Por Maria Antonia Tigre, Florencia Ortúzar y Javier Dávalos*

Con la selva tropical más grande del mundo, las mayores reservas de agua dulce del planeta y la mayor cantidad de tierra cultivable para la producción de alimentos, la importancia de América Latina y el Caribe en la lucha contra el cambio climático es innegable.

Sin embargo, la región también es altamente vulnerable a los efectos de la crisis climática, pese a que sus emisiones de gases de efecto invernadero no son significativas. Como resultado, los derechos humanos y ambientales están siendo amenazados en un contexto donde las personas defensoras están en riesgo constante. Tristemente, la región ha sido reconocida como la más peligrosa para quienes defienden el ambiente y los derechos humanos.

El litigio climático estratégico ha crecido lentamente en el continente como una herramienta crucial para complementar el trabajo por la defensa del ambiente, el territorio y los derechos de pueblos y comunidades. Litigar en el Sur Global y en América Latina es diferente a litigar en el Norte Global, con desafíos particulares que deben ser abordados estratégicamente.

Los casos en algunos de los países más peligrosos para las personas defensoras ambientales podrían hacerlas más vulnerables a ataques y amenazas. La falta de recursos puede dejar sin protección a las y los demandantes que defienden valientemente la causa, no sólo frente a la violencia sino ante males más sutiles como el estrés emocional o la estigmatización.

Otro gran obstáculo es la grave corrupción que afecta a la región, la cual implica un poder excesivo para las empresas. La corrupción es un fenómeno extendido y muy arraigado, especialmente en industrias multimillonarias como la de los combustibles fósiles y la extractivista. Existe el riesgo de que las empresas o los gobiernos coopten a las y los académicos. Además, demostrar y combatir la corrupción es extremadamente difícil y peligroso.

Finalmente, uno de los obstáculos más severos para que el litigio climático sea eficaz en América Latina y el Caribe es la dificultad a la que se enfrentan las y los litigantes en la implementación de las decisiones favorables. La región presenta algunas estadísticas alentadoras, pero al mismo tiempo alarmantes, en torno al litigio climático. Aunque la gran mayoría de los casos resueltos al momento han tenido decisiones favorables, la aplicación de estas ha sido, hasta ahora, insatisfactoria. Queda mucho por hacer en este frente, incluida la identificación de las deficiencias administrativas de los Estados que influyen en la dificultad de hacer cumplir las decisiones; y considerar, desde la fase de planificación de los casos, qué soluciones se solicitan y cómo se exigirá su implementación.

A pesar de estos retos, el litigio climático ya está demostrando el poder que tiene para promover el cambio:

• En Perú, un grupo de jóvenes demandó al gobierno por no haber formulado y ejecutado una política y un plan nacional para frenar la deforestación en la Amazonía peruana (Álvarez et al. vs. Perú).
• En Colombia, comunidades indígenas Wayúu promovieron una acción para anular el permiso ambiental de una colosal mina de carbón (Cerrejón).
• En México, Greenpeace interpuso un amparo para detener la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire en el estado de México (Greenpeace vs. Secretaría de Medio Ambiente).
• En Argentina, la Organización de Ambientalistas Organizados exigió que el Ministerio de Medio Ambiente detuviera la aprobación de la exploración de combustibles fósiles en alta mar por sus impactos en las ballenas y en el clima (Organización de Ambientalistas Organizados vs. Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible).
• En Ecuador, un grupo de nueve niñas cuestiona al Estado ecuatoriano por autorizar a empresas petroleras a quemar gas en la Amazonía (Caso Mecheros).
• En Chile, la ONG Defensoría Ambiental demandó al gobierno y a todas las empresas que operan en una emblemática zona de sacrificio por el daño ambiental causado tras años de operaciones (Daño Ambiental en Ventanas).

Y estos son sólo algunos ejemplos.

En este contexto se creó la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), una ONG regional que utiliza el derecho para proteger el ambiente y los derechos humanos, lideró el esfuerzo en estrecha colaboración con organizaciones regionales y litigantes que han estado detrás de algunos de los casos en la región.

AIDA lanzó la plataforma en un seminario web, la grabación del evento está disponible aquí.

La plataforma ofrece, de forma amigable e intuitiva, información en español sobre los casos judiciales de la región que utilizan argumentos climáticos. Incluye una sección de recursos descargables que pueden ser útiles para quienes tienen previsto utilizar la ley para impulsar sus casos. El objetivo es promover más casos y mejores resultados. Por ello, la plataforma es una herramienta que permite entregar y compartir estrategias, experiencias y argumentos sobre litigio climático; ayudar a crear y fortalecer alianzas; así como facilitar el contacto entre personas que trabajan a favor del ambiente y el clima.

Esta iniciativa surge de la colaboración con diferentes organizaciones. Es una iniciativa transversal y participativa que se nutre del trabajo colectivo y que encaja con los esfuerzos de colaboración del Sabin Center. En diciembre de 2021, el Sabin Center lanzó la Red de Revisión por Pares de Litigio Climático Global para mejorar el campo de estudio y la práctica del litigio climático, así como para garantizar una representación geográfica amplia y equitativa en su Base de Datos de Litigio Climático Global. La red incluye relatores nacionales que ayudan a garantizar que la base de datos sea completa y esté actualizada. Además, el Sabin Center trabaja continuamente en alianza con iniciativas regionales que analizan específicamente el litigio climático en un contexto nacional o regional.

Como parte de este esfuerzo continuo, el Sabin Center se ha asociado con AIDA para compartir información y facilitar el intercambio entre quienes colaboran con los dos proyectos.

El lanzamiento de esta plataforma regional de litigio climático no sólo es una gran noticia para América Latina y el Caribe, sino también para toda la comunidad global activa que utiliza los tribunales en favor del planeta.

Visita la plataforma

*Maria Antonia Tigre es Global Climate Litigation Fellow en el Sabin Center for Climate Change Law, Florencia Ortúzar es abogada sénior de AIDA y Javier Dávalos es coordinador del Programa de Clima de AIDA.