Las prácticas empresariales motivadas por la obtención de ganancias degradan el ambiente y causan violaciones de derechos humanos. Los gobiernos pueden y a veces efectivamente ponen límites a prácticas dañinas, pero con frecuencias las leyes y regulaciones son débiles e inadecuadamente aplicadas.
Nosotros creamos protecciones sociales y ambientales más fuertes al abogar ante ministerios de gobierno, bancos de desarrollo y organismos multilaterales. Nuestras iniciativas orientadoras y que promueven la construcción de alianzas incrementan la presión pública para lograr cambios, fomentan la colaboración y mejoran la efectividad de comunidades y representantes de gobierno. En tribunales nacionales, presentamos argumentos basados en el derecho internacional para crear precedentes legales aplicables en los ámbitos nacional y regional.
