Lamentamos la decisión del gobierno chileno de cancelar la realización de la vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, prevista para diciembre en Santiago. Al mismo tiempo, manifestamos nuestro apoyo al pueblo chileno ante la difícil situación que vive, la cual no garantiza la seguridad y por ende la participación que un evento de tal magnitud requiere.
Hacemos un llamado especial al Estado chileno para que el proceso de cambio que vive el país se desarrolle respetando los derechos humanos de todas las personas involucradas. El abuso de la fuerza pública es inaceptable, sobre todo en un proceso que busca reparar las heridas sociales que empañan nuestras sociedades. El gobierno chileno debe cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Exhortamos también al Estado y al sector privado a dar pasos firmes hacia la transformación de Chile en un país con mayor justicia social, ambiental y climática; y a ser ejemplo para América Latina, región donde la desigualdad e injusticia solo se intensifican con los años.
Bajo la crisis social en Chile, subyace una crisis ambiental gravísima que hace tiempo corroe la equidad y que es parte de la chispa que encendió el descontento social. Dos muestras de esa realidad inadmisible son las zonas de sacrificio, donde las termoeléctricas a carbón han condenado a familias a sufrir gran parte de la contaminación atmósferica del país, enfermando y viendo truncado su desarrollo; y la privatización del agua, que implica que Chile no reconozca el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano, ni que priorice su uso para consumo humano y para el mantenimiento de ecosistemas.
Problemas similares ocurren en otros países de la región.
Esperamos que Chile continúe en su rol de Presidente de la COP, empujando con más fuerza que nunca compromisos climáticos ambiciosos, que nos ayudarán a mantener el calentamiento del planeta bajo control, mientras cumplimos con los objetivos del Acuerdo de París.
Las experiencias del último mes evidencian claramente que, ante las crisis, los cambios deben venir desde la gente, protegiendo y favoreciendo a los segmentos más vulnerables —entre ellos los más pobres y los pueblos indígenas y comunidades rurales que pueden también contribuir a las soluciones— y que son los que más han sufrido las injusticias sociales y ambientales. Los esfuerzos de Chile y del mundo para combatir la crisis climática deben asegurar una transición energética justa, participativa y respetuosa de los derechos humanos.
Chile tiene hoy la oportunidad de hacer historia, incluyendo la protección ambiental y la justicia climática como pilares en la construcción de un futuro más limpio, más justo y en equidad. Llamamos a la comunidad internacional a sumarse a esta señal de apoyo a la sociedad chilena.
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