicas contra personas que ejercen sus derechos individuales y colectivos.
Asimismo, condenamos cualquier campaña de desinformación, deslegitimación y estigmatización que pueda surgir de las manifestaciones pacíficas de las comunidades.
Los actos denunciados no solo vulneran las garantías de las personas, sino que afectan la estabilidad social y el modo de vida tradicional de las comunidades.
AIDA manifiesta su solidaridad, apoyo y respaldo a la Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis y a su lucha por defender su derecho al territorio y conseguir justicia ambiental.
Exhortamos a que el Estado de Guatemala garantice el disfrute de los derechos humanos de los miembros de las comunidades de Ixquisis, proteja a quienes los defienden, lleve a cabo acciones diligentes para investigar los recientes actos de violencia contra las comunidades, asegure el debido proceso para las personas que defienden sus derechos ante el avance de los mencionados proyectos hidroeléctricos, y evalúe las formas de actuación de la fuerza pública denunciadas por las comunidades.
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