En una audiencia pública regional, comunidades indígenas y organizaciones de América Latina expusieron los impactos de la extracción de minerales “críticos” y reclamaron mayores garantías para la protección de los territorios y los derechos humanos.

En el marco del 197.º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado en Panamá, comunidades indígenas y organizaciones de América Latina participaron de la audiencia pública "Impactos de la extracción de minerales críticos para la transición energética", realizada el 27 de octubre. El encuentro fue convocado de oficio por la propia comisión para abordar las consecuencias ambientales, sociales y territoriales de la creciente demanda de minerales estratégicos, así como los desafíos que plantea para la protección de los derechos humanos en la región.

"La iniciativa de la CIDH de elaborar un informe sobre minería para la transición y derechos humanos reviste gran relevancia. Ante las intensas presiones geopolíticas y las regresiones ambientales, resulta urgente consolidar estándares interamericanos que protejan ecosistemas clave para el agua y garanticen los derechos humanos en el marco de la transición energética", señaló Liliana Ávila, directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

La audiencia puso en discusión una de las principales contradicciones de la transición energética: mientras se presenta como una respuesta urgente a la crisis climática, los proyectos extractivos que avanzan en su nombre reproducen y profundizan desigualdades históricas. Los beneficios económicos y tecnológicos se concentran en determinados sectores y regiones, mientras los impactos en el agua, los ecosistemas y las formas de vida recaen principalmente en las comunidades que habitan los territorios de extracción.

Desde la Alianza por los Humedales Andinos, AIDA, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Asamblea Pucará participamos de este espacio para visibilizar las preocupaciones de las comunidades frente al avance de la minería de litio en los humedales andinos y las dificultades para acceder a la información, participar en las decisiones y obtener protección judicial efectiva. En un contexto de creciente presión sobre estos ecosistemas, la audiencia abrió una oportunidad para cuestionar las desigualdades que atraviesan la transición energética y proponer estándares para enfrentar los vacíos de protección frente a la minería para la transición en la región del Gran Atacama. 

Las voces de las comunidades y organizaciones ante la CIDH 

Proteger los ecosistemas y reducir la presión extractiva

Yeny Rodríguez Junco, abogada sénior del Programa de Territorios de AIDA, planteó que la transición energética necesita discutir no solo cómo se extraen los minerales, sino también para qué se utilizan y qué niveles de consumo sostienen su demanda.

"Los actuales patrones de producción y consumo son insostenibles”, señaló durante su intervención, en la que propuso limitar la nueva minería a lo esencial, reducir la demanda de minerales y fortalecer la protección de ecosistemas sensibles, especialmente aquellos fundamentales para el agua.

Desde AIDA se solicitó avanzar hacia estándares regionales que hagan frente a las regresiones en materia ambiental y prioricen la protección de las fuentes de agua, los territorios indígenas y los ecosistemas estratégicos frente a la expansión de la frontera extractiva.

Acceso a la justicia y participación de las comunidades indígenas

Marcia Guitián, integrante de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano, compartió la experiencia de su comunidad en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, Argentina, donde la expansión de la minería de litio plantea crecientes preocupaciones sobre la disponibilidad de agua y el futuro del territorio.

Durante su intervención, denunció las barreras que enfrentan las comunidades para acceder a información técnica, participar de las evaluaciones ambientales y lograr que sus observaciones sean consideradas por la Justicia.

"Sin información accesible ni tiempo para prepararnos, la participación se vuelve una formalidad”, señaló Guitián, quien reclamó audiencias públicas judiciales, visitas de jueces y juezas a los territorios y una valoración rigurosa de los informes técnicos independientes.

También advirtió sobre las presiones denunciadas por la comunidad en el marco de evaluaciones mineras privadas, como IRMA, y la necesidad de que estos mecanismos no sustituyan las responsabilidades estatales. "Participar en una evaluación privada no significa otorgar nuestro consentimiento", afirmó.

Las disputas por los minerales y la protección de las inversiones

Pía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta y directora del Área de Política Ambiental de FARN, abordó las tensiones entre el sistema internacional de protección de inversiones y las obligaciones de los Estados en materia ambiental y de derechos humanos.

En un escenario de creciente disputa geopolítica por los minerales estratégicos, advirtió que los tratados de inversión y los mecanismos de arbitraje internacional pueden limitar la capacidad de los Estados para adoptar medidas de protección ambiental, especialmente cuando las empresas pueden reclamar indemnizaciones frente a nuevas regulaciones.

"Las obligaciones interamericanas exigen que los Estados preserven su espacio regulatorio y negocien instrumentos de inversión que sean coherentes con dichas obligaciones, además de reconocer expresamente el efecto disuasorio de las elevadas indemnizaciones. Mientras no se reformen o rescindan los tratados vigentes, esas mismas obligaciones interamericanas deben guiar su interpretación", sostuvo Marchegiani.

Desde FARN se planteó la necesidad de revisar los tratados de inversión existentes y garantizar que los regímenes destinados a atraer capitales no condicionen las políticas públicas ni debiliten las obligaciones de protección ambiental, consulta y participación de las comunidades.

Un compromiso para avanzar en la protección de los derechos humanos

La audiencia concluyó con el reconocimiento de las preocupaciones planteadas por las comunidades y organizaciones de la sociedad civil. Desde la CIDH se destacó la importancia de profundizar el análisis de estas problemáticas y se reafirmó el compromiso del organismo de dar continuidad a los aportes recibidos, ampliando su tratamiento en futuros informes y recomendaciones sobre minería, transición energética y derechos humanos.

La comisionada Gloria Monique de Mees, quien presidió la audiencia, agradeció las intervenciones de la sociedad civil y destacó que una transición justa no puede medirse únicamente por la reducción de emisiones, sino también por el lugar que ocupan las voces de las comunidades indígenas, afrodescendientes y las juventudes en las decisiones que afectan sus territorios y su futuro.

Desde la Alianza por los Humedales Andinos, regresamos a nuestros territorios para continuar el trabajo cotidiano junto a las comunidades, acompañando sus demandas, fortaleciendo la defensa de los humedales, salares y bofedales, y exigiendo el cumplimiento de sus derechos. Los espacios regionales e internacionales nos permiten amplificar sus voces, pero la protección del agua se sostiene día a día junto a quienes habitan y cuidan estos lugares que sostienen la vida.